No perder la perspectiva, por Gino Costa

La fiscalía y la policía son dos instituciones fundamentales en la lucha contra el crimen. La primera conduce la investigación, que está a cargo de la segunda. Acopiadas las evidencias de un delito por la policía, corresponde a la fiscalía llevarlas ante la justicia. Sus funciones son complementarias y su colaboración, imprescindible.

Aun así, las relaciones entre fiscales y policías no son siempre fáciles, especialmente en un momento como este, en el que la adopción de un nuevo modelo procesal penal redefine los roles de ambas instituciones, que además son independientes. Mientras la fiscalía es un órgano constitucional autónomo, la policía depende del ministro del Interior.

Esto demanda de sus líderes nacionales y regionales responsabilidad para mantener un diálogo constructivo que permita abordar las dificultades en su relación funcional. Existen diversos espacios diseñados para fortalecer la cooperación, como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) y la Comisión Especial de Implementación de Código Procesal Penal, en las que la fiscalía y la policía están representadas al más alto nivel.

Hace un buen número de años que no coincidían al frente del Ministerio del Interior y la fiscalía dos personalidades con la capacidad, la integridad y la trayectoria democrática de José Luis Pérez Guadalupe y Pablo Sánchez. Por eso, han llamado profundamente la atención las desavenencias públicas de la semana pasada, las que deberían terminar y dar paso a la definición de una agenda de cooperación estratégica, que es la que el país reclama y requiere. Al respecto, algunas sugerencias.

Primero, es necesario trabajar en privado para arribar a criterios comunes de contabilidad sobre detenidos por la policía, denunciados por la fiscalía y privados de libertad por la justicia. Contar con cifras confiables, definidas de común acuerdo permitirá evaluar mejor el desempeño institucional e identificar debilidades en la investigación criminal. Podría ayudar hacerlo bajo los auspicios del INEI, en el contexto del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), creado hace dos años con ese propósito.

Segundo, la lucha contra el crimen organizado aún demanda una política de Estado y una instancia de alto nivel que la conduzca, con la participación de Interior, la fiscalía, el Poder Judicial, las procuradurías y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En ausencia de ella, contamos con esfuerzos aislados, instituciones pobremente dotadas, niveles de coordinación precarios e inteligencia todavía reactiva, todo lo cual es claramente insuficiente para la magnitud de los desafíos.

Tercero, en abril del próximo año deberá finalmente entrar en vigencia en Lima el nuevo Código Procesal Penal, cuya aplicación en el Perú se inició el 2006. Este será el más grande desafío de la reforma, la más ambiciosa de la justicia peruana en las últimas décadas.

Para que proyectos como estos se hagan realidad, se requerirá del liderazgo conjunto del ministro del Interior y del fiscal de la Nación. Ojalá ambos estén a la altura del desafío.