Primero aparecieron las líneas blancas que dividen el suelo en rectángulos de 40 o 90 metros cuadrados. Casi en simultáneo, algunas carpas, cercos improvisados y unos módulos de esteras y triplay. Bajo el sol de un otoño inusual, el 11 de mayo empezó la ocupación de un amplio terreno ubicado en el ingreso a la playa de Naplo, en el distrito sureño de Pucusana. Apenas un día más tarde, las carpas empezaron a ser reemplazadas por módulos de material prefabricado. A la semana, la mitad del terreno de más de 20 hectáreas estaba colmado por casetas idéntica. Casi un mes después, son aproximadamente 900 módulos los que ocupan todo el espacio – cuya propiedad se divide entre el Estado y un privado–, tienen un cerco perimétrico, divisiones internas, vigilancia y hasta un paradero de mototaxis.
La invasión en Naplo es apenas un ejemplo del lucrativo negocio de tráfico de terrenos que se repite en varios distritos, especialmente al sur de Lima, y se alimenta de una insuficiente oferta de vivienda formal y del alto nivel de organización de las bandas que lideran este delito.
El 11 de mayo llegó un numeroso grupo de mototaxis y se levantaron pocas carpas.
Poco a poco fue llegando más gente y empezaron a aparecer los módulos.
En una semana, el número de casetas prefabricadas superaba las 500.
“La noche antes de la invasión llegó un mensaje de Whatsapp a varias personas de Pucusana avisando que iban a entrar. Les decían que el terreno era de nadie y que se unan porque mientras más personas era mejor”, cuenta un vecino de Naplo que prefiere mantener su nombre en reserva. Quien le habló de los mensajes decidió no sumarse a la invasión porque sabía que luego iban a empezar a cobrar.
Carlos Rodríguez Melendez, Procurador Público de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), explica que por sus características esta ocupación no se trata de un evento espontáneo. “Es sistemático, organizado y coordinado. En estos casos los que invaden el terreno se retiran y quedan los que compraron y fueron estafados. Hemos encontrado terrenos vendidos que costaron mucho más de lo que hubiera costado por subasta pública”, dice.
La invasión en Naplo fue notificada a la SBN por la procuraduría municipal de Pucusana el 12 de mayo. Sin embargo, el procedimiento de recuperación inició recién el día 21 porque, indica Rodríguez, el primer reporte daba cuenta de un terreno de propiedad privada (de toda el área ocupada ilegalmente, unos 57 mil metros cuadrados son del Estado y el resto de la Cooperativa Lobo Varado LTDA N°530). Recién el 18 de mayo una inspección de la SBN confirmó el avance hacia el predio del Estado. Actualmente, la diligencia de recuperación está en manos de la Policía Nacional a través del procedimiento extrajudicial avalado en los artículos 65 y 66 de Ley 30230. “Estamos haciendo las coordinaciones para hacer efectiva la recuperación, el procedimiento ya está activado. Es inminente”, añadió Rodríguez.
Problema de fondo
Todos los meses, la SBN recibe unas 20 denuncias por ocupaciones indebidas o invasiones en terrenos del Estado, de las cuales llegan a recuperarse entre 6 y 7 predios al mes. Eso quiere decir que unos 14 permanecen en manos de traficantes, especialmente en distritos como Villa María del Triunfo, Santa Rosa, Ancón, Independencia, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate y Lurín. Aunque con una creciente incidencia en el sur de Lima e Ica.
El mecanismo es similar: un grupo organizado, muchas veces con fuertes vínculos en las municipalidades, toma un terreno desocupado, lo lotiza y, por medio de las ventas sucesivas, termina en manos de un ciudadano que no siempre conoce el origen ilegal del predio.
Se trata de una de las actividades ilícitas más lucrativas que se alimenta de la demanda insatisfecha de vivienda. Se estima que el tráfico de terrenos y la usurpación de propiedades mueve 1.100 millones de dólares al año en el país, de acuerdo con la investigación “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, elaborada por Capital Humano y Social (CHS), la Fundación Konrad Adenauer y USAID.
El delito de usurpación, que se sanciona con hasta 12 años de prisión en su forma agravada, genera en promedio más de mil denuncias al mes. Según estadística de la policía, solo entre el 2019 y 2021 se registraron 26.872 denuncias por este delito.
De acuerdo con la SBN, desde el 2014, cuando entró en vigencia la norma que permite la recuperación extrajudicial de terrenos, han recuperado 29 millones de metros cuadrados ocupados ilegalmente (290 mil hectáreas), lo que corresponde a 601 predios del Estado. Sin embargo, el negocio ilegal sigue casi imparable.
Para Álvaro Espinoza, investigador de GRADE, se trata de un mercado ilícito muy rentable porque se ofertan lotes que tarde o temprano son legitimados por el Estado. En el país, el 93% del nuevo suelo urbano es informal. “En la práctica, la política del Estado peruano es dejar que la gente ocupe y luego les llevan servicios para remediar su situación. Ya no hablamos de invasiones como en los años 70 a 90, en la que grupos de familias se organizaban para ocupar terrenos vacíos. Ahora funciona con mafias que lotizan terrenos y los venden lote por lote. Es rentable porque cobran por terrenos que en el futuro van a tener luz, agua y título”, dice.
Por ello, considera que se requiere no solo persecución del delito sino reformular los programas de vivienda social que habiliten más terrenos – sanear uno tarda en promedio tres años para las inmobiliarias formales– y que facilite financiamientos a más personas.
Para entender la magnitud de la brecha: cada año unas 143 mil familias buscan casa en Perú, pero el mercado formal ofrece en promedio 42 mil – Capeco estima que en un buen año se puede llegar a 60 mil–. Al resto le quedan pocas alternativas. “Unas 85 mil familias recurren al mercado informal y el resto se quedan hacinados”, dice Espinoza.
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