Gobierno asigna S/21 millones para seguridad, pero distritos en emergencia solo tienen 7 días para ejecutarlos

El pasado 14 de diciembre se emitió en el diario oficial El Peruano el decreto supremo que oficializaba una promesa dada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a los alcaldes distritales: la dotación de recursos económicos que su cartera no utilizaría. El monto a disponer es de 21 millones 697 mil soles entre 14 distritos (13 de ellos en estado de emergencia).

Si bien el decreto con la autorización del monto se emitió el sábado 14, recién el lunes 16 se emitieron los anexos con el monto detallado que recibiría cada distrito. La distribución va desde S/ 406 mil (para San Luis) hasta S/ 1 millón 912 mil (para Independencia).

El alcalde Rennan Espinoza, líder de la Mancomunidad de Lima Norte, advirtió que los municipios en estado de emergencia apenas tendrían siete días hábiles para ejecutar el presupuesto dado para la seguridad ciudadana. De lo contrario, este dinero sería revertido al erario nacional.

“Encima existe un riesgo debido a que se dice que el presupuesto debe ser para seguridad nacional. Podría interpretarse que eso implica a la seguridad ciudadana, pero por mi experiencia, esto luego podría ser objetado”, refirió el alcalde de Puente Piedra a El Comercio.

Espinoza indicó que, por los montos y por el tiempo, los alcaldes tienen 3 caminos: una compra muy específica (como camionetas, cámaras), realizar compras menores a 8 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) de elementos como chalecos antibalas, armas no letales autorizadas y otros productos para serenazgo, o buscar que el MEF amplíe el plazo de ejecución hacia enero de 2025.

Ante el corto periodo de tiempo para ejecutar, el alcalde Espinoza ha dispuesto gastar el presupuesto en uniformes para serenazgo, coderas y rodilleras, linternas, cordones tácticos, bastones tonga y chalecos antibalas. Esto es lo más fácil de obtener en el mercado, dado a que la mayoría de alcaldes ya han realizado este tipo de compras y tienen proveedores a la mano.

En los anexos de las transferencia figuran 14 distritos como los beneficiados: 13 de ellos en estado de emergencia y San Luis. En 2023, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, había pedido que la medida del estado de emergencia se extienda a todos los distritos de la capital.

San Martín de Porres es uno de los distritos que se encuentran en estado de emergencia, pero su alcalde Hernán Sifuentes rechazó el beneficio la transferencia del Ministerio del Interior por las condiciones del corto plazo dado y por ser una entrega tardía. Sifuentes ha sido crítico con el gobierno por la falta de estrategia, pues acusó que la declaratoria se dio sin comunicación o reunión previa con las autoridades locales. Es por ello que los operativos conjuntos (Serenazgo, Policía y Fuerzas Armadas) en su distrito no se dieron hasta la quincena de octubre.

En 2023, el distrito de San Martín de Porres quiso alquilar nuevas unidades para patrullaje, pero el proceso fue declarado desierto por no tener ofertas. “El estado de emergencia fue decretado en setiembre, pero el presupuesto fue transferido recién a mediados de noviembre, y solo se nos dio un plazo de 40 días para contratar con ciertos requisitos y condiciones dadas por el gobierno. Ningún proveedor podía equipar en tan poco tiempo las unidades de acuerdo a los criterios que nos indicaba el ministerio y finalmente alquilar las camionetas por tan solo los 25 últimos días del año. Por ello es que el proceso quedó desierto”, explicó el alcalde Hernán Sifuentes en una entrevista a El Comercio.

“El presupuesto fue transferido tardíamente. El Ministerio de Economía se demoró una eternidad y nos hizo correr con los procesos. Hay que ser muy cuidadoso cuando se hace un proceso de licitación de contratación de alquiler en el Estado. Creo que los requerimientos estaban, los criterios estaban bien dados; sin embargo, el plazo para de la transferencia fue demasiado tardío”, anotó Sifuentes.

Este Diario consultó a otros municipios en estado de emergencia sobre el uso que le darían al presupuesto adicional transferido para este cierre de 2024, y la mayoría refirió que estaban en evaluación según los marcos establecidos en el decreto emitido por el gobierno.

Un detalle a tener en cuenta es el nivel de ejecución de los gobiernos locales. En materia de seguridad ciudadana, solo el distrito de Carabayllo supera el 90% de ejecución a menos de 15 días para el cierre de 2024.

Mientras que Rímac y Santa Rosa -los dos últimos distritos incluidos dentro del marco de estado de emergencia- han ejecutado menos del 50% de su presupuesto para seguridad al cierre de 2024. El alcalde del Rímac, Néstor De la Rosa, ha dejado de ejecutar más de S/ 3 millones y el alcalde de Santa Rosa, George Robles, cierra el año sin haber gastado más de S/ 1 millón.

Entre las 43 gestiones municipales de Lima, no han gastado más de S/ 161 millones en la partida para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.