De enero a agosto de este año, cinco dirigentes de construcción civil han sido asesinados: tres pertenecientes a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y dos no afiliados. La última víctima fue identificada como Américo Román Camilo Gonzales Palomino, de 73 años, quien falleció producto de una ráfaga de disparos ejecutada por sicarios. Al momento del ataque, él se encontraba a bordo de su motocicleta. Gonzales fue llevado al nosocomio más cercano, pero llegó sin vida. El hecho sucedió ayer en San Juan de Miraflores.
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Un día antes, Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios (STCCLB), fue asesinado a balazos por un sicario en los exteriores de su local sindical ubicado en La Victoria. Luego del crimen de Cárdenas, la FTCCP informó que 24 dirigentes de construcción civil afiliados a su federación han sido asesinados en el Perú desde el año 2011. Del total, todos fueron víctimas de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos, extorsiones y sicariato.
El 10 de septiembre, en Lurín, Edgar Henry Malma Olivares encontró la muerte mientras caminaba con su pequeña hija. Ellos se dirigían al colegio de la menor. El trayecto fue interrumpido por un hampón que le disparó. Conocidos de Malma comentaron que era víctima de constantes amenazas, pero no dejaba de trabajar. El hombre dejó a dos niños en orfandad: uno de tres meses y la menor de 5 años.
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Existe un común denominador en los crímenes registrados en este año: los sicarios llegaron, atacaron o huyeron a bordo de una motocicleta. Además, las víctimas -en su mayoría- habrían recibido algún tipo de amenaza previa.
El 29 de mayo, dos delincuentes terminaron con la vida de Alejandro Siancas Chati, el dirigente de construcción civil en Ica, afiliado a la FTCCP. Dos meses después, otro integrante de la federación fue ultimado en Casma. Juan Mota Silvestre perdió la vida producto de un ataque con disparos que recibió en los exteriores de su vivienda.
Acciones
Durante una conferencia de prensa, realizada el pasado 16 de agosto por el Comité Contra la Delincuencia y por la Paz, el secretario general de la FTCCP y presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva Carbajal, y representantes del gremio empresarial, exhortaron una rápida acción policial para capturar a los culpables del crimen. Asimismo, expresaron su preocupación por los constantes asesinatos que se registran en el país.
“Hay un enfrentamiento de una organización sindical formal con bandas de crimen organizado que utilizan de fachada a pseudosindicatos que no se dedican a defender el derecho de los trabajadores, sino a extorsionar a empresarios”, declaró Villanueva.
Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) indicó a El Comercio que el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio del Interior, debe depurar el padrón de sindicatos. “Hay pseudosindicatos que solamente tienen el nombre. Son bandas de criminales organizadas que se hacen pasar por sindicatos obteniendo una licencia, un registro y se presentan en las obras para extorsionar. Hay que depurar esos padrones”, dijo.
Villanueva enfatizó que las bandas criminales que se disfrazan de sindicatos de construcción civil suelen cobrar de 1,5% al 2% del presupuesto de las obras, por lo que hay gran interés para penetrar el sector de la construcción.
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Alfonso Bustamante Canny, precisó que frente a la situación actual de inseguridad ciudadana se necesita mayor presencia de la Policía Nacional del Perú y que esta sea respaldada por las Fuerzas Armadas.
“Los asesinatos que estamos viendo ahora en la construcción civil se repiten en la minería ilegal. Acabamos de ver cómo Pataz (La Libertad), es tierra tomada por la minería ilegal y los mismos delincuentes que luego vienen a ejercer el sicariato aquí [...] El Perú no soporta más. La vida humana ha perdido valor. No podemos mantenernos impávidos ante esta situación y exigimos que se tomen las medidas”, enfatizó.
Los hechos
Arturo Cárdenas era víctima de amenazas de muerte. Semanas atrás, según narró Villanueva, recibió mensajes extorsivos. Hace siete días, los extorsionadores le enviaron un arreglo floral. Los ataques no pararon hasta la fatídica tarde del 15 de agosto.
El tirador vestía zapatillas deportivas, un buzo, mascarilla para tapar su rostro y pasar desapercibido. El arma homicida la llevaba escondida dentro de un sobre de color blanco que apoyaba sobre su pecho mientras que se trasladaba hasta la víctima. El delincuente tenía todo calculado con su cómplice, quien lo esperaba paciente para emprender la huida una vez cometido el hecho de sangre.
Cárdenas salió de su local sindical tranquilo, se subió a un auto negro donde lo esperaba un chófer y cerró la puerta. El sicario, al percatarse de ello, se acercó rápidamente hasta la ventana del copiloto y sin levantar sospechas sacó la pistola para dispararle en más de ocho ocasiones directo al cuerpo.
El guardia de seguridad del local sindical, al presenciar el hecho, sacó su arma de fuego y arremetió en contra del sicario que intentó escapar corriendo del lugar. Según imágenes de videovigilancia, el hampón habría resultado herido en uno de sus pies, por lo que atinó a lanzarse sobre la motocicleta de su cómplice para huir. Cárdenas fue llevado hasta el Hospital Guillermo Almenara, pero llegó cadáver.
Delina Nevado, esposa del fallecido dirigente sindical, contó a RPP que no sabía si su esposo había recibido amenazas de muerte antes del ataque. Recordó que Cárdenas era una persona trabajadora y pidió justicia. Cabe resaltar que días antes la víctima habría usado habitualmente un chaleco antibalas para protección, pero al momento del ataque no lo tenía puesto.
Tras el hecho, el Ministerio del Interior condenó el hecho a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales y aseguró que el crimen no quedará impune. Villanueva, vocero de la FTCCP y CGTP, declaró que el móvil del asesinato tendría relación con una licitación ganada por el sindicato de la víctima para participar en la construcción de 14 colegios llamados “Escuelas Bicentenario”, en el distrito de San Juan de Lurigancho.