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Washington (AP)
La decapitación del periodista independiente James Foley ha generado un nuevo debate entre la negativa de Estados Unidos y Gran Bretaña de negociar con terroristas y la creciente disposición de Europa y los países del Golfo Pérsico a pagar rescates en un intento desesperado por liberar a sus ciudadanos.
El dilema: cómo salvar vidas sin financiar a grupos terroristas ni alentar más secuestros.
Al pagar rescates, los gobiernos en el Medio Oriente y Europa se han convertido en algunos de los mayores financistas de los grupos terroristas. Al negarse a hacerlo, Washington y Londres están en la ingrata posición de colocar a sus ciudadanos en desventaja.
Los captores de Foley, los extremistas del Estado Islámico (EI), llevaban meses exigiendo US$132,5 millones (100 millones de euros) a sus padres, así como concesiones políticas de Washington. No obtuvieron ninguna de las dos y el periodista de 40 años, original de New Hampshire, fue decapitado en Siria, donde estaba retenido desde que desapareció en noviembre del 2012.
Los extremistas calificaron su muerte de una venganza por los 90 ataques aéreos estadounidenses lanzados contra el Estado Islámico en el norte de Iraq desde el 8 de agosto. Pero las exigencias de rescate comenzaron a fines del año pasado, incluso antes que el Estado Islámico —uno de los grupos extremistas más prósperos del mundo— comenzara su brutal marcha a través de gran parte del oeste y el norte de Iraq.
"No necesitan hacer esto por dinero", dijo Matthew Levitt, experto antiterrorista en el Instituto Washington, un centro de análisis. "Cuando pides 132 millones de dólares a cambio de la liberación de una persona, eso deja entrever que, o tratas de enfatizar un punto de vista o realmente no necesitas el dinero".
Un alto funcionario del Gobierno Estadounidense dijo el jueves que el Estado Islámico había hecho una "serie de solicitudes" a Estados Unidos para la liberación de Foley, incluidos cambios en las políticas y posición estadounidenses en el Medio Oriente.
En el Departamento de Estado, la portavoz adjunta Marie Harf dijo que los extremistas —que controlan una parte del territorio entre Siria e Iraq- han recaudado millones de dólares en rescates en lo que va del año.
"No hacemos concesiones a terroristas", declaró Harf a reporteros. "No pagamos rescates. El Gobierno de Estados Unidos cree muy firmemente que pagar rescates a terroristas les da una herramienta que los ayuda a propagar lo que están haciendo", afirmó.
Los pagos por parte de familias o empresas estadounidenses están bajo debate en el gobierno federal, según un funcionario familiarizado con las conversaciones, quien habló a condición de no ser identificado.
La Ley Patriota de Estados Unidos prohíbe hacer cualquier pago o dar asistencia a grupos terroristas que pudiera incrementar el respaldo que reciben. A las familias de tres estadounidenses retenidos por un grupo rebelde en Colombia durante cinco años, por ejemplo, se les avisó repetidas veces que ni siquiera enviaran medicamentos y zapatos a los rehenes con el fin de evitar una posible violación de la ley.
Los rescates pagados por los gobiernos ayudan a crear "una creciente industria de rescates por secuestro", dijo Clinton Van Zandt, ex jefe negociador de rehenes del FBI. "Es posible que recuperes a esa persona (secuestrada) en esa ocasión, pero lo que has hecho es ponerle precio a la cabeza de todos los estadounidenses en el extranjero", señaló. "Y has promocionado que pagamos para recuperarlos".
