Unicef: 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño ¿Cómo cambió el panorama entre 1989 y 2024?

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha lanzado un estudio que analiza los avances logrados y lo que aún está pendiente en la agenda de los derechos de los niños, en particular después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Perú ratificó la Convención en 1990, asumiendo el compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin discriminación y con igualdad.

En los años en los que se aprobó, ratificó e hizo efectiva la Convención (1990), el país atravesaba una profunda crisis económica y con violencia interna. Las brechas en el acceso a servicios de educación, salud y protección social, que afectaban a la niñez y adolescencia de diversos sectores sociales, eran notoriamente profundas.

Según el Censo de 1993, Perú comenzaba la década con una población infantil (de 0 a 17 años) de 9.610.225 personas, lo que representaba el 43,6% de la población total. 35 años después, niñas, niños y adolescentes constituyen el 29% de la población peruana, con una cifra de 9.770.357 según las proyecciones del INEI.

En 1992, solo el 58,9% de los hogares en Perú contaba con acceso a agua potable a través de la red pública, y en las zonas rurales esta cifra era solo del 18%. En contraste, en las zonas urbanas alcanzaba el 75,2%. En cuanto al acceso al servicio sanitario (desagüe), solo el 42,6% de los hogares lo tenía en promedio. Mientras que el 58,5% de los hogares urbanos disponían de este servicio, apenas el 3,1% en las zonas rurales lo disfrutaba.

Ese mismo año, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Endes), solo el 70% de los hogares del país tenía acceso a electricidad; sin embargo, esta cifra se reducía al 19,6% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas alcanzaba el 90,3%.

La desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años alcanzó el 37,3% en 1991, con una disparidad significativa entre las zonas rurales y urbanas. En las zonas rurales, la tasa ascendía al 54,5%, mientras que en las urbanas se ubicaba en 26,5%, evidenciando una gran desigualdad entre ambas regiones del país. En el año 2000, la anemia afectaba al 60,9% de los niños y niñas menores de 3 años, según los reportes de la ENDES, y esta cifra era similar tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Por otro lado, una medición del Ministerio de Educación en 2007 sobre comprensión lectora reveló que solo el 15,9% de los niños y niñas de segundo año de primaria alcanzaron un nivel satisfactorio en esta habilidad. Esta cifra era aún más baja en las zonas rurales, donde solo el 5,6% lograron un rendimiento satisfactorio, frente al 20,9% de las zonas urbanas. En cuanto a las habilidades lógico-matemáticas, los resultados eran aún más preocupantes: solo el 7,2% de los niños y niñas en segundo de primaria alcanzaron un nivel satisfactorio. En las zonas rurales, este porcentaje fue del 4,6%, mientras que en las zonas urbanas llegó al 8,6%.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes seguía siendo una realidad persistente una década después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, aunque para entonces ya se le reconocía como un problema que requería atención urgente. Según la ENDES de 2000, el 40,8% de las madres en el país reportaron haber recurrido al castigo físico contra sus hijos e hijas; esta cifra alcanzaba el 53,5% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas era del 34,6%.

Desde el año 2000, la mortalidad infantil ha disminuido considerablemente, alcanzando 17 fallecimientos antes de cumplir un año por cada mil nacidos vivos en el periodo 2021-2022. Esta reducción ha sido más notable en las zonas urbanas, aunque la brecha entre lo urbano y lo rural se ha ido cerrando progresivamente. En la zona rural, la tasa fue de 20 por cada mil nacidos, mientras que en la zona urbana se registró un 16 por cada mil.

Por otro lado, la anemia en niños y niñas menores de 3 años ha mostrado una mejora significativa. Si en el año 2000 afectaba al 61,6% de esta población, para 2015 se redujo al 43,5%. Sin embargo, desde entonces, la prevalencia de la anemia se ha mantenido casi constante, con ligeras fluctuaciones. Así, en 2023, el 43,1% de los menores de 3 años presentaron anemia, con una diferencia entre zonas rurales, donde el 50,3% estuvo afectado, y las zonas urbanas, con un 40,2%.

En cuanto a la desnutrición crónica infantil, esta ha experimentado una reducción acelerada y sostenida desde 2006, pasando del 29,2% en 2005 al 11,5% en 2023. No obstante, las zonas rurales siguen siendo las más afectadas, con un 20,3% de la población infantil menor de cinco años afectada, frente al 8,1% de las zonas urbanas.

En relación con la educación, ha habido un notable incremento en la asistencia de niños, niñas y adolescentes a la escuela. Así, la asistencia de la población de 3 a 5 años a la educación inicial pasó del 58,6% en 2005 al 90,5% en 2023.

