COVID-19: Gestión de Martín Vizcarra gastó más de 22 millones de soles en pruebas rápidas no recomendadas

Por Mayté Ciriaco

El 8 de abril del 2020, con los datos limitados que tenía, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado en el que no recomendaba el uso de pruebas de diagnóstico rápido COVID-19, una posición que ha mantenido a lo largo de la pandemia. Estas pruebas sirven para detectar los anticuerpos generados para combatir el virus que una persona produce a los siete días de haberse contagiado. Es decir, si se le toma una prueba rápida en su primera semana con la enfermedad, lo más probable es que le salga un falso negativo.

Un mes después, la OMS explicó que las pruebas rápidas tenían menos sensibilidad y que lo recomendable era usarlas de forma complementaria con las moleculares, aquellas que detectan el virus al tercer día de infección y que permiten aislar al sujeto para evitar el contacto con otras personas.

Pese a ello, el expresidente Martín Vizcarra decidió implementarlas de manera masiva llegando a desembolsar más de 22 millones por estas pruebas no recomendadas, según detectó la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio. De todas las compras realizadas por el sector público (Ejecutivo y gobierno subnacionales) sobre pruebas para monitorear el COVID-19, el 98,63% fueron pruebas rápidas. Todo esto avalado por directivas del gobierno central.

“Basar la estrategia en pruebas rápidas ha sido uno de los peores errores que hemos cometido”, asegura el epidemiólogo Jorge Maguiña, docente de la Universidad Científica del Sur. Según explica, la sensibilidad de estas pruebas se reduce fuera de ambientes clínicos. Pese a que las empresas afirman que estos dispositivos médicos pueden tener entre 80% y 90% de efectividad, Maguiña y sus colegas han podido verificar que este es un resultado en laboratorio, pero que en realidad la efectividad de estas pruebas es de 50% o 60% máximo.

La efectividad puede aumentar recién en el día 12 a un 75%. No obstante, las personas con síntomas se realizarán las pruebas en los primeros días, cuando incluso estas no pueden detectar ninguna respuesta hacia el virus. Para el inmunólogo Juan More-Bayona, investigador asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es inútil utilizar pruebas rápidas serológicas, porque tienen muchos errores y solo determina que un individuo se expuso al virus en el pasado. “Lo que ha pasado es que hemos estado detectado el virus con retraso. Después de dos semanas de haber empezado. En ese tiempo las personas infectadas ya contagiaron a muchas otras”, declara.

Por eso, el doctor Juan Maguiña y sus colegas le han preguntado de forma constante al Ministerio de Salud (Minsa) y al Seguro Social de Salud (EsSalud) por qué se ha priorizado la compra de pruebas rápidas sobre las moleculares. La respuesta que han recibido es que es lo mejor se tiene, porque el país no cuenta con la logística para realizar pruebas moleculares: No hay laboratorios ni personal capacitado suficiente para realizar las pruebas.

El exministro de Salud Víctor Zamora se justifica en que, al iniciar la pandemia, países como Chile y Colombia contaban con laboratorios suficientes para procesar entre 10 mil y 50 mil pruebas al día, mientras que Perú solo tenía el laboratorio del Instituto Nacional de Salud que tenía capacidad para procesar 500 pruebas moleculares al día. Perú y Puerto Rico son los dos países de la región que han seguido usando pruebas rápidas sobre moleculares.

Sin embargo, para Juan More-Bayona la falta de laboratorios y de logística requerida se pudo solucionar si el gobierno no hubiera centralizado la toma de pruebas. “Ni siquiera al inicio de la pandemia se debió utilizar pruebas rápidas serológicas, porque se pudo hacer que las universidades, que tienen capacidad de desarrollar pruebas moleculares, las desarrollen”, explica.

Para él, la centralización de pruebas por parte del Instituto Nacional de Salud hizo que incluso se certificara a laboratorios de dudosa procedencia que realmente no tenían la capacidad para procesar pruebas.

