Redacción EC

El caos comienza minutos antes de las 8 a.m. Una combi azul repleta de pasajeros se desvía de su ruta habitual, de la avenida Javier Prado –donde opera como colectivo informal– hacia la calle Los Cipreses, en San Isidro. Lo hace a toda velocidad. Se detiene en la esquina con la avenida Jorge Basadre, paralela de Javier Prado, una vía con colegios y embajadas, situada a pocas cuadras del municipio.

El chofer espera su oportunidad. En un momento en que no vienen carros en el sentido contrario, decide usar esta vía opuesta como si fuera un tercer carril para evadir el tráfico de Javier Prado por casi dos kilómetros. No hay policías ni inspectores municipales de transporte.

De inmediato, buscamos la información sobre la placa de rodaje: RIG-410. Circula sin SOAT desde el 2002, no tiene revisión técnica y, por si fuera poco, registra una denuncia por robo vehicular. Pero sus pasajeros ignoran el peligro al que se exponen y solo quieren llegar rápido a su destino.

A las 8:05 a.m. ocurre lo mismo con la miniván de placa ANH-569. Este vehículo debe cerca de S/10 mil en papeletas, la mayoría de ellas por realizar el servicio de colectivo informal. Tampoco tiene revisión técnica ni SOAT. Otro vehículo, de placa B8U-395, que circula por la avenida Jorge Basadre y la calle Los Pinos, va tan lleno de pasajeros que su parte posterior casi choca con el pavimento. No tiene SOAT para realizar transporte público.

A las pocas horas de observación y seguimiento, nos damos cuenta de que esta red de colectivos informales ha migrado sus operaciones hacia las vías alternas de la Av. Javier Prado invadiendo gran parte de la zona empresarial de San Isidro.

Están más organizados que las propias autoridades del transporte: al invadir las avenidas paralelas, logran evadir, al mismo tiempo, el sistema ‘pico y placa’ de restricción vehicular y las operaciones. La Gerencia de Transporte de Lima sanciona con una multa de S/16.800 (4 UIT) a las unidades que presten este servicio informal, un costo impagable para muchos.

Estos choferes emplean grupos de WhatsApp en los que se comunican la ubicación de los ‘pollitos’, como denominan a los inspectores municipales de chaleco amarillo.

Son las 8:45 a.m. y la lista de colectivos en las vías alternas es interminable. Les sigue una miniván de placa C8K-124, con S/8 mil en papeletas, entre ellas, por circular sin licencia de conducir. Detrás, la miniván de placa F5Y-373, con orden de captura por las papeletas que adeuda.

Le preguntamos a un inspector de la Municipalidad de Lima, que labora en la Av. Javier Prado, por qué nadie controla esta red de colectivos. “Nosotros sí les imponemos papeletas, pero no las pagan”, responde. Dice que una vez que ingresan a las calles alternas, consideradas vías urbanas, corresponde al municipio distrital de San Isidro ejercer la autoridad.

Hallamos así a un inspector de transporte en San Isidro. Nos contesta: “Es la Policía de Tránsito la entidad encargada de fiscalizar el transporte público”. De esa manera, nos queda claro que controlar esta mafia depende de demasiadas autoridades en materia de transporte y tránsito, que al final trabajan de manera desarticulada sin lograr erradicar este problema.

En solo dos horas de conteo, este Diario registró a 190 vehículos que ofrecían el servicio de colectivo en Javier Prado y que ahora emplean las vías alternas de esta vía para ahorrarse el tráfico y los controles.

El presidente de Pro Transporte, Fernando Perera, estima que más de 30 mil vehículos que ofrecen servicio de colectivo operan en todos los corredores. De estos, más de la tercera parte emplearía la Av. Javier Prado y sus vías alternas, desde Ceres (Ate) hasta Magdalena.

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