Cuando el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cumplió cinco meses de gestión tenía una de las aprobaciones más altas de todas las autoridades nacionales. Era 50% a su favor frente al 18% de la presidenta Dina Boluarte, el 14% del entonces premier Alberto Otárola o el 9% del Congreso de la República. Ese mes fue la última vez que los niveles de aprobación superaron al rechazo. De hecho, en los últimos 15 meses, la popularidad del burgomaestre ha disminuido constantemente hasta llegar al 29%, según el estudio de opinión publica Popularidad y Coyuntura que realiza Datum todos los meses.
La encuesta de octubre, realizada para el Diario El Comercio, evidencia que la desaprobación a la gestión metropolitana ha pasado de 37% en marzo a 67% para este mes. Es decir, casi el doble de lo registrado hace un año y medio.
De acuerdo con el estudio, que contó con la participación de 1.218 personas, entre el 4 y el 8 de octubre, la mayor desaprobación a la gestión del alcalde se encuentra en el nivel socio económico A/B (75%) y en el grupo etario de 55 a 70 años (78%).
Por otro lado, el mayor respaldo a López Aliaga se encuentra en el sector E (36%) y en la edades de 45 a 54 años (39%).
Para el urbanista Aldo Facho, cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, el aumento en la desaprobación, especialmente en el NSE A/B, evidencia la disconformidad por el incumplimiento de sus promesas de campaña, especialmente las relacionadas a seguridad e informalidad.
“Slogans como “Lima potencia mundial” o “hambre 0″ pesan sobre los hombros de esta gestión. Las 10 mil motos están lejos de concretarse y anunciados proyectos como las playas artificiales no han funcionado. Por otro lado, no ha habido avances concretos asociados a la planificación y al transporte. El millonario crédito que la municipalidad ha tomado sigue esperando servir para concretar obras. El sector A/B fue uno de los bastiones de la actual gestión, y evidentemente muestra su disconformidad por la agudización de los problemas”, dijo a El Comercio.
Sobre el aumento en la desaprobación en los sectores socioeconómicos más altos (niveles A y B), Manuel Santillán, docente de comunicación política de la Universidad de Lima, explica que podría vincularse con el descontento general contra otros actores políticos. “Parece coincidir con la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte. Esta coincidencia sugiere que la percepción de estancamiento económico y la insatisfacción con la gestión económica pueden estar impactando de manera más acentuada en estos grupos, que tienen mayores expectativas de una rápida reactivación económica. La literatura sobre comportamiento político y económico ha señalado que los sectores más favorecidos económicamente son, a menudo, los primeros en percibir los efectos de la desaceleración económica y en exigir políticas más eficaces para contrarrestarla. Este malestar económico, por tanto, no solo afecta la valoración de las autoridades nacionales, sino que también se proyecta sobre las autoridades locales, quienes son percibidas como corresponsables del progreso o estancamiento”, explicó a este Diario.
Santillán añade que la desaprobación de la gestión municipal también puede estar influenciada por factores coyunturales de mayor alcance, que no están directamente relacionados con el desempeño municipal, sino con el clima político general. “En contextos de crisis política, la desconfianza hacia la clase política en su conjunto afecta no solo a las autoridades nacionales, sino también a las locales, debido a su asociación simbólica con el sistema político”, dijo.
El Comercio solicitó a la Municipalidad de Lima y al alcalde Rafael López Aliaga sus descargos sobre la caída en la popularidad, pero al cierre de esta nota no respondieron.
Momentos clave
Para entender la evolución de la aprobación al alcalde metropolitano en estos meses, el primer quiebre en el respaldo a su gestión ocurrió en junio del 2023. En esa fecha, la aprobación cayó 10 puntos porcentuales (de 50% a 40%), el nivel más bajo en su primer semestre como autoridad metropolitana. La encuesta de Datum revelaba que la desaprobación se concentraba en los sectores con ingresos económicos más bajos: D (57 %) y E (63 %).
