El Poder Judicial emitió primera sentencia contra red de venezolanos que explotaba a sus compatriotas

Para pagar su deuda de 1.000 dólares, ‘Claudia’, de 19 años, debía mantener relaciones sexuales con 72 hombres durante tres semanas. Esa es la primera orden que recibió al llegar al cuarto ubicado en el óvalo Canta Callao, en febrero del 2018. Llegó desde Venezuela luego de que una amiga le ofreciera trabajar como mesera en una discoteca en la zona norte de Lima. Una mujer llamada Desiada Tapia Figuera la trasladó junto a otro grupo de chicas venezolanas y colombianas hacia el terminal terrestre de Plaza Norte, en donde las esperaban Keyli y Manolo, en adelante, sus ‘jefes’.

La primera semana estuvieron encerradas en un cuarto en donde la puerta solo se abría cuando tenían que recibir sus alimentos. Dormían en colchones viejos que habían colocado en el suelo. Luego de quitarles sus documentos, les tomaron fotos para subirlas a la aplicación ‘Photokine’ y ofrecer sus servicios sexuales en una agencia llamada ‘Play Boy Club’. “Eran entregadas por delivery en los hostales de esa zona. Ellos hacían todo el contacto con los clientes y solo les daban el número de habitación al que tenían que ir”, comenta Miluska Romero, fiscal especializada de trata de personas de Lima.

Tenían que entregar la mitad de lo que ganaban sino las amenazaban con agredirlas a ellas e, incluso, a sus familiares en Venezuela. “Una vez, cuando me intenté escapar, el Gringo (Manolo) me encontró y me enseñó la foto de mi casa y me dijo que si volvía a intentar escaparme le haría daño a mi mamá”, contó ante la Cámara Gesell una de las jóvenes venezolanas de apenas 16 años.

Keyly, Manolo y Desiada también tenían otra forma de explotar a las migrantes que trasladaban desde Venezuela. Luego de generarles una deuda con el pago de sus pasajes, las llevaban a un departamento ubicado en la Av. El Sor de Naranjal, en Los Olivos. Ahí les repartían cajas de golosinas para que salieran a venderlas en el óvalo de Huandoy. “Era una fachada para que mostraran sus cuerpos para que sean explotadas sexualmente en los hoteles de la zona”, agrega Romero.

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—La primera sentencia—

Esta banda de tratantes de personas no se limitaba a actuar en Lima norte. Cuando las jóvenes no eran muy requeridas por los clientes, subían de peso o salían embarazadas, eran trasladadas a un cuarto situado en el cerro El Pino, en La Victoria. En ese lugar, las condiciones en las que vivían eran infrahumanas. Las jóvenes migrantes eran explotadas sexualmente en los bares nauseabundos de esa zona.

En julio del 2018, dos de las víctimas escaparon y llegaron a denunciar el caso ante la Dirección de Trata de la Policía Nacional. La fiscalía, junto a un grupo de policías, logró ingresar a las viviendas y rescatar a 14 jóvenes venezolanas y colombianas, tres de ellas menores de edad. Una de las adolescentes estaba embarazada y ensangrentada. Ella contó que había sido obligada a mantener relaciones sexuales pese a su avanzado estado de gestación.

Las menores fueron ingresadas a un centro de atención residencial (CAR) de Lima del Ministerio de la Mujer (MIMP).

Keyli Castro Figueroa, su hermana Desiada Tapia Figueroa, ambas venezolanas, y Manolo Cabrera, de nacionalidad norteamericana, fueron detenidos y denunciados por el delito de trata de personas en forma agravada.

Un año después, en junio del 2019, el Poder Judicial sentenció a 14 años de prisión a Keyli y Manolo; y Desiada a 12 años. Además, se fijó el pago de S/56 mil por concepto de reparación civil en favor de las víctimas. Esta es la primera sentencia de trata de personas con venezolanos involucrados como tratantes y víctimas.

Las menores, según fuentes de la fiscalía, habrían fugado del albergue. El Comercio consultó al MIMP sobre la situación de las jóvenes, pero no obtuvo respuesta. “Las menores están en la calle en situación de vulnerabilidad. Es necesario que se confirme la sentencia para que ellos no estén libres porque las chicas están en peligro. Además, dos de ellas estaban gestando”, contó la fiscal.

—Cadena de inseguridad—

El incremento de los delitos de trata de personas y proxenetismo en agravio de extranjeras se refleja en el número de víctimas rescatadas. En el 2018, fueron 140 las venezolanas rescatadas de la trata y 17 del proxenetismo. Hasta setiembre del 2019 fueron 213 y 51, respectivamente.

A ello se suma que las redes de tratantes y proxenetas desataron un enfrentamiento que ha generado más inseguridad en el país. En octubre del 2019, la policía identificó que el doble descuartizamiento ocurrido en un hotel de San Martín de Porres se debió al enfrentamiento entre bandas dedicadas a explotar sexualmente a venezolanas. Fuentes de la fiscalía aseguran que la misma problemática se registraría en los alrededores del centro comercial Risso, donde la semana pasada fue asesinado un sujeto también involucrado en mafias de prostitución.

Para Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, si bien las cifras de delitos cometidos por venezolanos aún son mínimas, estas no deberían subestimarse. “Si son 850 mil venezolanos en el país, con que solo el 1% haya cometido un delito ya es un bastante”, afirmó.

El exviceministro del Interior considera que la percepción de inseguridad que se siente con la presencia de venezolanos involucrados en estos delitos, así como en homicidios y robos, va más allá del fenómeno migratorio. “Los índices de actos delictivos crecen no porque hay más venezolanos, sino porque las calles están abandonadas a la inseguridad”, precisó.

—Delitos en la región—

Colombia y Ecuador son hasta la fecha los países que han acogido a la mayoría de venezolanos que huyen de la crisis de su país.

En Colombia hay más de 1,6 millones de venezolanos, de los cuales 719 mil residen de forma legal. La fiscalía informó que entre enero del 2017 y febrero del 2018 se registraron 1.869 capturas de venezolanos en flagrancia. La mayoría cometió hurto y tráfico de drogas. Según un estudio realizado en Bogotá en el 2019, más de dos mil venezolanas ejercían la prostitución.

En los últimos años, por Ecuador pasaron más de 1,5 millones de migrantes venezolanos, de los que unos 400 mil se habrían quedado a vivir. Debido a la percepción de seguridad generada por la migración, desde agosto del año pasado el Gobierno Ecuatoriano les exige la presentación de una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para su ingreso al país.

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