Entre el 21 y el 28 de diciembre, en plena época de fiestas y a través de resoluciones del diario El Peruano firmadas a altas horas de la noche, el superintendente de esta entidad cambió a 22 gerentes y directores, repentinamente, colocando a una serie de personas sin experiencia en el rubro, entre ellos a excandidatos al Congreso y militantes de partidos políticos, precisamente aquellos partidos que apoyaron la formalización del taxi colectivo, aprobada por insistencia en diciembre del 2020. Pusieron hasta personas sentenciadas, e incluso vinculadas a Vladimir Cerrón.
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Simeón Gonzáles Padilla, ex candidato de Unión por el Perú sentenciado 1 año y 6 meses por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad -y por si fuera poco tiene una papeleta por manejar ebrio-, hoy es Asesor de la Alta Dirección en el Despacho del superintendente de la Sutrán. Su sentencia está, incluso, declarada por él mismo en Infogob.
Boris Espinoza Villanueva, hoy Jefe de la Unidad de Tesorería de la Sutrán, fue sindicado como cómplice de un ex funcionario de Vladimir Cerrón en Junín, sentenciado a siete años de prisión por colusión, según este informe del Diario Correo. Hoy es el encargado administrar las arcas de la Sutrán.
Sergio Alonso Canahualpa Inga, quien fue asesor del congresista por Junín Fredy López, hoy ocupa el cargo de confianza de Subgerente de Procedimiento de la Sutrán. Es afiliado a Acción Popular, el partido que buscó ampliarle el permiso a todas las combis por 10 años.
Los ‘previos’ y la fiesta
Mientras esto ocurría, pero más arriba, en el Ministerio de Transportes (MTC), pusieron como nuevo director de regulación, es decir, quien dicta las normas a la Sutrán, a un ex congresista de Frente Amplio que impulsó la ley del taxi colectivo: Lenin Abraham Checco Chauca, quien además fue acusado por una extrabajadora de su despacho por abuso de autoridad, violación a la intimidad personal y acoso laboral. La resolución está firmada por el propio ministro de Transportes, Juan Francisco Silva Villegas.
Este se suma a la larga lista de polémicos nombramientos firmados por Silva Villegas.
Así, en cuestión de días, se ordenaron todas las piezas del rompecabezas para ejecutar el próximo paso del plan: la repartija en la Sutrán, como muchos en el propio sector del transporte la llaman.
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Con todos sentados en sus asientos, velozmente, como una combi en plena carrera, la Sutrán anunció el empadronamiento de los colectiveros con una sola firma. Los mismos choferes que agredieron salvajemente a inspectores de la Sutrán, ahora pasan a ser empadronados por la misma institución, automáticamente.
En cuestión de horas, esta entidad fiscalizadora pasó a convertirse en una embajada de la informalidad. Sutrán ahora será juez y parte de este servicio informal desde el momento en que autorizará a cualquier persona a llevar pasajeros por las carreteras del país, en vehículos que no son aptos para transporte público, sin paraderos, ni rutas definidas, ni GPS, ni control de sueño de los choferes, ni antecedentes.
La Sutrán, el plato fuerte
La cantidad de negocios que la Sutrán debe fiscalizar es enorme y mueve millones de soles al día, pero a la vez, todos esos rubros han estado envueltos en casos de corrupción.
Esta institución debe fiscalizar 116 escuelas de manejo, 223 centros médicos para sacar brevete, 233 plantas de revisiones técnicas y 407 terminales terrestres, por dar algunos ejemplos. Todos esos sectores tienen antecedentes que lindan con lo delictivo: exámenes de manejo entregados sin evaluar a los postulantes, certificados médicos por delivery aprobados sin haber examinado al paciente que quiere sacar brevete, certificados de inspección técnica vehicular ‘bamba’, es decir, entregados sin ver el vehículo, muchas veces por WhatsApp.
A pesar de que debe fiscalizar tanto, la cantidad de fiscalizadores es escasa para todo (hasta el 2020 eran 400 inspectores). Es una entidad fiscalizadora sin poder para fiscalizar.
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La llamada repartija de la Sutrán, a la vez, les cuesta mucho dinero a los peruanos. Varios de los nuevos jefes y directores puestos allí no tienen suficiente experiencia en el rubro, pero tienen sueldos de entre 12 y 15 mil soles. Esta institución está gastando casi 300 mil soles al mes para pagarles. Con ese dinero se les podría pagar el sueldo a más de 160 inspectores al mes.
Pocas veces se ha visto al congreso y el Ejecutivo ir de la mano con un mismo objetivo. El sector del transporte, al parecer, los juntó a todos en la misma ruta, en el mismo paradero, lo que explica por qué el ministro de transportes Juan Silva no fue tocado por el congreso a pesar de sus cuestionamientos.
LAS CLAVES
1. Varios de los nuevos jefes allí no tienen suficiente experiencia en el rubro, pero tienen sueldos de entre 12 y 15 mil soles.
2. Para este reportaje se solicitó tres veces una entrevista con el superintendente, sin éxito.
3. “Deseamos que haya voluntad política, más no injerencia política. Es necesario que el consejo directivo de la Sutrán analice esta situación y también la injerencia del Congreso, que llevó a la legalización del taxi colectivo”, sostiene Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre.
EL WHATSAPP DE LOS COLECTIVEROS
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