Municipalidades y COVID-19: casi 1.000 denuncias por corrupción en compras durante la pandemia

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Las diligencias, a cargo de la fiscal Zoila Sueno Chirinos, se realizaron ayer desde las 6 de la mañana en inmuebles de funcionarios y proveedores ubicados en diez distritos de Lima, en marco de la investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Se acusa a la gestión de Rojas Maza de direccionamiento y sobrevaloración en compras realizadas este año debido a la pandemia. Según la fiscalía, habría un monto de S/1′472.000 que no coincide entre los gastos entregados a los regidores y lo declarado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

CASOS RECURRENTES

Aunque esta vez fue San Luis, las denuncias por presunta corrupción en compras municipales durante la pandemia son bastantes frecuentes. En los últimos meses, la fiscalía ha recibido casi 1.000 denuncias sobre este tipo.

Del 16 de marzo al 30 de setiembre, 999 denuncias han sido interpuestas por supuestas irregularidades en adquisición de bienes y contratación de servicios en municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional. De estas, gran parte tiene que ver con colusión entre funcionarios y proveedores para la adjudicación de contratos a cambio de dividendos ilícitos a favor del trabajador municipal, sostiene Omar Tello Rosales, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

"La colusión, negociación incompatible y peculado son los tres grandes delitos asociados a compras irregulares por el COVID-19”, explicó a El Comercio.

Ya para junio pasado, la Defensoría del Pueblo había emitido un informe para alertar que se reportaron procesos de adquisición y entrega de canastas con bajos niveles de transparencia. En ese entonces, se detectó que al menos 52 municipalidades del país habían comprado canastas a un costo superior al establecido por la Presidencia del Concejo de Ministros (S/.100). Ese mismo mes, la Contraloría General de la República también detectó que 4.212 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional habrían recibido canastas pese a que no se encontraban dentro de la población vulnerable.

Las intervenciones fiscales también han sido recurrentes. De junio a la fecha, el Ministerio Público ha allanado al menos 12 municipalidades de Lima (Ancón, Chosica, Chorrillos, Pucusana, Puente Piedra, Comas, Independencia, Magdalena, Breña, Pueblo Libre, San Martín de Porres) y otras 11 en más regiones del país por investigaciones vinculadas con la compra de productos de la canasta, artículos de desinfección, entrega de víveres a funcionarios, entre otros.

De acuerdo con Tello Rosales, las investigaciones fiscales buscan determinar si los costos presupuestados por las comunas coincidía con los valores de los productos en la fecha de compra, para lo cual se realizan peritajes técnicos con estudios de mercado. Estos informes resultan indispensables para contrastar las versiones de alcaldes y funcionarios que responsabilizan de los sobrecostos a las fluctuaciones de precios por la pandemia.

“A través del peritaje podemos establecer si efectivamente el precio del mercado de ese momento era el que obedecía en los contratos. Hay productos que no registraron un alza, aunque era importantes, como la lejía que mantuvo su precio”, explicó a este Diario. A esto se suma consideraciones sobre el accionar de los funcionarios como la adjudicación “a proveedores recurrentes sin experiencia o a empresas conformadas recientemente para efectos de la contratación investigada”, dice.

Sin embargo, una de las dificultades para agilizar las investigaciones es el déficit de fiscales anticorrupción y logística para realizar diligencias a tiempo. La duración de cada investigación es determinada por el fiscal según la complejidad del caso. “Tenemos aproximadamente 540 fiscales a nivel nacional y eso es muy reducido para todas las investigaciones. El 2019 cerramos con 13.444 denuncias ingresadas y ahora hay que sumarle las que vienen dándose por la pandemia. Hay falencias de recursos económicos, de personal y logísticos”, indica Tello Rosales.

Sobre este tema, en marzo pasado, la fiscal de la Nación, Zoraida ávalos, solicitó más recursos al presidente Martín Vizcarra para la lucha contra la corrupción..

