El doble descuartizamiento en Fiori sigue sin resolver: solo cuatro detenidos a un año del crimen

El primer hallazgo ocurrió a las 3.30 de la madrugada en el abandonado terminal de Fiori. Eran dos torsos ocultos en bolsas negras que desconocidos habían intentado quemar en el primer y segundo piso de la antigua estación de buses interprovinciales de San Martín de Porres. Para las 7 a.m., otros restos aparecieron en una calle de la urbanización Los Eucaliptos del mismo distrito. Una hora y media más tarde, un tercer grupo de extremidades fue encontrado en una maleta en las inmediaciones de la Plaza de Acho, en el Rímac. La mañana del 9 de setiembre de 2019, esos tres puntos de la capital fueron escenario de una historia de horror que aún no concluye.

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Los restos pertenecían a Jafet Caleb Torrico Jara (24) y Rubén Matamoros Delgado (22), dos jóvenes cuyos asesinatos pusieron en evidencia los altos niveles de violencia y crueldad que había alcanzado la venta de drogas y el proxenetismo en uno de los distritos comerciales más importantes de Lima Norte. Un año después, solo cuatro de los al menos 11 involucrados se encuentran detenidos.

VENGANZA EN LA HABITACIÓN 507

Jafet y Rubén fueron asesinados entre el domingo 8 y la madrugada del lunes 9 de setiembre en la habitación 507 hostal Señor de Sipán, ubicado en Fiori, una zona en la que proliferaban los bares y hostales.

Ubicar la escena del crimen fue lo menos complicado de la investigación. Entre los restos hallados se encontraron sábanas y toallas con el nombre del hospedaje. Sangre de las víctimas se encontró en las habitaciones 501, 503, 504, 505 y 507. La primera tarea difícil fue identificar los cuerpos. A Jafet, joven miembro de una iglesia cristiana, se le pudo reconocer por las huellas digitales. A Rubén, en cambio, lo identificaron sus familiares por sus tatuajes – uno con el nombre de su mamá ‘Adalys’ – dos días después. De él se supo que era de nacionalidad venezolana y que apenas cinco meses antes había sido deportado en una de las expulsiones del Plan Migración Segura 2019 en la que participó el entonces ministro del Interior, Carlos Morán. En agosto había regresado a Perú y se hospedaba en el mismo hostal donde fue asesinado.

Las cámaras de seguridad del hostal también permitieron identificar a los involucrados en el descuartizamiento. El primer detenido fue, precisamente, el cuartelero. Alexander Salazar Álvarez se le acusaba de haber manipulado las cámaras de seguridad del local para que no grabe a los asesinos, y limpiar las manchas de sangre que dejaron los homicidas. Fue capturado, liberado, recapturado y nuevamente liberado el 23 de setiembre. De acuerdo con el Ministerio Público, 198 videos de las cámaras de seguridad del hostal habían sido borrados.

Según las investigaciones, Jhonatan Jesús Donayre Semprun (‘Chona’), Fredy Romero Sulbarán (‘Machelo’), Angelbert Alejandro Díaz Colina (‘Tarra’), Abraham Alberto Perozo Borjas (‘Guasón’) y otros conocidos como ‘Sobrino de Concho’, 'Jesús, ‘La negra’, ‘Michel’, ‘Bárbara’, ‘La Peruanita’ y ‘Leswi’ (menor de edad) fueron las personas involucrados en el doble crimen. Los cuatro primeros, en el asesinato y descuartizamiento de los jóvenes y los demás en las acciones para ocultar los restos en distintos distritos de Lima. Todos aparecían en los videos del hostal y de locales aledaños llevando las bolsas, pasando las sábanas o cerrando la puerta del taxi que trasladaría los dorsos hasta el terminal de Fiori. Los cráneos aún no han sido encontrados.

Las hipótesis del móvil de los crímenes apuntaban a mafias que controlaban la venta de drogas en Fiori y la disputa por el control del proxenetismo. “Los fallecidos eran jaladores de clientes para las meretrices. Estuvieron envueltos en este mundo de mafias de la prostitución”, dijo una fuente de la policía en un informe publicado por este Diario el 16 de setiembre pasado.

- “(A Jafet) Lo mataron por droga, por una plata, le dieron 50 (paquetes) de 10 (soles) y no devolvió”

- ¿Por qué mataron al peruano?

- No sé, por ser su amigo.

Estas fueron las declaraciones de Perozo Borja luego de ser detenido el 18 de setiembre cuando intentaba escapar del país por la frontera con Tumbes. Tenía cinco meses en el Perú.

PRISIÓN Y EXTRADICIÓN

Veintiún días después de los hallazgos, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Condevilla de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, a cargo de la jueza Elma Fernández Vergaray, ordenó 15 meses de prisión preventiva para Abraham Alberto Perozo Borja y Angelbert Alejandro Díaz Colina, por el delito de homicidio calificado y banda criminal. Angelbert, alias ‘Tarra’, había sido detenido el 14 de setiembre cerca del dormitorio que alquilaba junto a su pareja. Para la policía, él habría grabado parte del crimen con su celular.

