El Gobierno cede ante los colectiveros

Haciendo gala de su perfecta habilidad para dispararse a los pies, el Gobierno acaba de aplicarle un nuevo freno a la reforma del transporte: el último lunes, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, le abrió la puerta de la Presidencia del Consejo de Ministros a los representantes de los colectiveros informales.

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Lo hizo sin convocar a la cita a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), ente creado con el fin de reordenar el transporte público en Lima y el Callao. Y como ha denunciado Ángel Mendoza, de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), ha preferido darle legitimidad a los portavoces de la informalidad que reunirse con los operadores de los corredores, esos que han invertido en vehículos, equipamiento y personal, y deben competir a diario con quienes infringen la ley.

El diálogo abre puertas, aliviana caminos. Pero en las circunstancias en que se llevó a cabo parece más una cesión innecesaria y peligrosa. Y a juzgar por la actitud del Gobierno ante las protestas sociales, un signo de debilidad que solo pretende amainar el temporal y no ofrece soluciones de fondo.

Hace una semana, en este mismo rincón, me preguntaba si el Gobierno tendrá verdadero interés en respaldar a la ATU cuando deba renovar las autorizaciones a las empresas de transportes el próximo año.

Lo decía porque ello requerirá enfrentar un gran costo social (no pocos choferes y cobradores deberán dejar de trabajar cuando se reordenen las rutas y se filtren las autorizaciones) y a empresarios poderosos que harán lo posible por no perder sus millonarios ingresos. Y todo esto en plena campaña presidencial.

Luego de lo sucedido el lunes pasado, no es difícil imaginar la actitud que adoptarán en la PCM cuando la ATU deba tomar decisiones difíciles.

Los transportistas ya se están preparando. En la lista de Vamos Perú al Congreso figura Julio Rau Rau, veterano dirigente gremial que encabezara varias paralizaciones durante la gestión de Susana Villarán.

El tamaño del papelón protagonizado por el viceministro Molina se agiganta al revisar los antecedentes de sus interlocutores. Como lo señala un informe publicado en esta edición, los siete dirigentes que recibió acumulan 214 papeletas por 70 mil soles (algunas por agredir a inspectores municipales) y órdenes de captura. Además, seis de los presentes están inhabilitados para manejar porque tienen sus brevetes vencidos o suspendidos.

La reforma del transporte requiere de un Gobierno comprometido, dispuesto a asumir riesgos. Los timoratos solo sirven para frenar.