Detención en San Marcos: ¿por qué no se entregaron los documentos de identidad inmediatamente?

Dos días después, un informe interno de la Policía Nacional del Perú (PNP) concretó que se habían tomado todas las puertas de acceso a la San Marcos por “personas ajenas a la institución”. Al día siguiente, en horas de la mañana, el comisario de la PNP Harold Sandro Villar informó sobre la denuncia por el presunto robo agravado en contra del personal de seguridad de la UNMSM, a quienes les habrían quitado equipamiento de protección.

Fue basándose en estos hechos que el apoderado judicial de la UNMSM, Abelardo Rojas Palomino, solicitó el sábado 21, de carácter urgente, que la policía proceda a la liberación de las puertas “tomadas ilegalmente por un grupo de 300 personas”, según indica el oficio del Ministerio Público respecto a la diligencia en contra de los presuntos autores de los delitos de usurpación agravada y daños en agravio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El Comercio conversó con Rubén Vargas, exiministro del Interior, quien explicó que entre las atribuciones de la PNP está la posibilidad de intervenir delitos de flagrancia sin necesidad de que sea acompañado, durante la operación, de representantes del Ministerio Público. “Eso es lo que se utilizó como fundamento legal para esta intervención [en San Marcos]”, alegó.

El exministro enfatizó en que esta función está pensada para detener delitos comunes en un ambiente cotidiano, y cuestionó que se haya utilizado la figura de la flagrancia para intervenir la Universidad.

“Creo que la inteligencia [de la PNP] debió haber dado mayor información para graduar la intervención por flagrancia. A partir de lo que había, creo que una intervención más quirúrgica, más puntual, hubiese sido menos aparatosa”, comentó Vargas. Además, objetó la utilización de una tanqueta para atravesar la reja de una de las puertas del campus.

Por su parte, el abogado Julio Arbizu, quien estuvo con los detenidos, comentó a este Diario que el operativo fue “desproporcional” y que varias de las personas detenidas no tenían relación con los cargos imputados. Explicó que algunas solo habían ido a tomar desayuno o llevar donaciones, no pernoctaban en la UNMSM, e igual fueron detenidas. “No solamente ha habido una serie de irregularidades [durante la intervención policial], sino que también hecho de la manera más brutal y antijurídica”, agregó el letrado.

Agregó que las pancartas que cubrían la puerta de la universidad, con frases como “no matarás ni con hambre ni con balas” o “la sangre derramada jamás será olvidada”, fueron catalogadas por la PNP como referentes al terrorismo. El acta del Ministerio Público las identifica como “alusivas a incentivar actos de violencia”.

Devolución de pertenencias no es inmediata

Cientos de efectivos policiales llegaron a las afueras de la puerta 3 de la San Marcos con el propósito de detener a las casi doscientas personas que se encontraban en el lugar, entre alumnos, manifestantes y personas que llegaron a dar donaciones.

Utilizando bombas lacrimógenas y una tanqueta para destruir la reja, los agentes del orden lograron reducir a los presentes. Videos revelan que, durante la intervención, algunos policías insultaron a los manifestantes y maltrataron a personas mayores de edad.

Julio Arbizú resaltó que hubo una “serie de irregularidades” durante el operativo y que los efectivos policiales realizaron “exclamaciones racistas” en contra de los detenidos. En total, 193 personas fueron retenidas: 102 en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y 91 en la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

En esa línea, Vargas refirió que “se trató a personas vulnerables como si se tratasen de delincuentes comunes, y se trataban de personas que vinieron a Lima a protestar”.

Finalmente, un día después, todos fueron liberados. En el momento, se denunció que la PNP no había devuelto los documentos de identidad y otras pertenencias. En conversación con El Comercio, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, explicó que esto se debe a que todas las posesiones de los detenidos son retenidas durante cualquier intervención.

Estos elementos, añadió Castillo, pasan por un proceso de investigación, por lo cual la devolución de estos está en cuestión de la decisión del fiscal encargado. “Cuando una persona es detenida, todo lo que porta es incautado y es lacrado. El fiscal dispone la entrega o no de estos bienes. Este es el procedimiento habitual. A veces, la entrega se hace después de meses”, arguyó.

Defensoría exige respeto a las mujeres detenidas

Otro hecho denunciado por las personas detenidas fueron tocamientos indebidos y la retención de dos mujeres gestantes, una menor de edad y personas con discapacidad. Si bien el vocero de la Defensoría reveló a El Comercio que la entidad no recibió denuncias de actos de abuso sexual por parte de las autoridades durante el proceso de retención, la Defensoría se pronunció al respecto de manera general.

“Es necesario que se garantice a las mujeres detenidas una atención diferenciada y con enfoque de género, que permitan una atención digna y coherente con el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, sin ningún tipo de discriminación”, mencionan una nota de prensa.

Además, tanto Castillo como Arbizú resaltaron la ausencia de intérpretes que ayudaran a las personas quechuahablantes a comunicarse fluidamente durante la detención. Castillo indicó que fue gracias a las labores del Ministerio de Cultura y la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos que se pudo llevar a traductores.