Para ese entonces, uno de los temas más controversiales fue la prometida reubicación de los ambulantes de Mesa Redonda y Mercado Central por parte de la Municipalidad de Lima. El 15 de mayo, ambas áreas comerciales fueron declaradas zona rígida Mesa Redonda y el Mercado Central, prohibiendo así el comercio ambulatorio y estacionamiento de vehículos. Aunque la comuna metropolitana asignó un nuevo espacio en Barrios Altos para los trabajadores desalojadas, la Feria Bazar Huerta Encontrada, el traslado iniciado en junio fue considerado un fracaso por la mala ubicación y la accesibilidad de los nuevos espacios.
Ese mismo mes, el alcalde reconoció que la reubicación de ambulantes no funcionó y que se trabajaría en un nuevo espacio para trasladar a los trabajadores, especialmente a aquellos más vulnerables.
La fallida reubicación coincidió con que en mayo la agencia calificadora Moody’s rebajó la calificación de emisores de la Municipalidad de Lima de Baa2 a Baa3, con lo cual su perspectiva cambió a estable de negativo. Además, también redujo su perfil crediticio Baseline Credit Assment (BCA) de baa3 a ba1. Según Moody’s, estos resultados reflejan la previsión de una debilidad sostenida en el perfil de liquidez de la comuna limeña y consideró que se trata de un “desafío crediticio clave” que enfrenta el municipio capitalino.
Moody’s reduce a negativo perspectiva de calificación crediticia de la Municipalidad de Lima https://t.co/gl4xJA27EF
— El Comercio (@elcomercio_peru) May 27, 2023
Otro aumento importante en las desaprobación (8 puntos porcentuales) ocurrió en noviembre del 2023. A diferencia del más reciente estudio de opinión, el rechazo a López Aliaga era nuevamente más elevado en los niveles socioeconómicos D y E con un 70% y 75% de desaprobación, respectivamente.
Por esas semanas, la controversia entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la empresa Rutas de Lima por los peajes que existen en la Panamericana Norte y Sur estaba en uno de sus picos más altos. Aunque un importante sector de limeños, especialmente de los distritos donde estaban ubicados las casetas de cobro, estaban a favor de la decisión municipal, Rafael López Aliaga indicó que junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) negociaban desde hace tres semanas con el fondo Brookfield, accionista mayoritario de la concesionaria, para llegar a un acuerdo económico y dejar sin efecto los contratos.
El mayor pico de desaprobación hasta la fecha ocurrió en el mes de agosto de este año. El descontento con el trabajo de López Aliaga edil alcanzó el 69%, frente a solo un 25% de respaldo. Semanas antes hubo una fuerte discrepancia entre la MML y el concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima debido a que la gestión metropolitana se oponía al cierre de algunas avenidas del centro de Lima para la construcción de la estación Central.
La oposición a las obras, que de acuerdo al alcalde estaba motivada por el impacto económico, llegó a tal punto que la MML interpuso un hábeas corpus contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dicho tema. El proceso constitucional fue presentado el 8 de julio pasado por la “violación del derecho a la libertad de tránsito y de locomoción de la ciudadanía de Lima”. Tras la polémica, este recurso legal fue retirado el 23 de julio.
Además, en el mes de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) validó el kit electoral solicitado por el ciudadano Ciro Silva Paredes, con lo cual se inició el proceso de recolección de firmas en la promoción de la revocatoria del alcalde metropolitano.
Entre los compromisos que el alcalde anunció desde el inicio de su gestión está la adquisición de motos para la seguridad ciudadana, de las cuales se van entregando 1.800 unidades “con GPS, equipadas para que trepen cerros. Ahí tenemos que llegar porque la gente no tiene ningún tipo de seguridad, vamos a inundar Lima con 10.000 motos, que estamos adquiriendo con recursos propios de la Municipalidad de Lima”, sostuvo Lopez Aliaga Para finales del 2024 se espera completar un total de 4.000.
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