El futuro de la educación superior en juego: Congreso debate hoy norma que atenta contra la Sunedu: Opinan los expertos

Día decisivo. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República discutirá hoy, desde las 3 p.m., la autógrafa de ley que busca cambiar la conformación de los miembros del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) e incorporar a representantes de universidades públicas y privadas.

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Esta ley fue observada por el presidente Pedro Castillo el pasado 30 de mayo, luego de ser aprobada en segunda votación por el pleno. A través de un documento enviado al Legislativo, el mandatario señaló que dicha normativa es inconstitucional y atenta contra la imparcialidad, autonomía e independencia funcional de la Sunedu.

Jorge Mori, experto en políticas públicas de educación superior, indicó a El Comercio que la observación hecha por el Poder Ejecutivo “es muy contundente a nivel técnico y legal”, por lo que lo apropiado sería que la Comisión de Educación no le otorgue luz verde.

“Corresponde que la comisión [de Educación] analice realmente los argumentos del Gobierno, a fin de que se modifique y mejore el proyecto. En caso insista con la norma así como está, desnudaría el potencial conflicto de intereses para debilitar a la Sunedu”, dijo.

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Mori precisó que si los congresistas insisten en la autógrafa, necesitarían 66 votos para que se apruebe. De darse esto, un efecto inmediato sería el cambio total del consejo directivo de la Sunedu en 30 días, cesando la actual gestión, pues así lo estipula la norma.

“Esperemos que el Congreso reflexione y se dé cuenta de que si la ley se aprueba tal y como está generaría inestabilidad en el organismo”, señaló.

Mientras tanto, el especialista comentó que diversos grupos de personas, bajo la dirección de la organización sin fines de lucro Foro Educativo, recolectaron ya más de 5.000 firmas en todo el país para presentar una acción inmediata de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en caso se apruebe nuevamente la ley.

“El Poder Ejecutivo también podría presentar este recurso. No obstante, hasta que se emita el fallo, la ley estaría en vigencia”, explicó.

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Por su parte, Eduardo Dargent, politólogo de la PUCP y experto en educación superior, espera que algunos congresistas hayan podido analizar con mayor detenimiento la norma y se decidan por no darle su aprobación. Aunque opina que ve difícil que este panorama se pueda dar.

“Es una buena oportunidad para que el Congreso comience a alinearse con la opinión pública. La aprobación de la norma crearía en la Sunedu un consejo directivo que permita mayores flexibilidades en los estándares de calidad. Ese sería el objetivo con los probables futuros nombramientos”, acotó.

Dargent sostuvo que, si se aprueba la autógrafa, se deberá buscar ejercer acciones de fiscalización y control para que no se lleve a cabo un retroceso total en el marco de la reforma universitaria.

Mayor pluralidad

Para el exministro de Educación Idel Vexler, sí es necesario que haya una mayor pluralidad dentro del consejo directivo de la Sunedu, con la inclusión de representantes de universidades públicas y privadas. Sin embargo, dejó en claro que de ninguna manera deben ser los rectores, decanos o cualquier otra autoridad.

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“Sí creo que hay que hacer unos ligeros cambios en el consejo directivo [de la Sunedu], pero no como lo estipula el proyecto. Si las universidades quieren tener representantes, muy bien, que los haya, pero estos deben reunir una serie de altos requisitos y ser elegidos por los profesores principales de las universidades”, consideró.

Vexler añadió que se debe elaborar una disposición complementaria que garantice que las universidades cuyas licencias han sido denegadas continuarán con el proceso de cierre, sin dar marcha atrás.

Medida cautelar

La Sunedu solicitó al Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima una medida cautelar contra la autógrafa de ley que busca modificar la Ley Universitaria, a fin de que se suspenda provisionalmente el debate para su aprobación y promulgación hasta que concluya el proceso de amparo, el 12 de julio próximo.

“De lo contrario, la eventual sentencia del proceso de amparo no tendría efectos en la práctica, si la audiencia única se realizará mucho después que la norma entre en vigencia”, se lee en el comunicado.