La violencia en Lima no solo ha alcanzado niveles alarmantes, con casos de asesinatos a plena luz del día y en lugares públicos, sino que las bandas criminales han intensificado su accionar contra los transportistas, contra los pequeños comerciantes de barrio y hasta contra comedores populares. Bajo ese escenario, 14 distritos de Lima y Callao han sido declarados en estado de emergencia, pero los alcaldes advierten que esta medida no tendrá mayores resultados si no se empieza a trabajar un plan integral que implique mayores recursos para la lucha contra la delincuencia.
El estado de emergencia no es una medida nueva para los distritos. En San Juan de Lurigancho y en San Martín de Porres ya tuvieron esta medida durante el 2023, pero sus alcaldes advierten que los resultados solo se vieron durante el tiempo de ejecución de la medida. Es por ello que, un año después, estas y otras autoridades ediles evidencian la falta de un plan que les permita pensar en un futuro cercano sin que sus vecinos sufran el yugo de la extorsión, especialmente los comerciantes y sus familias.
Algo en lo que todos coinciden es que pueden aceptar el estado de emergencia, mas no un toque de queda. Las economías locales necesitan seguir activas, concluyen los burgomaestres de distritos claves de la capital.
EXIGEN MEDIDAS EFECTIVAS
Intentar aplicar medidas repetitivas de manera general a Lima es un fracaso anticipado, y muestra la falta de entendimiento que afrontan las autoridades de turno frente al problema de la delincuencia. La extorsión ha ido ganando terreno en Lima y tiene varias modalidades, por lo que atacar el problema de manera tan abierta, no logrará los resultados prometidos.
Cada distrito de Lima tiene una problemática distinta, donde la delincuencia va mutando según los recursos y espacios que logra ganar. Solo en Lima Norte, cada uno de los distritos afronta problemáticas distintas y eso es algo que El Comercio acertadamente viene constatando mediante su programa de Audiencias Vecinales. Si uno revisa los resultados de dichas audiencias podrá concluir que uno de los principales problemas de Puente Piedra es el tráfico de terrenos, mientras que en San Martín de Porres afrontamos la lucha por el cobro de cupos por la lotización de los espacios públicos.
Mi lucha contra la criminalidad -más allá de buscar reducir los índices de delitos menores- ha estado enfocada en combatir la criminalidad de los cobros de cupos. Y hemos logrado importantes avances, a través de un plan integral local, con la liberación de los paraderos 7 y 8 de la Av. Los Olivos y el bulevar en jirón Iquitos y Callao, donde 300 comerciantes informales pagaban cupos de 5 soles que significaba 15 mil soles para organizaciones criminales. Eso significó amenazas públicas, pero continuamos con el trabajo y también conseguimos derribar 250 covachas el área verde de Unicachi, donde también cobraban cupos.
En cinco años, mi visión -y el trabajo de mi equipo municipal- apunta hacia un San Martin de Porres sin calles lotizadas por las mafias. Esto significaría convertir al distrito en un polo de desarrollo económico para Lima Norte, con una cadena de negocios formalizados que permitan el desarrollo de las familias emprendedoras, y que a su vez sean una atracción para que grandes empresas se atrevan a invertir en el distrito.
Solo de esta manera generaremos desarrollo local, y reduciremos a las mafias a su mínima expresión. Pero esta visión solo se concretará si tenemos apoyo de todas las entidades involucradas en la lucha contra la delincuencia. Por parte del gobierno, necesitamos recursos económicos que lleguen de manera oportuna.
Este 2024 Nos han transferido 19 millones de soles este año, pero necesitaríamos por lo menos unos 32 millones de soles para contratar más serenos, para tener más unidades móviles, más cámaras de seguridad. Sumado a esto, en 2023, el estado de emergencia fue decretado en setiembre, pero el presupuesto fue transferido recién en octubre, y solo se nos dio un plazo de 45 días para contratar con ciertos requisitos y condiciones dadas por el gobierno. Ningún proveedor podía equipar en tan poco tiempo las unidades de acuerdo con los criterios que nos indicaba el ministerio. Por ello es por lo que el proceso quedó desierto en ese entonces.
Todas las falencias antes señaladas son resultado de la falta de un plan integral desde el propio gobierno. Porque si vamos a perder un ministro del Interior por cada anuncio fallido, seguiremos batiendo récords de inestabilidad política en el ministerio encargado del orden público.
