Coaster Translima S.A
Coaster Translima S.A
Redacción EC

Con los 63 millones de soles que deben 10 empresas de transporte alcanzaría para reparar pistas dañadas, paraderos o mejorar la iluminación de zonas peligrosas. Sin embargo, las deudoras no han pagado un sol y siguen circulando sin problemas por la ciudad.

Se trata de las empresas de transporte Orión S.A (5.125 papeletas), La Nueva Estrella SAC (2.028), Agrupación de Transportistas en Camionetas S.A (1.795), Especial Solidaridad S.A (1.879), Consorcio Briza (1.905), Translima S.A (1.585), Expreso Santa Anita S.A (1.880), MIVICOSA (1.356), California SAC (1.625) y California Siglo XXI S.A.C (13.94).

El caso de Orión es especialmente cuestionable porque desde el año 2015 creó otras razones sociales y transfirió todas sus propiedades a Holrex, HRE Express y demás nombres. Tal como informó El Comercio, de esta forma evitaba pagar deudas y obstruía la orden judicial de liquidar la empresa para pagar la reparación civil de un millón de soles a favor de los deudos de Ivo Dutra.

En este escenario cabe preguntarse ¿por qué siguen operando?
Para Alfonso Flórez Mazzini, gerente general de la Fundación Transitemos, el problema surge porque el proceso sancionador no considera la flagrancia. De esta forma, el conductor o empresa afectada puede interponer varios recursos de apelación, recursos de amparo y otros “papeleos y leguleyadas”.

“Pasa a ser un procedimiento civil y no sancionador. Hay que modificar nuestra jurisprudencia para que cuando una infracción se coloque sea sumaria, con las pruebas respectivas. […] Las empresas de transporte tienen abogados especializados que se dedican a impugnar o recusar estas infracciones hasta que se venza el plazo de ley”, explicó a El Comercio.

Esto quiere decir que mientras los casos se encuentren en los juzgados de tránsito, no se puede ejecutar la sanción contra la empresa.

Otro punto en que falla el procedimiento es que la notificación de cobro se realiza de forma física, acarreando un costo económico que muchas veces el SAT no puede cubrir. “Hasta que te llegue la notificación a tu casa pueden pasar meses, tienen que ser notificaciones electrónicas”, agrega Flórez.

Flórez también considera importante diferenciar cuántas de las papeletas son por infracciones de tránsito (impuestas por policías de tránsito) o de transporte (por inspectores municipales). “Con esto sabremos si la policía está haciendo o no su trabajo”, finaliza.

REFORMA EN EL TRANSPORTE
Si bien las millonarias deudas por papeletas impagas generan indignación en la ciudadanía, son parte de un problema mayor: el caos en el transporte en Lima. En opinión de Adrián Revilla, presidente de la Asociación Cruzada Vial, es imprescindible la creación de una entidad nacional de tránsito y seguridad vial. “Si tuviéramos en el Perú los estándares de seguridad vial que tiene los Estados Unidos, el número de fallecidos en Perú no excedería los 180. Nuestra responsabilidad son 3.820 fallecidos. Tenemos más muertos por lo que hubo en el norte (huaicos y desbordes”, lamentó.

Por su parte, Flórez Mazzini sostiene que se debe erradicar definitivamente el sistema comisionista-afiliador (con el que funcionan las coasters y combis actualmente) donde no existe ningún vínculo contractual entre el Estado y el operador. En su lugar, pide adoptar el modelo de concesiones (como ocurre con los corredores complementarios) con el que existe un responsable identificable por las acciones de los choferes.

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