“Formalicemos o no formalicemos, ellos seguirán trabajando”. La microscópica hondura de esta frase, de autoría del presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, don Luis Carlos Simeón Hurtado, resume el tono del teledebate que se llevó a cabo ayer en el pleno para aprobar la ley del taxi colectivo.
El texto no fue el mismo que había aprobado el Parlamento anterior, ya que ayer mismo el propio Simeón Hurtado presentó uno sustitutorio que incluía medidas de bioseguridad y protocolos sanitarios ante los peligros que entraña la pandemia. Este proyecto, a su vez, recibió otro cambio: se excluyó de la medida a Lima y Callao. Pese a estas modificaciones de último momento, sin estudios técnicos que las avalen, la iniciativa fue aprobada y, como broche de oro, se la exoneró de segunda votación.
En su crónica sobre la sesión, el periodista Martín Hidalgo da cuenta de los disparatados argumentos esgrimidos por los congresistas durante la discusión. A sus críticos les pidieron que viajaran al interior del país “para conocer la realidad” de los transportistas (Johan Flores, Podemos). Hubo quien destacó el valor social de la norma al reconocer el derecho al trabajo de los colectiveros, pese a que, como ha informado El Comercio, no solo traen caos a las calles, sino que quiebran el reglamento de tránsito, se enfrentan a policías e inspectores, no pagan sus multas y pueden convertirse en un foco móvil de contagio del COVID-19.
No podían faltar quienes usaron el manoseado argumento centralista (“Lima no era el Perú” repitieron Arlette Contreras, de los No agrupados; y Miguel Ángel Vivanco, de Fuerza Popular). Tan en serio se tomaron la frasecita que en plena discusión alguien recordó que existía la ATU y ¡zaz! de un plumazo decidieron excluir a Lima y el Callao de los alcances de la ley.
Este nuevo Congreso se ha puesto una meta muy ambiciosa: ser peor que el anterior. El drama para el país es que se han tomado ese objetivo muy en serio.