Sin embargo, a pesar de estas mejoras, los porcentajes en áreas como comprensión lectora y lógico-matemático siguen siendo preocupantes. Para 2023, solo el 36,6% de los niños y niñas en segundo año de educación primaria alcanzaron un nivel satisfactorio en comprensión lectora, con una notable brecha entre las zonas rurales (22,9%) y urbanas (39,1%). En cuanto a los logros en el área lógico-matemática, el promedio nacional alcanzó solo el 11,2%. Las zonas rurales siguen rezagadas, con un 7,2% de los estudiantes alcanzando un nivel satisfactorio, mientras que en las zonas urbanas la cifra es ligeramente superior, con un 11,9%.

Por otro lado, se ha observado un incremento en el número de casos de violencia sexual contra la población infantil y adolescente (0 a 17 años). Los casos reportados han pasado de 6.593 en 2017 a 21.929 en 2023. De estos casos, alrededor del 90% continúan siendo contra niñas y adolescentes.

Carlos Zegarra, especialista en salud de Unicef, destacó en una reciente entrevista con El Comercio que, aunque ha habido avances significativos en áreas clave como la desnutrición crónica infantil, la anemia y el acceso a servicios de salud, todavía persisten importantes desafíos que deben abordarse para garantizar un desarrollo integral y equitativo para todos los niños y adolescentes en Perú.

En relación con la desnutrición crónica infantil, Zegarra explicó que, si bien la cifra ha disminuido notablemente desde 1989, las políticas de salud y nutrición implementadas, como la entrega de suplementos y las campañas de educación alimentaria, han sido determinantes para este cambio. “Las mejoras en el acceso a agua potable y saneamiento también han jugado un papel crucial en la reducción de la desnutrición”, agregó. Sin embargo, subrayó que aún queda trabajo por hacer, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

En cuanto a la anemia infantil, el especialista mencionó que también se ha logrado una disminución en los índices de prevalencia, aunque el problema persiste y sigue afectando a muchos niños. “El Ministerio de Salud ha realizado campañas muy fuertes para fomentar el consumo de hierro y suplementos, y ha promovido el acceso a alimentos ricos en hierro”, comentó Zegarra.

Sobre las tareas que siguen pendientes, Zegarra señaló que uno de los mayores desafíos es la creación de políticas de salud y nutrición más focalizadas, que tomen en cuenta las barreras culturales y geográficas. “No podemos enviar el mismo mensaje a Lima, donde hay acceso a alimentos, que a las poblaciones quechua-hablantes o de la zona aymara, donde las dificultades para acceder a alimentos y servicios son mucho mayores”, explicó. Además, hizo hincapié en la necesidad de un trabajo multisectorial para abordar las causas estructurales de estos problemas, y resaltó la importancia de enfocar recursos y esfuerzos en la salud adolescente, particularmente en áreas como la salud mental, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente.

Zegarra también abordó la significativa diferencia entre las zonas urbanas y rurales en términos de acceso a servicios y calidad de vida. Según el especialista, las brechas en infraestructura y servicios básicos son una de las principales causas de estas disparidades. “En las zonas rurales, la falta de electricidad, saneamiento y servicios de salud adecuados aumenta la prevalencia de enfermedades infecciosas, desnutrición y anemia”, indicó.

Respecto al aspecto educativo, Fernando Bolaños, Oficial de Educación de Unicef, comentó a El Comercio que, aunque más niños están asistiendo a las escuelas, el verdadero desafío radica en asegurar que realmente aprendan lo que deben. Reconoció que se han logrado algunos avances, pero que aún persisten grandes grupos de niños que no logran leer con la fluidez esperada o que enfrentan dificultades graves en matemáticas. “En algunos casos, estos problemas se arrastran desde los primeros grados, pero también hemos encontrado situaciones en las que los maestros siguen pasando de grado a los niños, a veces para evitar que repitan el año, lo que termina generando aún más problemas en su aprendizaje”, señaló.

Además de las áreas académicas, Bolaños resalta la importancia de no subestimar los aprendizajes socioemocionales, a menudo olvidados en el currículo escolar. “Es fundamental trabajar en el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la capacidad de resolver conflictos, trabajar en equipo y manejar las propias emociones”, explica.

Otro desafío persistente en el sistema educativo, según el oficial de Unicef, son las brechas educativas que afectan a niños en situaciones de vulnerabilidad. “Muchos niños con condiciones de discapacidad, migrantes o en situaciones de extrema vulnerabilidad aún no han accedido a la educación, o si lo han hecho, enfrentan grandes dificultades”, señala. En este contexto, Bolaños subraya la necesidad de defender y proteger el derecho a la educación de estos niños, para que no queden atrás en su desarrollo académico y personal.