La detención del fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, se ha convertido en un punto álgido del debate sobre la libertad de expresión en Internet. En una sorpresiva operación policial, las autoridades francesas detuvieron el sábado al millonario de 39 años cuando acababa de aterrizar en el aeropuerto privado de Le Bourget, a las afueras de París, por presuntamente no tomar acciones para impedir el uso con fines criminales de la popular aplicación de mensajería, que cuenta con casi 1.000 millones de usuarios en todo el mundo.
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El caso se volvió un lío internacional aún mayor, con Francia, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU) intercambiando mensajes y advertencias por el destino del empresario tecnológico. No es una postura antojadiza. Durov, apodado alguna vez el “Zuckerberg ruso”, tiene las nacionalidades de esos tres países. Nació en San Petersburgo, pero reside en Dubái desde el 2017.
La investigación judicial contra Durov fue abierta el mes pasado. La fiscalía de París lo relaciona con 12 supuestas infracciones penales, que incluyen complicidad para la venta de material de pedofilia y tráfico de drogas, fraude, complicidad en transacciones del crimen organizado y negativa a compartir información con investigadores cuando lo exige la ley.
Si bien el millonario fue detenido en función de una orden de detención preventiva, esta se prorrogó el lunes hasta la noche de este miércoles y una vez finalizado el plazo, las autoridades deben dejarlo libre o presentar cargos en su contra.
El presidente francés, Emmanuel Macron, se apresuró el lunes a negar que la detención de Durov fuese “política” y dijo que “tuvo lugar en el marco de una investigación judicial en curso”. En una publicación en la red social X, el mandatario apuntó que Francia “está profundamente comprometida” con la libertad de expresión, pero que “las libertades se basan en un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales”.
Los gobiernos occidentales han criticado a menudo a Telegram por la falta de moderación de sus contenidos, lo que, según los expertos, abre la plataforma a posibles usos de carácter ilegal.
Alexandra Morales, politóloga argentina especializada en comunicación política, señala que los países de Occidente quieren dejar claro que defienden la libertad, pero con restricciones para que las plataformas de Internet no sean utilizadas como un canal o como una herramienta empleadas a favor del crimen, que es de lo que se acusa a Telegram.
“La detención del fundador de Telegram se realizó porque la fiscalía francesa afirma que se utiliza este sistema para el narcotráfico, para la trata de niños y de otras personas, y para todo lo que es el crimen organizado. Entonces, dentro de su narrativa, los países occidentales se mantienen en sintonía con la defensa de la libertad de expresión, pero no cuando estas plataformas se utilizan para hacer el mal o para alentar o proteger el crimen”, dice a El Comercio.
La noticia de la detención del fundador de Telegram provocó duras críticas de los seguidores del servicio y de quienes se preocupan por la libertad de expresión y denuncian una censura gubernamental. Pese a que mantiene perfil bajo, el mismo Durov ha mantenido un discurso antiautoritario y en defensa de la libertad de expresión.
Tras su arresto, tanto Emiratos Árabes Unidos como Rusia dijeron que no pudieron tener acceso consular a Durov porque las autoridades consideran la francesa como su nacionalidad principal.
Rusia y la libertad de expresión
En medio del revuelo, el gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, ha tenido una postura particularmente firme a favor de Durov y la libertad de expresión. El Kremlin advirtió este martes a París que no intente “intimidar” a Durov y afirmó que los cargos presentados son muy graves y requieren pruebas igual de sólidas.
“De lo contrario, se trataría de un intento directo de restringir la libertad de comunicación (...) e incluso de intimidar directamente al jefe de una gran empresa”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Otros funcionarios rusos llegaron a decir que el arresto tenía motivaciones políticas y era un ejemplo del doble discurso de Occidente sobre la libertad de expresión.
Para Morales es claro que el caso de Durov les está dando insumos a Rusia y a Occidente para poder seguir sosteniendo la dialéctica y la narrativa que utiliza cada uno para su comunidad.
