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El estado de emergencia para frenar la propagación del Covid-19 ha alterado el método en las que los jueces continúan trabajando. Desde hace unos días en las cortes superiores de justicia de Lima, Tumbes, Loreto, Cusco, Puno y otros distritos judiciales del país continúan brindando el servicio de justicia a través de órganos jurisdiccionales especiales utilizando la tecnología.
Esta decisión fue tomada por el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, a fin de que se atiendan de manera oportuna los casos graves y urgentes que ocurren en las jurisdicciones respectivas.
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El primer ejemplo en la capital del país se dio ayer, cuando se condenó a un año y ocho meses de prisión a Gabriela Melissa Verastegui Paredes, al encontrarse responsable del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, hecho que sucedió el 21 de marzo alrededor de las 13:10. A esa hora Verastegui fue intervenida por una agente policial al conducir su vehículo sin presentar ningún salvoconducto de tránsito, según las investigaciones.
Sin embargo, el Poder Judicial indicó que bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y humanidad de las penas, se optó por suspender su ejecución a fin de que Verastegui pueda cumplir la pena impuesta en libertad bajo reglas de conducta. Esta decisión se tomo a través de una videollamada, el cual el juez a cargo del referido juzgado instaló la audiencia de proceso inmediato por la aplicación tecnológica, como parte de las acciones preventivas que vienen adoptando los juzgados de emergencia de Lima Norte.
Videollamadas en todo el Perú
En la Corte de Tumbes, la magistrada Mirtha Rojas Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, realizó la primera audiencia a través del sistema de videollamada desde el aplicativo WhatsApp.
La diligencia judicial se realizó con la participación del representante del Ministerio Público, el acusado por el delito de tenencia ilegal de armas, el abogado defensor y la especialista judicial.
En la Corte de Cusco, los jueces penales también a través del sistema de videollamadas, dictaron dos prisiones preventivas por el espacio de nueve meses, por los delitos de violación sexual y homicidio calificado, por hechos ocurridos en las provincias de Espinar y Canas, respectivamente. Además, atendieron una audiencia de prolongación de prisión preventiva, por el delito de hurto agravado.
Los magistrados de Tumbes y Cusco utilizan herramientas tecnológicas de comunicación, como videollamadas, videoconferencias, llamadas telefónicas, WhatsApp y otros aplicativos.
En Loreto, el juez Julio Modesto Dávila del juzgado de emergencia de turno, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Patrick Reguera Arrunátegui, quien el 17 de marzo habría intentado sustraer la motocicleta de un trabajador del Hospital de Apoyo de Iquitos.
El mismo magistrado, en un segundo caso, ordenó seis meses de prisión preventiva contra Orley López Ochoa, por ser presunto autor del robo de dinero una botica de Iquitos, el pasado 19 de marzo.
Ambos procesados permanecerán en el establecimiento penitenciario de varones de Iquitos, mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones.
En la Corte de Apurímac, Henry Cama Godoy, realiza acciones de supervisión y otros para el cumplimiento de medidas sanitarias a fin de salvaguardar la salud y seguridad de jueces y servidores jurisdiccionales designados para atender casos graves y urgentes. Los servidores judiciales deben usar medios tecnológicos como vídeo conferencia, WhatsApp u otros medios a utilizar desde sus domicilios, limitando de esta manera su permanencia en las instalaciones judiciales salvo en casos excepcionales si el caso lo amerita.
Depósitos Judiciales
El Módulo Penal de Nuevo Chimbote de la Corte del Santa ha implementado el procedimiento de pago de depósitos judiciales por WhatsApp, en los procesos de Omisión a la Asistencia Familiar. Este procedimiento empieza con una comunicación a la línea 954468375 vía WhatsApp. Mediante este medio el solicitante del depósito deberá enviar en el instante de la consulta, una foto de su DNI, número de expediente y nombres y apellidos de las partes del proceso.
Luego de verificada la información y la existencia del depósito en el sistema judicial, el secretario judicial procederá a emitir la orden de pago, y verificar a través del Reniec y de una videollamada, la identidad del (la) solicitante. La orden de pago es enviada por WhatsApp, autorizando su cobro en el Banco de la Nación, en caso no tenga impresora en casa, el solicitante deberá acudir a la sede penal a recabar la impresión de su orden de pago.
El jefe de la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte del Santa, Alem Lecca Tapia, indicó que más de medio centenar de consultas y entrega de depósitos judiciales por concepto de alimentos fueron atendidas durante la primera semana del estado de emergencia a causa de la propagación del COVID-19.
Medidas de la Sala Penal Especial
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que las audiencias urgentes a cargo de este tribunal deben realizarse mediante el sistema de teletrabajo, a través de una videoconferencia.
Esta medida fue dispuesta, luego de una reunión virtual, entre la jueza Elvia Barrios Alvarado (presidenta), José Antonio Neyra Flores e Iván Salomón Guerrero López (integrantes), y el personal jurisdiccional de este órgano jurisdiccional
Barrios Alvarado invoca a todas las autoridades del sistema de administración de justicia (Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial,) que implementen el uso de estas nuevas tecnologías para optimizar una adecuada impartición de justicia acorde con la coyuntura por la que atraviesa nuestro país, en beneficio de los justiciables y la ciudadanía en general.
La Corte Suprema de Justicia donde funcionan la Sala Penal Transitoria, la Sala Penal Especial y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, estos atienden solamente casos con requisitoriados y detenidos, y otros asuntos urgentes.
El Poder Judicial resalta que las 34 cortes superiores del país están equipadas con sistemas de videoconferencia para realizar las audiencias y evitar el traslado de personas a las sedes judiciales o penales.
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