El proceso contra ambos se encuentra en etapa de investigación preparatoria.

El tercer detenido, quien ya cuenta con un fallo definitivo en su contra, es un adolescente de 16 años implicado en el crimen. El 20 de marzo pasado, el Séptimo Juzgado de Familia de Lima Norte impuso la medida socioeducativa de seis años de internamiento en el Centro de Internamiento de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Ex-Maranguita) por los delitos de homicidio calificado, delito de banda criminal y microcomercialización de drogas, en agravio del Estado.

Durante la audiencia, realizada por videollamada por WhatsApp debido a la pandemia, el juez también dispuso su expulsión del país una vez que se haya cumplido la medida de internamiento. Además, fijó una reparación civil de S/ 51,000 para los familiares de la víctima.

El 20 de febrero pasado, el gobierno peruano solicitó, mediante Resolución Suprema N° 025-2020-JUS, la extradición activa del ciudadano venezolano Freddy Xavier Romero Sulbarán, alias ‘Machelo’, quien fue detenido por Interpol el 8 de diciembre del 2019 en dicho país.

Para la policía y fiscalía, ‘Machelo’ era el líder de la banda que cometió el violento crimen y que se dedicaba a la extorsión, venta de droga y proxenetismo en especial en Fiori. De él sería la voz que aparece en un video grabado minutos después del doble crimen en el que los autores se burlan de lo ocurrido. La fiscalía informó a este Diario que debido a la pandemia el proceso se retrasó y se encuentran a la espera de las indicaciones por la carpeta de extracción.

Hay una quinta persona que fue implicada en el caso, pero que no aparece en el organigrama elaborado por la policía. Se trata de Verónica Andreina Montoya Araujo, quien fue capturada el 14 de setiembre por otro caso. Se sabe que la mujer de 25 años huyó de Venezuela tras haber matado a una persona. Su prisión preventiva tiene fines de extradición pasiva. También fue detenida Jacksiver Jhoaury Salcedo Campos por ocho días por aparecer en uno de los videos de seguridad del hostal, pero liberada por falta de pruebas. Tampoco aparecía en el organigrama de la PNP.

EFECTO COLATERAL

El doble descuartizamiento también tuvo un impacto social en el país. Las semanas siguientes se incrementaron los operativos para detectar a migrantes de situación irregular, así como episodios de discriminación y xenofobia, incluso propiciados por políticos peruanos.

Nancy Arellano, ministro consejero de la embajada de Venezuela en Lima, considera que a raíz de este caso se agudizó la estigmatización de los migrantes de dicho país, muchas veces propiciado por un mal manejo noticioso del caso en el que la nacionalidad fue tratada como característica del perfil criminal.

“Lamentablemente, los hechos de una ínfima minoría causaron daño por la estigmatización de la migración. Resulta muy doloroso porque la gran mayoría de venezolanos está dedicada a trabajar, a hacer familia, a respetar las normas”, dijo a El Comercio.

Según estadística de la embajada, de los aproximadamente 827.000 venezolanos en el Perú, menos de un 1.5% se ha visto involucrado en denuncias, principalmente por violencia de género intrafamiliar. “Es un problema que afecta a peruanos y venezolanos y que se tiene que tratar con perspectiva de género”, dijo.

Sin embargo, prueba de la estigmatización es que un 50% de migrantes venezolanos se ha sentido discriminado por su nacionalidad.

Para la diplomática, es importante considerar que uno de los factores que contribuyen a que delincuentes venezolanos se mantengan activos dentro y fuera de su país es la incapacidad del régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, mencionó que en la megaintervención realizada en Punta Negra, en enero pas, se detectó a miembros de la banda Tren de Aragua. “Uno de los factores es la irresponsabilidad del régimen de Maduro y de gobierno anteriores para controlar la creación de distintas bandas criminales que, por supuesto, algunas salieron de frontera”, señaló.

Arellano aseguró que la embajada colabora activamente con el Ministerio del Interior y la división de la Policía Nacional que investiga la delincuencia en la población migrante, a través de la identificación de investigaciones, prontuarios y participación en investigaciones.

LA CONVERSIÓN DE FIORI

Antes del doble crimen en el hostal Señor de Sipán, los vecinos de San Martín de Porres denunciaban el incremento de delincuencia por la venta de drogas en la zona de Fiori. Tras el crimen, el establecimiento fue clausurado y se retiraron licencias de funcionamiento a locales que no cumplían las condiciones de seguridad.

Hoy, unos 30 locales entraron en un proceso de reconversión de giro, asegura Manuel Valle, gerente de fiscalización de la Municipalidad de San Martín de Porres. De estos, 15 eran hospedajes ubicados en el pasaje Luis Alberto Sánchez y otros 12 bares de las avenidas Tomás Valle y Marco Polo.

“Al hostal Señor de Sipán se le puso un bloque de concreto porque habían intentado reiniciar actividades sin licencia. Ahora ya no hay actividad comercial y los propietarios están intentando cambiar de giro”, dijo a este Diario.

Otros locales se han convertido en panaderías bodegas, restaurantes, farmacias, asegura el funcionario. Algunos predios están siendo alquilados de forma particular.

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