“En el caso de Rusia, que tiene ya un conflicto con Occidente por diferentes cuestiones, no solamente ideológicas y políticas, sino también por la guerra con Ucrania, tomar parte en este caso es su manera de decir ‘justamente aquellos que defienden la libertad son los que la restringen con esta detención, que es arbitraria, para poder hacerse de las herramientas que se utilizan’”, afirma.
Sin embargo, el enojo ruso resulta contradictorio pues es Moscú el que a menudo es acusado de incurrir en censura y afectar la libertad de expresión en todo sector que contradiga al gobierno. Incluso Telegram estuvo en la mira del Kremlin tras su fundación en el 2013.
“En este caso es en Oriente donde vemos quizás más ambigüedad y basta analizar cómo surge Telegram para probarlo. Esta plataforma nació cuando justamente se estaban dando protestas anti gubernamentales dentro de Rusia. Para dar protección y generar libertad de expresión sin graves consecuencias, se genera esta plataforma de mensajería que venía cifrada y con un código que protegía lo que sucedía ahí adentro”, recuerda Morales.
Telegram enfrentó presiones por parte del gobierno ruso tras las multitudinarias protestas prodemocráticas que sacudieron Moscú a finales del 2011 y en el 2012. Durov dijo afirmó que las autoridades exigió la eliminación de las comunidades de activistas opositores rusos que existían en la plataforma y que más tarde pidió que se entregaran los datos personales de los usuarios que participaron en el levantamiento popular del 2013 en Ucrania, que acabó con la renuncia de un presidente afín al Kremlin.
Durov ha dicho a la prensa que él rechazó esas presiones y abandonó Rusia en el 2014. Las autoridades rusas trataron sin éxito de bloquear Telegram en el 2018, una prohibición que retiraron en el 2020.
Escasa supervisión
Las tensiones entre Telegram y Occidente no son recientes. Con frecuenta la Unión Europea recuerda que la plataforma sigue evitando ajustarse al derecho de las plataformas en líneas ‘muy grandes’, aquellas que el bloque considera de especial regulación por su gran volumen de usuarios.
Una de las mayores críticas que Occidente hace a la plataforma es la escasa supervisión que ejerce sobre sus usuarios, lo que, señalan varias autoridades, ha ayudado a extremistas y criminales a comunicarse y organizarse, así como a difundir material peligroso o ilegal.
El diario “The New York Times” destaca que las reacciones a la detención de Durov ha puesto en evidencia el aumento de la preocupación por la libertad de expresión, la censura y la supervisión gubernamental de los contenidos en línea, “en un momento en que se ha intensificado el escrutinio regulador de la libertad de expresión en internet en todo el mundo”.
Morales explica que para abordar las críticas occidentales a Telegram tenemos que remontarnos a cuando los gobiernos de este lado del mundo empezaron a llevar adelante una política de mayor protección de datos, especialmente después del caso Cambridge Analytic, en donde se utilizaron las plataformas de Meta, en ese momento era Facebook, para terminar influyendo en las elecciones de Estados Unidos que finalmente ganó Trump.
“A partir de eso, tanto la comunidad europea como Estados Unidos y otros países han empezado a ser mucho más rigurosos en las normativas que controlaban estas plataformas, y Telegram ha sido una de las pocas que a pesar de las advertencias no ha cambiado ni su política empresarial ni ha modificado determinados comportamientos que los países occidentales creen que facilitan la comunicación para el crimen organizado”, señala.
Telegram, por su parte, reaccionó a la detención de su fundador asegurando que acata las leyes de la UE y que sus moderadores están “dentro de los estándares de la industria y en constante mejora”.
Telegram dijo que acata las leyes de la UE y que sus moderadores están “dentro de los estándares de la industria y en constante mejora”.
“Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma (…) Casi 1.000 millones de usuarios en todo el mundo utilizan Telegram como medio de comunicación y como fuente de información vital. Estamos a la espera de una pronta resolución de esta situación. Telegram está con todos ustedes”, afirmó la empresa en un comunicado dirigido a sus usuarios y seguidores.
El caso ya es bastante inusual. Aunque la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos han convocado e interrogado a dirigentes de otras empresas de medios sociales, rara vez se ha detenido a un líder tecnológico por lo que ocurre en esos sitios, apunta “The New York Times”.