El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus declaraciones sobre las políticas migratorias que implementará durante su segundo mandato. En una reciente entrevista con Kristen Welker de la cadena NBC, reiteró su intención de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta afirmación ha causado un gran revuelo, dado que dicho beneficio es un pilar fundamental del sistema migratorio estadounidense. Además de este enfoque, también ha mencionado su plan para deportar a millones de inmigrantes indocumentados que residen en el país, una propuesta que ha sido parte central de su discurso durante su carrera política.
La ciudadanía por nacimiento, conocida también por su término en latín jus soli, otorga la nacionalidad automáticamente a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente de la nacionalidad de sus padres. Este derecho, que ha sido parte de la legislación de EE. UU. desde la ratificación de la 14ª Enmienda en 1868, se aplica incluso en casos donde los padres son extranjeros y se encuentran en el país de manera temporal o ilegal. El presidente electo ha dejado claro que su objetivo es cambiar esta práctica, lo que ha levantado muchas interrogantes sobre si realmente tiene la autoridad para eliminar este derecho.
Para entender si Trump puede o no eliminar la ciudadanía por nacimiento, es esencial analizar los aspectos legales y constitucionales que sustentan esta política. Si bien el presidente ha sido enfático en que desea terminar con esta práctica, sus declaraciones no indican que haya una vía sencilla para llevar a cabo semejante cambio. En principio, la eliminación de tal derecho requeriría un proceso legislativo complejo y una modificación constitucional. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿puede realmente llevar a cabo tal cambio sin vulnerar los principios fundamentales del sistema legal estadounidense?
¿DONALD TRUMP PUEDE ELIMINAR LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO?
La ciudadanía por nacimiento se distingue de otros sistemas de nacionalidad, como el jus sanguinis o derecho de sangre, que otorgan la nacionalidad en función de la nacionalidad de los padres. En muchos países, incluidos los de Europa, prevalece el principio de jus sanguinis, lo que significa que la nacionalidad de un hijo depende de la procedencia de los progenitores. Sin embargo, Estados Unidos es uno de los pocos, entre ellos Canadá y algunos países de América Latina, que sigue el principio del jus soli, otorgando la nacionalidad a cualquier persona nacida en su territorio, independientemente de la situación de los papás.
A pesar de las afirmaciones de Trump, no es cierto que Estados Unidos sea el único país que otorga la ciudadanía por nacimiento. De hecho, más de treinta países en el mundo siguen este principio, incluyendo naciones cercanas como Canadá y México. Este hecho ha sido desmentido por varios medios de comunicación y expertos, quienes han señalado que las palabras del político son incorrecta y que, de hecho, existen muchos otros países que adoptan este enfoque. Por tanto, la cuestión no radica en si Estados Unidos es único en este aspecto, sino en si puede cambiar una política que ha sido parte fundamental de su sistema legal durante más de un siglo.
Sin embargo, aunque Trump ha afirmado en numerosas ocasiones que eliminaría la ciudadanía por nacimiento por medio de un decreto presidencial, este enfoque enfrenta obstáculos legales insuperables. Ningún presidente, por más poder que ostente, tiene la capacidad de cambiar un derecho constitucional mediante un simple decreto. La 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece de manera clara que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos” son ciudadanos. Para cambiar esta disposición, se necesitaría una enmienda constitucional.
La enmienda constitucional es un proceso largo y complicado que requiere la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado, o bien la convocatoria de una Convención Constitucional con el respaldo de dos tercios de las legislaturas estatales. Este proceso no solo es complejo, sino que también enfrenta una gran resistencia en términos políticos, lo que hace que la propuesta de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento sea prácticamente inviable en el corto plazo.
La abogada de inmigración Elizabeth Uribe subraya que, legalmente, cambiar este principio constitucional es casi imposible. De acuerdo con su análisis, para modificar la 14ª Enmienda se tendrían que realizar cambios legales sustanciales, que no solo requerirían una enorme mayoría política, sino también un respaldo social amplio. La realidad es que, a pesar de las declaraciones de Trump, modificar un principio tan arraigado en la ley estadounidense es un desafío monumental.
Además, la cuestión de la ciudadanía por nacimiento no es solo un tema legal; también tiene profundas implicaciones sociales y políticas. Muchas personas que nacen en Estados Unidos gracias a este derecho disfrutan de la protección legal y los derechos humanos que les otorga la nacionalidad. Quitarles esa nacionalidad afectaría no solo a los individuos involucrados, sino también a sus familias y a la estructura social en general. Este tipo de cambios podría generar un importante rechazo social, no solo entre los inmigrantes, sino también entre aquellos que defienden los derechos civiles.
Aunque Trump ha expresado su deseo de eliminar el mencionado derecho, sus planes enfrentan barreras legales significativas. La enmienda de la Constitución es un proceso sumamente complicado que va más allá de las facultades de un presidente. A pesar de su mayoría en el Congreso, modificar un principio tan arraigado en la legislación estadounidense sería una tarea extremadamente difícil, si no imposible. En definitiva, aunque el presidente electo tiene un claro enfoque en la reforma migratoria, parece que eliminar la nacionalidad por nacimiento no es una tarea que pueda ejecutar sin un proceso mucho más complejo y con un amplio consenso.