Hernán Medrano Marin
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A la orden del día y sin ningún escrúpulo. Las han aumentado de forma alarmante en los últimos años en todo el país (incluso en pueblos pequeños), aunque Lima, el Callao y Trujillo son los escenarios donde este tipo de delito, que consiste en obtener dinero u otro beneficio de una persona mediante el uso de amenazas e intimidación, se comente con mayor frecuencia.

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Uno de los últimos casos ocurrió el pasado 21 de febrero, cuando delincuentes asesinaron de cuatro balazos a un mototaxista (Leonardo Alexander Caripe Brito) en Los Olivos, por negarse a pagar cupos. Por si fuera poco, el crimen fue grabado y el video compartido en redes sociales a manera de amenaza para el resto de transportistas de la zona.

Similar hecho se registró el 1 de febrero en Campoy, San Juan de Lurigancho. Un hombre fue asesinado de seis disparos en la cabeza dentro de su vivienda. Al parecer, la víctima fue confundida con su hermano, quien tiene una empresa de construcción civil y que desde hace semanas venía recibiendo amenazas contra su vida vía telefónica. Desconocidos le exigen miles de soles.

En tanto, en Trujillo, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) capturaron el 16 de este mes a cuatro integrantes de una banda de extorsionadores que se hacían pasar por repartidores. Una de las agraviadas, dueña de un restaurante, contó que los criminales dejaron una carta en la puerta de su negocio junto a una bala. Le pedían un cupo.

Desde aproximadamente el 2000, gran número de bandas delictivas, antes dedicadas al hurto, decidieron virar hacia la extorsión. Según fuentes de la policía y personas agraviadas, el norte del país está plagado de estos delincuentes. Allí no solo afectan el transporte público, sino también a empresas de distintos rubros y tamaños, desde importantes compañías hasta pequeños comerciantes. El modus operandi de la extorsión se adapta al perfil de la víctima, siendo los principales el cobro de cupos y la oferta de ‘seguridad’.

En el caso del Callao, las denuncias de extorsión se han duplicado. El jefe de la Divincri del primer puerto, Francisco Casafranca, indicó que en el 2020 se registraron 37 casos, mientras que en el 2021 la cifra alcanzó los 70. Asimismo, en lo que va de este año ya suman 12 las denuncias por el mismo delito.

Señaló que las modalidades más recurrentes de este delito en el Callao “son las amenazas, la exposición a la intimidad y el cobro de dinero” a vecinos, transportistas, al sector de construcción civil y comerciantes.

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En diálogo con El Comercio, el comandante PNP (r) Mario Sánchez Vera detalló que por lo general la información que utilizan estas bandas para extorsionar proviene directa o indirectamente de familiares o personas allegadas a la víctima. “La información de la capacidad económica sale del entorno cercano”, dijo.

Precisó que la cúpula de estas organizaciones criminales está en los penales. “Los cabecillas están las 24 horas pensando cómo hacer dinero afuera. Incluso, dividen la banda en dos grupos: los que van a conversar con las víctimas y los que actúan violentamente cuando estas no aceptan pagar”, dijo.

El factor miedo

Sánchez Vera detalló que la principal arma de los extorsionadores es el miedo. De esta manera, se aseguran de que la víctima no vaya a la policía y prefiera pagar. Ese es el error, pues se debería denunciar el hecho y mantener la calma. “Su intención es causar pánico a través de cartas, mensajes, balas y granadas. Una vez que pagas ya te ponen en agenda y te seguirán pidiendo plata. El extorsionador cuando ve que no vas a darle dinero normalmente busca otra víctima”, explicó.

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En ese sentido, añadió que en los últimos dos años la pandemia ha ayudado al aumento de la extorsión. “Estas mafias aprovechan la situación psicológica de las personas. Con la pandemia han tenido tiempo suficiente para cometer sus delitos debido al temor generalizado en la población”, aseveró.

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