COMPRAS CUESTIONADAS EN SAN LUIS

Las investigaciones contra la Municipalidad de San Luis se iniciaron el 12 de agosto a raíz de un reportaje periodístico de ATV Noticias que daba cuenta de presuntas adquisiciones con costos superiores al valor del mercado.

De acuerdo con la fiscalía, de 167 órdenes de compra hasta agosto, el 61% (102) beneficiaron a cinco proveedores, entre ellos una empresa cuyo gerente sería cercano al burgomaestre, por un monto de S/104 mil. Esta situación “revelaría un interés indebido”, indicó el Ministerio Público en un comunicado emitido ayer.

Esta es la segunda vez que se interviene el local municipal. El 20 de agosto pasado, fiscales y policías de la Diviac ingresaron a las mismas oficinas para incautar documentos relacionados con las compras para combatir la pandemia del COVID-19 en el distrito y ejecución de presupuesto del año 2019.

Esta vez, además de las oficinas de Alcaldía, subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales de la entidad edil, se allanaron los locales de las proveedoras Corporación Makesp EIRL, Tairi Mercedes Ferrer Pérez, Jorge Luis Céspedes Hinojosa, F&M INGEDIFICA SAC y Grecia Jackeline Llancul Silva.

A las recientes inspecciones esto se suma la investigación iniciada en julio pasado por una comisión especial creada en el Concejo Municipal para fiscalizar la compra productos para canastas básicas. El informe final de dicho grupo de trabajo concluyó que el proceso de adquisición “no se realizó conforme los lineamientos emitidos por la PCM [Presidencia del Consejo de Ministros]”. Además, se determinó que, de 1.266 canastas, 253 nunca fueron entregadas a sus beneficiarios.

Dicho documento también advierte que se “existen indicios razonables de inconducta funcional” de funcionarios municipales para favorecer presuntamente a uno de los proveedores cuyo local fue intervenido ayer por la fiscalía.

El teniente alcalde Zee Corrales, miembro de la citada comisión especial, asegura que el presunto direccionamiento de compras se evidenció en, por ejemplo, compras a una empresa que solo ha facturado con el municipio de San Luis desde que se creó, el año pasado. El cotejo de las órdenes de compra realizadas entre marzo y julio detectó adquisiciones con precios en los que la lejía variaba de 60 a 160 soles, guantes de nitrilo de 80 a 150 soles, termómetros de 490 a 750 soles, entre otros.

“Cuando una empresa compraba, la otra cotizaba y viceversa. Fue un pimpón de compras sobrevaloradas. Hemos detectado también separadores para filas de bancos comprados a 400 soles cuando el precio del mercado es 200”, dijo a Este Diario. Por esta razón, un grupo de regidores solicitado la suspensión del alcalde mientras dure las investigaciones.

Para el alcalde Rojas Maza, sin embargo, las denuncias son parte de una campaña “calumniosa” y una “venganza política” por parte del exfuncionario municipal. En declaraciones a Canal N, el alcalde señaló que el extrabajador que inició la denuncia, Efraín Díaz, fue despedido por un presunto asesoramiento a empresas mientras trabajaba en la municipalidad.

La autoridad aseguró que no existe una presunta sobrevaloración y que todo el proceso se ejecutó de forma regular. Al tratarse de compras de menor cuantía, no se hizo licitación pública, dijo. “Mi municipio no realiza compras grandes. Ese millón 400 mil es el presupuesto de un mes. Nosotros hemos hecho compras por menos de 8 UIT, las cuales ni llegan a S/21 mil o S/25 mil. Se hizo estudio de mercado. Se hizo adjudicación directa”, agregó.

Asimismo, dijo que colabora con las investigaciones de la fiscalía. Como parte de la investigación preliminar el Ministerio Público levantará la reserva de las comunicaciones y telecomunicaciones de los involucrados.

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