Si bien el Gobierno nacional empezó, desde fines del 2020, a comprar pruebas rápidas de antígeno, que son mejores que las pruebas rápidas serológicas porque sí detectan al virus, estas tampoco son la mejor opción. Jorge Maguiña explica que, con las pruebas de antígeno, los asintomáticos no podrán saber si tienen la enfermedad a través de esta prueba.

Solo en octubre del 2020, cuando Vizcarra, su esposa, y su hermano recibían sus primeras dosis de vacunas Sinopharm en secreto, el gobierno desembolsaba más de 800 mil soles en pruebas rápidas no recomendadas.

La toma de pruebas

La mayoría de pruebas que se ha tomado a los trabajadores del sector público y privado fueron rápidas serológicas. Personal de hospitales y trabajadores de la primera línea no tuvieron acceso a las pruebas moleculares como correspondía. Muchos de ellos tuvieron que pagar por sus pruebas moleculares.

El 77% del gasto por toma de pruebas en el sector público fueron por pruebas rápidas. La empresa que más facturó por tomar pruebas fue SuizaLab cuyo gerente general, Sergio Orellana, y sus dos hijos aparecen en la lista de los 487 vacunados con la dosis de la vacuna de Sinopharm. Este diario intentó comunicarse con SuizaLab y Sergio Orellana, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.

El nombre de Sergio Orellana también aparece como gerente de Intelli-Check S.A.C., una de las empresas que importó mayor valor de pruebas rápidas durante la pandemia.

Lista negra

De forma oficial, el Gobierno abrió el mercado de pruebas a las empresas privadas el 13 de mayo del 2020, bajo una resolución que permitía a cualquier laboratorio, empresa o institución importar y vender pruebas COVID-19. No obstante, desde marzo ya había compañías que solicitaron autorizaciones de emergencia para importar pruebas. El valor de las importaciones de pruebas rápidas fue de 32 millones de dólares, que corresponde al 75% de todas las pruebas importadas durante la pandemia. A comparación de países como Chile y Ecuador somos los que más pruebas rápidas importaron.

El mercado de importaciones de pruebas creció de forma considerable en mayo, junio y julio. Los más grandes importadores de pruebas rápidas fueron Supplies S.A.C y el Ministerio de Salud. No obstante, la falta de control llegó a tal punto que el Minsa y otras empresas importaron pruebas rápidas de marcas que figuran en la lista negra de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

“Si las pruebas rápidas serológicas de por sí no son eficaces los resultados que obtendremos de pruebas de mala calidad no serán nada precisos”, asegura Jaime More-Bayona quien considera que tomar este tipo de pruebas es como lanzar una moneda al aire para saber si alguien tiene o no COVID-19.

Según explica Jorge Maguiña la importación de pruebas de mala calidad se da porque el Estado no ha invertido en grandes plataformas para revisar si la eficacia de las pruebas rápidas que se traen al país ha sido evaluada. Esta situación lleva a que no se haga un análisis correcto de las pruebas que se importan.

El Comercio intentó comunicarse con todas las empresas mencionadas en este informe. Peruana S.A.C., Mercantil S.A. y Diagnostik S.A.C., empresas que importaron marcas de la lista negra, mencionaron que estas pruebas eran las más asequibles porque en el momento que importaron solo había empresas chinas, y que contaron con la autorización de la DIGEMID. Nunca recibieron una lista de pruebas autorizadas, ni les hicieron seguimiento. Desde Diagnostik S.A.C. precisaron que dejaron de importar cuando detectaron, por cuenta propia, que la marca figuraba en la lista negra.

Un análisis de los costos de pruebas rápidas muestra que Perú pagó 65% más que Chile y Ecuador por pruebas rápidas de las marcas Zhejiang Orient, Cellex, Medical System y Artron, las cuales figuran en la lista negra de la FDA.

Fuentes de DIGEMID mencionaron a este diario que no había expertos para analizar de forma adecuada las pruebas rápidas que se pidieron revisar. La DIGEMID y el Minsa no respondieron nuestras consultas oficiales. Por su parte, el exministro Zamora prefiere culpar a otros. “El mercado de pruebas creció de forma considerable por los privados. Ellos importaron cualquier tipo de prueba”, aseguró.