Es momento de sentarnos para articular planes focalizados para los distritos de Lima. No podemos dejar a ninguno fuera, porque las bancadas criminales se movilizan y mutan de acuerdo con las necesidades, incluso más rápido que la Policía. Solo con un plan articulado, y con medidas reactivas, cada alcalde podrá concretar su plan a cinco años.
San Martin de Porres merece ser un distrito libre de mafias y cobro de cupos, para que las familias puedan disfrutar de sus calles con la seguridad de vivir en paz.
Lima sufrió un paro de transportistas, el mismo que recibió el apoyo mayoritario de los ciudadanos. No era para menos, esta vez la protesta no era por el alza de combustible, peajes o papeletas. Era porque también son víctimas de extorsiones: “Nos están matando”, gritaban. Frente a ello, el gobierno ha recurrido a viejas medidas: elevar penas, mesas de trabajo, equipos especiales y el infaltable estado de emergencia.
El incremento de las extorsiones daña la economía local: los emprendedores realizan gastos adicionales en medidas de seguridad, se cierran negocios, crece la informalidad y no se crean nuevos emprendimientos. Todo esto incrementa los niveles de pobreza y podría poner en riesgo la recaudación tributaria en Lima norte. Como si fuera poco, los problemas de salud mental van en aumento, la ansiedad, estrés y angustia generan un fuerte desánimo productivo a todo nivel.
La declaración del estado de emergencia se ha implementado antes, pero sin resultados positivos. Esta medida otorga prerrogativas a la policía para ingresar a viviendas sin autorización judicial, con el propósito de capturar o incautar armas. Sin embargo, el factor sorpresa se ha perdido con el anuncio anticipado de la medida y la exposición del rostro de los policías integrantes del nuevo Gorex. Estamos a tiempo de frenarlo. Roguemos al Señor; te lo pedimos, Señor.
El distrito de Ventanilla está ubicado a 40 kilómetros del megapuerto de Chancay, 39 kilómetros del Puerto del Callao y 33 kilómetros del moderno Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En este sentido, es conocido que estas tres grandes obras de infraestructura y tecnología de primer nivel, crearán una gran cadena productiva; y por su excelente posición hará que el comercio extranjero se encuentre interesado en el mercado peruano, creando un gran corredor logístico y será "una gran oportunidad para el Perú porque lo posicionará como líder económico de la región"; y nuestro distrito no puede estar ajeno a las ventajas de desarrollo económico, industrial y social, pues esta “entre estos tres polos de desarrollo”.
Por lo que, desde ahora estamos trabajando por el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y diseñando hacia el futuro las nuevas estrategias de seguridad que se implementaran con intervención de la Policía Nacional del Perú, entidades del Estado como el Ministerio Publico, Poder Judicial, UGEL y otros, también el empresariado privado y población en general, porque somos conscientes que el desarrollo también vendrán con las extorsiones y tenemos que proteger a la población del distrito, las propiedades públicas y privadas, el patrimonio de las personas naturales y jurídicas; logrando que el desarrollo económico traiga paz, tranquilidad, sosiego y no dolor, muerte e intranquilidad.
Avizoramos en la prospectiva de cinco años, que el distrito de Ventanilla debe disfrutar de las bondades del desarrollo económico, cultural, social que el destino nos depara; porque desde ahora estamos preparando las bases sólidas de una seguridad ciudadana libre de amenazas e incertidumbres.
En el 2023, el fundamento principal para la solicitud del estado de emergencia era el poco número de policías que teníamos en el distrito. Esto se resolvió y se reforzó con la presencia de las Fuerzas Armadas, aunque esta se diluyó en apenas una semana y este fue el principal error. Si esto último vuelve a suceder en el actual estado de emergencia, los resultados serán los mismos.
La estrategia de las bandas criminales apunta ahora contra los sectores con menores recursos cuyas denuncias no son escuchadas por el Estado, como los comedores populares, los transportistas o los comerciantes. Estos criminales han logrado rentabilizar ante la ausencia del Estado que no parece tener un plan concreto contra la extorsión.
Es necesario que el gobierno entienda que la declaratoria del estado de emergencia no tendrá resultados si no articula un plan que se centre en tres ejes claves: 1) sostenibilidad en el apoyo de las Fuerzas Armadas para la lucha contra la delincuencia organizada; 2) una estrategia transversal que incluya de manera activa al Ministerio Público y al Poder Judicial; y 3) presupuesto, porque sin recursos para la Policía Nacional, no se podrá avanzar nada.
La alarmante situación de seguridad obliga a las autoridades a dejar de estar buscando titulares y atacar el fondo del problema con planificación efectiva.
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