“No tenemos ningún tipo de justicia”: seis años de las denuncias contra el Sodalicio sin castigo

Martín López de Romaña acaba de publicar el libro “La jaula invisible”, testimonio de su vida dentro de la organización a que ingresó cuando tenía 14 años. En él narra el sistema de culto y adoración que Figari creó alrededor de él y que permitieron todo tipo de vejaciones contra menores de edad. “En el esquema en el que vivíamos, las figuras de Dios y de Luis Fernando estaban alineadas y superpuestas, tanto así que sin que uno lo notase o lo aceptase, terminaban por confundirse”, cuenta en el libro. En lugar de ser una organización para servir a la fe cristiana, como se presentaba, el escritor la resume como una secta de control mental. Tiene todos los elementos para serlo, explica: adoración al líder, obediencia ciega y métodos para captar a menores.

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Fue él uno de los cinco jóvenes que en el 2015 denunciaron a Figari y otras exautoridades del SVC como Jeffery Daniels, Virgilio Levaggi y Daniel Murguía por presuntos abusos psicológicos, físicos y sexuales. En los seis años que han pasado desde entonces – en los que el mismo SVC ha reconocido en un informe que se cometieron abusos sexuales contra al menos 19 menores y 10 adultos entre 1975 y 2000 – el caso ha avanzado poco o nada.

“Es desalentador que no haya ocurrido nada, no tenemos ningún tipo de justicia, ni a nivel eclesial, ni a nivel civil o penal. Existe el riesgo real de que vuelvan a ocurrir los mismos abusos con niños y jóvenes porque simplemente no se hizo nada”, dice a El Comercio.

De Figari se sabe que vive en Roma y Daniels, en Estados Unidos. Al primero, la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano le ordenó en enero del 2017 no volver al Perú ni declarar a la prensa y se le destinó a una residencia “en la que no exista una comunidad” sodálite.

López de Romaña, que convivió con Figari en la entonces comunidad sodálite San José, dice que salir de la organización fue un largo proceso, del cual aún no termine de recuperarse. Su principal preocupación ahora es que los abusos no se repitan.

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—¿Cómo fue tu acercamiento con el Sodalicio?

Cuando tenía 12 años los sodálites tenían una reputación un poco polémica, pero se presentaban como personas realmente comprometidas que ayudaban a los jóvenes, que evangelizaban. Con el tiempo se empezó a notar ciertas cosas negativas, los padres veían cómo sus hijos se transformaban en poco tiempo en chicos rebeldes, difíciles, que vivían solo para la institución, que se renunciaban a seguir una carrera y asumían ideas fanáticas.

—¿En qué momento te diste cuenta que tenías que salir?

Fue un proceso largo, una parte totalmente acallada de mi consciencia se alarmaba y me ponía signos de interrogación con las cosas que me decían o hacían conmigo, pero la consciencia sodálite que habían puesto en mi cerebro era tan potente, tan irrefutable que no podía poner en palabras mis críticas. La crisis se acentuó en los últimos cinco años del Sodalicio hasta que me vi en la necesidad de salir simplemente porque pensaba que si me quedaba que me iba a morir.

—¿Qué hizo posible que ocurrieran abusos con total impunidad?

Creo que el Sodalicio es una secta destructiva de control mental. Se presentaba como una obra de la iglesia, pero su funcionamiento a todo nivel lo desmiente y más bien se parece muchísimo a cualquier otra secta. Lo que me dicen las personas que han salido hace muy pocos años del Sodalicio es que adentro, en el fondo, no ha cambiado nada y sería muy extraño que suceda porque el fanatismo es una cosa que no se cambia ni con un numero grande de evidencias.

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Largo camino por buscar justicia

Las denuncias contra SVC estallaron con la publicación, en el 2015, del libro “Mitad monjes, mitad soldados” de Pedro Salinas y Paola Ugaz, que reunía por primera vez los testimonios de varios jóvenes víctimas de abusos. Pero no empezaron ahí. Hace 21 años, el 26 de octubre de 2000, el exsodálite José Enrique Escardó contó en la desaparecida revista Gente los abusos físicos y psicológicos que sufrió dentro de la organización. En el 2007, el sodálite Daniel Murguía fue arrestado cuando fotografiaba desnudo a un niño de 11 años. Más adelante, en el 2011, se filtraron en la prensa denuncias contra Germán Doig (fallecido en el 2001), quien en ese momento era promovido para beato, y Figari por abuso sexual.

