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Alessandro Moroni, superior general del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), asistió el último martes al Congreso de la República para responder por los abusos cometidos dentro de esta agrupación religiosa. Ante la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales, Moroni dijo sentir vergüenza por las denuncias de ultraje sexual, psicológico que sufrieron jóvenes y adolescentes quienes formaron parte de esta institución.
“Esta vergüenza será un motivo de cambio. En la institución nos preguntamos cómo es que pasaron estos hechos sin que nos diéramos cuenta. La publicación del libro de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, fue como una cachetada que nos hizo dar cuenta de las denuncias que en su conjunto tomaron un nuevo significado”, sostuvo. La comisión es presidida por el congresista Alberto De Belaunde.
El religioso fue acompañado del abogado del SVC, Fernando Vidal. Juntos explicaron en detalle una línea de tiempo desde el 2008 hasta la fecha sobre los pormenores de la denuncia de todo tipo de abusos, las comisiones que conformaron al interior de la institución y las medidas que adoptaron.
Moroni también destacó que el Sodalicio formó una comisión para investigar las denuncias de abusos sexuales y psicológicos que habían sufrido menores y jóvenes dentro de la institución. “La comisión atendió a 41 personas, escuchó el testimonio de las víctimas y formuló recomendaciones así como sanciones morales e institucionales. Igualmente recomendó resarcir a las víctimas con atención médica, psicológica y espiritual, además de la compensación económica que tienen por justo derecho, en un auténtico proceso de reconciliación y justicia”, precisó.
Según el informe que realizó el SVC, 77 personas son reconocidas como víctimas de diversos tipos de abuso: 20 de abuso sexual a menores de edad; 24 de abuso o manipulación sexual; 18 víctima de abuso físico o psicológico y 15 de otras causas. Las reparaciones económicas fluctúan entre mil 250 dólares, 60 mil y 250 mil dólares, de acuerdo a la gravedad de los abusos. Los invitados del Sodalicio continuaran brindando su manifestación el día jueves próximo a las 9 de la mañana.
-¿Cómo avanza el caso del Sodalicio en el Ministerio Público?-
El 20 de noviembre del 2017, la fiscal María León formalizó una denuncia penal contra Figari y otras cinco ex autoridades del Sodalicio por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas graves en agravio de 14 personas, entre las que se encuentra Salinas, quien formó parte de esa agrupación religiosa.
El delito de secuestro no fue tomado en cuenta por la fiscal a pesar de que las víctimas habían sostenido en su despacho que fueron privadas de su libertad desde que se les captó para que entren al Sodalicio y que debido a un riguroso adoctrinamiento perdieron su capacidad de decidir y, según sus testimonios, fueron amenazados.
La magistrada además excluyó de la denuncia a José Ambrozic y al sacerdote Jaime Baertl, autoridades del Sodalicio, e indicó que “no se encontraron elementos probatorios idóneos” contra ellos. Las víctimas apelaron ambas resoluciones.
El fiscal superior Frank Almanza evaluó el caso y dictaminó que la denuncia incluya el delito de secuestro. En los próximos días, Almanza definirá si Baertl y Ambrozic deben ser comprendidos como denunciados en el caso. “Una vez que se concluya ese proceso, se realizará el pedido de prisión preventiva contra Figari y los demás ex sodálites”, indicó una fuente.
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