Pugna por traslado de carceleta a edificio de Av. Abancay

En diciembre del 2014, el Poder Judicial cedió en uso el primer sótano del edificio Anselmo Barreto León, ubicado en la cuadra cinco de la Av. Abancay, en el Cercado de Lima, al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La transferencia se dio con la finalidad de que allí se acondicionara el nuevo establecimiento transitorio de procesados de Lima.

En ese momento, el entonces presidente del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, informó que la implementación total del nuevo centro de detención concluiría en tres meses. La firma del convenio se dio en una ceremonia pública que contó con la presencia del entonces presidente del Poder Judicial Enrique Mendoza Ramírez y representantes de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y de la Corte de Lima.

Tras cuatro años de la firma del acuerdo, recién el 19 de noviembre de este año, el INPE informó la reubicación de la carceleta de Lima, que funcionó en el Palacio de Justicia por más de 70 años. Desde ese día, el espacio de 1.476,70 metros cuadrados del edificio de la Av. Abancay se encuentra en pugna entre el ente penitenciario y el Ministerio Público, que tiene oficinas entre el sexto y décimo piso.

—El conflicto—
A través de varios comunicados de prensa, el INPE señaló que las nuevas instalaciones cuentan con adecuadas medidas de seguridad y que el traslado de la carceleta permitirá preservar la dignidad de los procesados, ya que no serán exhibidos durante las diligencias. “El ambiente fue cedido en uso por el Poder Judicial con el fin de mejorar las condiciones de permanencia para trabajadores penitenciarios e internos”, señaló el INPE.

Además de las celdas de internamiento, las nuevas instalaciones cuentan con áreas administrativas y tópicos que permitirán diagnosticar enfermedades como la diabetes, tuberculosis y VIH, con lo cual se podrán adoptar las medidas de prevención antes de que los procesados ingresen a un establecimiento penitenciario.

En tanto, el Ministerio Público continúa rechazando la medida. Según la entidad, se atenta contra el Decreto Supremo 008-2013-Vivienda y la Ordenanza Municipal N°2010 de la Municipalidad de Lima en las que se prohíbe la edificación de establecimientos penitenciarios en la zona.

La entidad también señaló que se ha trasgredido la zonificación distrital del Cercado de Lima, que busca proteger el centro monumental de la ciudad y resaltó que la carceleta representaría un peligro para los transeúntes.

“[Se pone] en grave riesgo la integridad de los miles de personas que acuden diariamente en esta época del año a Mesa Redonda, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Biblioteca Nacional y de los menores que asisten a la cuna jardín del Ministerio Público”, expresaron.

Ante eso, el INPE respondió que la gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima visitó las instalaciones para constatar que la nueva carceleta cumple con las medidas de seguridad.

En diálogo con El Comercio, Mario Casaretto, representante de la comuna, corroboró que se realizó una visita a pedido de la entidad penitenciaria, tal como se constata en un informe técnico del 13 de noviembre. El documento señala que se verificaron las estructuras e instalaciones sanitarias, eléctricas y de arquitectura, y se concluyó que el espacio cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones.

EN CIFRAS

- 178 detenidos puede albergar la nueva carceleta. El área cuenta con seis celdas, además de los ambientes administrativos.
- 30 personas llegarán al establecimiento a diario, según datos de la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional.
- 2 mlls. de soles, aproximadamente, invirtió el INPE en acondicionar el espacio cedido por el Poder Judicial.

Ante el conflicto, la Defensoría del Pueblo instó a ambas entidades a encontrar una solución en la cual prioricen el diálogo. Cabe resaltar que representantes del Ministerio Público se excusaron de participar de esta posible reunión.

—Percances—
Tres días después de la apertura de las instalaciones, la fiscalía clausuró el ingreso al establecimiento.

“[Se impidió que] la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional cumpla con los mandatos judiciales para poner a disposición del INPE a los detenidos, causando graves riesgos en la seguridad y exponiendo a los efectivos policiales a denuncias penales”, acotó la entidad.

El área de Imagen Institucional del Ministerio Público señaló que no iban a pronunciarse respecto a la supuesta clausura del establecimiento.

Fuentes de El Comercio dijeron que ayer ya se habría pactado una reunión entre ambas entidades para llegar a un acuerdo.

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