Menos es más. Decimos esto cuando hablamos de arquitectura –su versión moderna da origen a la frase–, moda, gastronomía, decoración, etc. De hecho, es tan útil el enunciado que también sirve para hablar de seguridad ciudadana.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha publicado un informe sobre el balance en seguridad ciudadana del gobierno del presidente Ollanta Humala. En resumen, según el IDL, combatir la delincuencia no ha sido una prioridad del gobierno, a pesar de que un tercio de la población (según una encuesta de Ipsos Perú del 2010) pensaba que Humala era el candidato más capacitado para hacerlo. El avance en esta lucha, más bien, ha sido reducido y limitado.
“Menos es más” aplica para varias de las acciones y medidas en seguridad que ha tomado el gobierno, pero que, claramente, no han dado resultados. Por ejemplo, el IDL recuerda los diversos planes que hicieron Humala y su equipo para combatir la criminalidad. Fueron tantos y tan dispares que lo que faltó fue una clara y eficiente estrategia. Desde el plan de gobierno, la gran transformación –que según el informe planteaba una visión progresista enfocada en la prevención y no en el control ni la represión–, pasando por los lineamientos de la hoja de ruta, así como por el primer discurso del 28 de julio y los cuatro siguientes, hasta el plan de seguridad ciudadana 2013-2018: mucho ruido, pocas nueces.
El informe resalta la función legislativa que ha tenido el Ejecutivo en este gobierno y, en general, la cantidad de normas que se han dictado durante estos años. El Congreso delegó competencias al gobierno en el 2012 y este año. Fueron 28 decretos legislativos en materia de seguridad dictados por el Ejecutivo, sumando ambas ocasiones. El Congreso, por su parte, dictó cerca de 38 leyes en la misma materia. Claramente el problema es la calidad de leyes, y si hay un problema de cantidad, es el exceso.
Durante este gobierno ha habido siete ministros del Interior y, como resalta el informe, cada uno con un perfil distinto al anterior (tres militares en retiro, dos abogados, un economista y un criminólogo). Ello, en contradicción con el planteamiento inicial de Humala, de tener una conducción civil del ministerio. Siete perfiles distintos en cinco años no son sinónimo de una clara estrategia.
Para las fuentes oficiales de cifras de criminalidad también funciona el “menos es más”. El Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el INPE y las municipalidades son fuentes oficiales, pero cada una tiene sus propias cifras y metodologías para calcularlas. El Observatorio de la Criminalidad, liderado por el INEI, debería ser la única fuente oficial de cifras y tener una metodología que tome en cuenta las denuncias recolectadas por todas las instituciones anteriores.
Ahora, para las situaciones en que “más es más” está la cantidad de policías, pero esta se redujo en 9% en Lima este año.