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Marcial Rubio Correa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dejaría el cargo días después de haber reconocido que dicha casa de estudios, bajo su administración, incumplió la ley con el cobro de moras a estudiantes retrasados en los pagos. Así lo informaron fuentes de dicha universidad a El Comercio.
Pepi Patrón Costa, quien se desempeña como vicerrectora de Investigación, también habría renunciado y sería el vicerrector Académico Efraín Gonzales de Olarte quien quedaría a cargo del rectorado de forma interina.
En la víspera, los 16 decanos y decanas de las facultades de la PUCP emitieron un comunicado para rechazar que la administración de la PUCP no cumpliera la Ley N° 29947, que desde el año 2012 estableció como tope máximo en el cobro de moras a la tasa de interés dispuesta por el Banco Central de Reserva del Perú. Además, pidieron disculpas a los afectados. El caso salió a la luz hace dos semanas y motivó protestas estudiantiles.
Además, ayer se conoció que Carlos Fosca Pastor renunció a su cargo de vicerrector administrativo.
La Asamblea Universitaria definirá la situación dentro de esta casa de estudios superiores. Fuentes de este Diario señalaron que la próxima reunión se realizará el 14 de diciembre.
-MÁS DE S/30 MILLONES-
El último viernes, en una entrevista con el programa Sin Pauta de la PUCP, el rector dijo que la universidad estuvo “actuando sin cumplir la ley” porque atravesaban problemas económicos a raíz de disputas legales con el Arzobispado de Lima. “La universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”, expresó.
Según dijo, la universidad tiene que devolver unos 30 millones de soles por cobros indebidos en los últimos seis años.
El proceso de devolución de dinero inició el pasado 26 de noviembre para los cobros efectuados desde 2016 a la fecha. A los que pagaron la mora después del 2012 se les devolverá desde el 20 de diciembre.
Cabe indicar que, debido a los cobros irregulares, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Intelectual (Indecopi) abrió investigación preliminar. Los resultados serán evaluados por la Comisión de Protección del Consumidor N° 3 que podría dar inicio a un procedimiento sancionador.
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