En el corazón del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un problema amenaza la seguridad y la tranquilidad de los pasajeros: las asociaciones de taxis no autorizados que despliegan todo tipo de estrategias para competir contra las empresas de taxis oficiales, generando caos e inseguridad en las inmediaciones del terminal aéreo. Se trata de las asociaciones que, como reveló El Comercio, tienen a unos 200 choferes con antecedentes policiales y procesos en la fiscalía por delitos que van desde el robo y el secuestro hasta el homicidio.
Las modalidades se resumen en varias prácticas pero el objetivo es el mismo: apoderarse de la vía libre ubicada en la zona de parqueo para acaparar el 100% de la demanda de taxis por parte de los pasajeros. Es desde el parqueo donde buscan a sus pasajeros y obstruyen las vías de acceso, generando peleas y conflictos por el espacio. En paralelo, han tomado un perímetro de casi 300 metros cuadrados en la parte exterior (Av. Elmer Faucett). Todos ellos se afilian a sus gremios a través de pagos diarios y categorías que les otorgan prioridad, utilizando la intimidación para mantener su control sobre el área.
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Las asociaciones, una vez realizado el primer pago de “inscripción” que va desde S/1.500 soles hasta los US$8.000, les dan un fotocheck y una camisa. Con ello buscan dar una imagen de legitimidad a los choferes, aunque el 70% de ellos no tienen autorización para brindar el servicio, según la Autoridad del Transporte (ATU). Se trata solo de asociaciones inscritas ante registros públicos, nuevamente, para brindar la percepción de credibilidad. A partir de ese primer pago, están obligados a pagar cupos diarios por el derecho a usar la vía libre.
El pago que realizan sirve también para reclutar a personas desconocidas que amenazan e intimidan al personal que fiscaliza el transporte, como se observa en este video donde el sujeto con tatuajes amedrenta a inspectores de la ATU
Un espacio tomado por completo
Una modalidad es emplear a jaladores para persuadir a los pasajeros de elegir sus servicios, generando competencia entre ellos y creando un ambiente de desorden. Algunos taxistas cambian de conductor para evadir controles. Dentro de esta última modalidad, El Comercio detectó que taxistas del aeropuerto han ideado contratar a conductores -ubicados en la av. Elmer Fauccet- que van ingresando y retirando sus vehículos de manera permanente por la vía libre, creando un caos de tráfico de hasta 20 minutos para los pasajeros y sus familias que solo buscan llegar o partir del aeropuerto. Esta rotación de vehículos por la vía libre les permite evadir el pago de estacionamiento (7 soles la hora o fracción).
La zona exterior del aeropuerto ha sido tomada como “base” donde esa flota de choferes tercerizados esperan el aviso desde adentro para ingresar con alguno de los autos asociados.
Estas prácticas no solo confunden a los pasajeros, sino que también representan un riesgo grave para su seguridad. La falta de filtros de seguridad en la afiliación de estos taxistas permite la presencia de individuos con antecedentes delictivos, aumentando la posibilidad de confrontaciones físicas y robos. A pesar de la presencia policial en el área, la falta de un código de conducta y normativa punitiva dificulta la intervención efectiva contra estas mafias. La situación se agrava por la falta de autoridad clara en las afueras del terminal, donde las asociaciones informales operan prácticamente sin restricciones.
Lotización del estacionamiento
De casi 800 taxistas operan en el aeropuerto del Callao, alrededor de 280 de ellos desembolsan diariamente desde 20 hasta 40 soles diarios a las asociaciones que controlan tres áreas de estacionamiento, es decir, “lotizan” la vía libre de parqueo por al menos S/5.600 al día o casi 170 mil soles al mes. Pero detrás de este negocio se esconden prácticas de acoso y hostigamiento hacia los pasajeros, como se ha denunciado en los últimos meses.
El Comercio accedió al testimonio encubierto de una persona que se hizo pasar como postulante, donde el representante le explica las modalidades y el proceso de inscripción de taxistas. En este caso, al chofer se le pide pagar 22 soles diarios para tener el derecho a operar en una de las zonas tomadas por ellos y, además, que un chofer ingrese su carro permanentemente y así no tener que pagar parqueo. El sujeto que se dirige al postulante es Erwin Lopez, gerente de la empresa Los Doce Inversiones SAC, quien presenta un historial penal tras cumplir una condena en centro penitenciario.
El precio que pagan estos taxistas por un lugar para atraer clientes depende de cuán cerca estén de los viajeros recién llegados. La primera zona les permite tener un primer acceso a los pasajeros, y deben pagar un precio más alto debido a sus mejores oportunidades de conseguir clientes.
Una conversación con otro representante revela que a los postulantes se les pide pagos de hasta 1.500 soles anuales, aparte del pago semanal o diario para la contratación de choferes desconocidos que ingresan los autos.
Detrás de ellos se instala otro grupo que enfrentan amenazas y hasta agresiones si se atreven a adelantarse a los de la Zona 1. Mientras tanto, los taxistas de la tercera línea, ofrecen tarifas más bajas pero no se quedan atrás en tácticas de persuasión, incluyendo ayudar con el equipaje para ganar unas cuantas monedas extra.
Una cuarta zona estratégica, ubicada entre ambas áreas de llegada, se convierte en el punto de espera para los momentos de mayor tráfico de vuelos.
Responsabilidades
Desde enero de 2020, el aeropuerto Jorge Chávez ha sido testigo de una lucha constante contra el desorden generado por asociaciones informales de taxistas. Ante esto, LAP buscó el respaldo de Ositrán para establecer reglas claras que garanticen la seguridad y operatividad en la playa de estacionamiento.
A pesar de los esfuerzos, la pandemia no detuvo el caos. LAP volvió a solicitar apoyo en abril de 2022, denunciando actos de desorden y bloqueo de vías por parte de grupos informales. Tras ajustes, Ositrán finalmente aprobó las reglas en enero de 2023, con implementación prevista para marzo.
Sin embargo, en febrero, protestas de taxistas informales desafiaron las medidas, retrasando su efectividad hasta diciembre de 2023. Meses después, LAP se vio envuelta en negociaciones con asociaciones de taxis del Callao, abortadas al descubrir antecedentes penales en algunos representantes.
Aunque se lograron ajustes en las normativas, como la eliminación de ciertas disposiciones, la realidad en el aeropuerto persiste. La marcha blanca se extendió hasta enero de 2024, pero las disputas entre taxistas afectan la experiencia de miles de usuarios, pese a la reducción de la congestión.
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