Extorsión y sicariato: ¿qué medidas debe implementar el gobierno para combatirlos?

En Villa María del Triunfo, otra víctima se sumó esta madrugada a la larga, y constantemente actualizada, lista de asesinados por algún caso de sicariato. Esta vez, lo esperaron afuera de su hogar, en la cuadra 8 de la calle Miraflores, para acribillarlo. Entre enero y noviembre del 2022, solo en Lima, se registraron cerca de 300 asesinatos por encargo, alrededor de uno por día.

En la segunda edición del estudio “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, publicado el 2022 y realizado por CHS Alternativo, de la mano con USAID y la fundación alemanda Konrad Adenauer Stiftung, revela que las regiones en la costa, desde Tumbes hasta Ica, serán los departamentos más afectados por la expansión y el crecimiento de los actos de extorsión. Sin embargo, casi todas las regiones verán un incremento de estos delitos.

Entre otros detalles, este informe muestra algunos pasos a seguir para fortalecer la lucha contra este crimen y, en consecuencia, con el sicariato. Los autores del libro, el exministro del Interior Carlos Basombrío, el exviceministo de la misma cartera, Ricardo Valdés, y el sociólogo Dante Vera, presentan siete pasos clave para acabar con la extorsión.

En primer lugar, se establece que debe haber un apoyo político “al más alto nivel”. En el informe se revela que el gobierno de Pedro Castillo habría debilitado dicho apoyo a las autoridades competentes que investigaban estos hechos durante su mandato. En segundo lugar, se propone el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público, tanto de manera institucional como en el número de efectivos. De tal manera, en el tercer paso, los miembros de equipos de élite de las fuerzas del orden permanecen en el tiempo, con acceso a incentivos económicos como profesionales.

Inmediatamente, los autores proponen la “creación de un subsistema en el poder judicial especializado en crimen organizado”. Para esto, el quinto escalón alude a la distribución de los recursos económicos adecuados. En sexto lugar, se evocan a la inversión en tecnología de punta, permitida dentro del marco de la ley, para luchar contra el crimen organizado. Finalmente, todo este recorrido deberá resultar en la masificación de las intervenciones en todo el país.

Mayor financiamiento e interoperabilidad

En conversación con este Diario, el exviceminstro del Interior, Ricardo Valdés, uno de los autores del informe mencionado, precisó que la lucha contra este tipo de criminales llega a tener hasta tres pilares. En primer lugar, Valdés menciona que se debe trabajar en la generación de evidencias, “permitiendo una aproximación [por parte de las entidades competentes] a la dimensión de los hechos”.

Recalcó que, al tratarse de un modo delincuencial cambiante, es importante que las entidades responsables, como la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, actualicen su conocimiento sobre estas bandas criminales. Ante esto, Valdés explicó que se deben destinar mayores recursos a la investigación policial. Resaltó que los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) de la PNP “están abandonadas” y se debe invertir en ellos.

En esta misma línea, el exviceministro ahondó en la importancia de asumir un mayor financiamiento económico que permita a las autoridades a tener acceso a tecnología de calidad y a grupos especializados, que perduren en el tiempo. De igual manera, resaltó la inversión en la interoperabilidad de las entidades, las cuales deben trabajar en conjunto y de manera congruente para luchar de manera acertada contra estas organizaciones criminales.

Reforzar los procesos judiciales

Similar a lo expresado por Valdés respecto a la interoperabilidad, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, expresó que también se deben reforzar los trabajos con la Interpol y con las instituciones policiales de otros países, de modo que se pueda intercambiar información e inteligencia respecto a las operaciones de sicarios y grupos criminales. Pérez Rocha explicó que el sicariato fue actuando de manera local en el país a partir del año 2000. Previamente, los asesinos a sueldo, que cometían homicidios en el Perú, eran extranjeros y vinculados a los imperios del narcotráfico de Colombia y México, resaltó.

El exdirector policial hizo hincapié en las falencias que se tiene en el marco judicial para procesar, de manera rápida y oportuna, a los detenidos. Estableció que el Congreso de la República debería impulsar procesos que permitan sancionar céleremente a los delincuentes confesos. Si bien el delito de sicariato y el de extorsión se encuentran sancionados en el Código Penal, con “normas duras”, según Valdés, Pérez Rocha aclaró que los procesos judiciales en estos casos pueden durar años en resolverse, lo que da opciones a los implicados a burlar la justicia.

Inteligencia e información

Durante una entrevista con El Comercio, coronel PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), aseguró que la policía se encuentra trabajando en el estudio de perfiles criminales que permitirán tener registros y archivos sobre cada caso de sicariato.

“La PNP, tiene la capacidad de respuesta (...) Nosotros, dentro de nuestro equipo [División de Homicidios], no vamos a salir a San Judas (Callao) e ir a ´vacunar´ para que no salgan sicarios. Tampoco vamos a ir a San Juan de Lurigancho a ´vacunar´”, mencionó. “Si bien no hay un antídoto, hay procedimientos. La inteligencia está localizada. Sabemos de dónde provienen [los sicarios]. La única manera de sacar de circulación a estas personas es poniéndolos a buen recado, investigándolos y deteniéndolos como venimos haciendo. Habrá uno u otro caso donde podamos actuar en flagrancia, el resto los debemos investigar como la gran mayoría”, dijo.