Pese a todo, fue recién cuando apareció el libro de Salinas y Ugaz que la fiscalía intervino y decidió abrir una investigación. Con el archivamiento del caso por prescripción, por parte de la fiscal María Peralta, y posterior reapertura, fue recién el 20 de noviembre del 2017 que la fiscal María León formalizó una denuncia penal contra Figari y otras cinco ex autoridades del Sodalicio por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas graves en agravio de 14 personas. Un año más tarde, el 24 agosto de 2018, la jueza del 25 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima, Fernanda Ayasta, suspendió la audiencia de presentación de cargos y prisión preventiva porque la fiscal había solicitado una ampliación de denuncia por el delito de secuestro. Desde entonces no se conoce más avances en el proceso.

Este Diario solicitó información al Ministerio Público sobre el caso e informaron que se encuentra en investigación preliminar. “Todo está bajo investigación reservada y tratándose de un caso complejo, se encuentra dentro del plazo establecido en el Código Procesal Penal”, respondieron.

José Ugaz, abogado de los denunciantes, explicó a El Comercio que el plazo de 36 meses de investigación por crimen organizado se encuentra vigente. Así lo confirmó esta semana el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

“Acaba de salir la disposición judicial en el sentido que el plazo no ha vencido y que han habido una serie de entorpecimientos por parte de la defensa de los investigados y situaciones de suspensión de la investigación (pandemia) que no son imputables a las víctimas, por lo que quedan varios meses por delante”, dijo.

El abogado señaló que finalmente no se acusó a los exmiembros del Sodalicio por abuso sexual porque se trata de delitos que, para el momento de la formulación de la denuncia, habían prescrito [recién en el 2018 se declaró la imprescriptibilidad de delitos sexuales en el Perú]. “Normalmente en este tipo de agresión sexual contra menores elaborar el trauma toma mucho tiempo y ya cuando las personas deciden hacer esto de conocimiento de las autoridades ha prescrito. El código penal no solamente sanciona las lesiones físicas sino también mentales y es evidente que hay toda una secuela de daño emocional que se ha generado. También planteamos la tesis del secuestro porque la ley peruana tampoco exige que el secuestro sea físico, tiene que ver con la pérdida del libre albedrío”, agregó.

De acuerdo con Ugaz, en marco de las investigaciones ha declarado “una cantidad importante” de testigos que han ratificado las denuncias de abusos dentro de la organización religiosa. Este Diario intentó contactarse con el SVC, pero no fue posible.

Lo que sí concluyó fue la Comisión Investigadora del Congreso por Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, entre ellas el Sodalicio, cuyo informe final se terminó en julio del 2019. Alberto De Belaunde, quien presidió el grupo de trabajo, señala que la disolución del Parlamento no hizo posible que el documento sea llevado al Pleno. El informe, que incluye testimonios de 18 exsodálites que mencionaron haber sido víctimas de abusos sexuales, concluyó que el sistema de justicia peruano no actuó diligentemente con las primeras denuncias (desde el año 2000), que los abusos físicos y psicológicos estaban normalizados dentro de la organización y que se requería establecer protocolos dentro de la institución para atender y resolver denuncias.

“Como comisión mostrábamos preocupación por la estructura vertical fuera de cualquier tipo de control. Sobre todo, el trabajo con menores de edad y sus métodos de captación”, explica el excongresista. En diálogo con El Comercio, agregó que existe el interés de su partido, especialmente de la parlamentaria Susel Paredes, para retomar el informe, actualizarlo y presentarlo al Pleno. Además del Sodalicio, se abordaban los casos de denuncias de abusos en instituciones (como y se presentaban recomendaciones al Estado para evitar que se repitan estas situaciones de violencia.

El título de libro de López de Romaña alude a una prisión invisible porque sostiene que existía un sistema de “control mental” para someter la voluntad de todo aquel que ingresaba a la organización. El daño que le dejó esos años aún no sana y probablemente no lo hagan mientras no encuentre justicia. Su revancha por ahora es seguir contando su historia. “Es muy importante seguir hablando, seguir denunciando no solo por el afán de justicia totalmente válido sino porque existe el riesgo real de que estos abusos continúen. No podemos permitir que otros sufran lo que nosotros hemos sufrido”, dice.

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