Denuncian intervenciones arbitrarias en Miraflores por actividades recreativas en la calle: ¿hay una normativa que las avale?

En primera instancia, se expuso que las autoridades municipales de Miraflores intentaron desalojar a mujeres que estaban bailando zumba en el parque Itzhak Rabin. “No está permitido, señora. Por favor, baje el volumen. Está en la vía pública”, dijo el funcionario. “No pueden venir a amedrentar. Canales abusivo”, fueron las arengas de las vecinas.

Liliana García, una de las vecinas y bailarinas, señaló a El Comercio que son 25 mujeres las que forman parte de esta actividad. “Nosotras en marzo de este año presentamos un escrito a la municipalidad pidiendo permiso para bailar, pero nunca nos respondieron. Conforme avanzaban los meses, nos hemos acercado al municipio para empadronarnos sin éxito alguno”, dijo.

Mencionó que todas son amigas desde hace años. “Una de ellas se certificó como instructora y le pedimos que nos de clases, así inició todo (...). Los serenos nos pedían que bajemos el volumen y accedíamos. Sin embargo, un fiscalizador vino de manera prepotente pidiendo que nos retiremos. Dijo que no podíamos bailar en la vía pública porque estaba prohibido”, agregó.

“Hay que aclarar que no hay comercialización en la vía pública. Nosotras nos hemos organizado para ir con nuestra instructora a bailar. No hay un banner ni nada que promocione lo que hacemos. Todas somos madres de familia, vivimos en Miraflores y pagamos impuestos. Nuestra intención no es incumplir las normas”, acotó Liliana.

El ciudadano Mario Rodríguez tiene una historia similar. Contó que un sereno de la misma municipalidad lo intervino por tomar fotografías en la vía pública. En ese momento, le exigió al joven que se identificara. “Dije que era fotógrafo, pero cuando me pidió mi DNI y me impidió el libre tránsito, estaba entrando a un terreno ilegal”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Cuidado con las “letras chiquitas” en contratos: más de 90 ciudadanos acusan a empresa de autos por presuntos cobros indebidos de hasta US$ 500

“Todas las preguntas se las va a formular el efectivo policial. No se puede retirar. ¿No quiere identificarse? Entonces debe estar haciendo alguna acción ilegal”, mencionó el sereno a Mario.

Irene Torrejón, abogada experta en temas de derecho administrativo y barreras burocráticas, señaló a este Diario que la municipalidad pretende poner orden y tranquilizar a los vecinos. Sin embargo, hay que observar la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, la Ley 31199. En el artículo 10 se establece que, si bien el municipio tiene la facultad de otorgar usos a los espacios públicos, estos no pueden ser desnaturalizados ni se debe restringir su libre acceso o disfrute.

Sostuvo que, por más que la municipalidad tenga competencias para regular los espacios de un distrito gracias a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), podría estar contraviniendo a la Ley 31199. “En el caso de actividades con fines de lucro que se desarrollan en un parque, sí se debe cobrar por el uso de dicho espacio. Pero en las denuncias expuestas se está viendo que son los mismos vecinos los que están disfrutando de los parques”, dijo.

La experta mencionó que el personal municipal alega que los sonidos de la música son fuertes y pueden afectar a los vecinos, pero el parque es amplio. “Hay que tener en cuenta que, según el artículo 55 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los bienes de dominio público son bienes intransferibles e inalienables, es decir, no se pueden enajenar”, añadió.

Sobre el caso del fotógrafo, mencionó que los miembros de la PNP pueden solicitar a los ciudadanos su identificación, pero es irregular que la municipalidad lo haga. “Si estamos caminando por el parque y queremos tomar una fotografía, no deberían pedirnos nuestro DNI. Algo diferente es que vaya a grabar una novela junto a todo un equipo, ahí vemos un lucro comercial. Pero estar con mi cámara y tomar una foto no es motivo para que la municipalidad exija algo”, acotó.

Laura Velásquez, jefa del área de derecho regulatorio del Estudio BBGS Perú Sacovertiz & Landerer, sostuvo que este tipo de intervenciones por parte de municipalidades vienen a ser arbitrarias cuando carecen de un sustento legal. “A raíz de las manifestaciones sociales de este año, el municipio de Miraflores ha emitido ordenanzas para señalar en qué zonas no se permiten las concentraciones públicas, pero hay que distinguir eso de una actividad recreativa”, precisó.

Agregó que se estaría vulnerando el derecho a la libertad de tránsito y al disfrute de actividades de ocio que no representan un riesgo para la comunidad. “Sobre el volumen, las municipalidades tienen ordenanzas que regulan el uso máximo permitido, pero es suficiente pedir de manera respetuosa que se baje el volumen”, dijo.

Natale Amprimo, abogado experto en derecho municipal y constitucional, comentó que hay una falta de criterio por parte de los funcionarios que realizan intervenciones, ya que el parque es una zona de recreación. “Si unas señoras se ponen de acuerdo para bailar, no se les puede prohibir dicha actividad siempre y cuando no tengan un volumen demasiado alto”, comentó.

El especialista señaló que, en el caso del fotógrafo, no se tuvo en cuenta que el joven no se encontraba en un puesto de venta de fotografías en medio de la vía pública. Además, comentó que cuando un sereno exige la muestra del DNI está cometiendo una acción contraria a los derechos ciudadanos. “Los funcionarios tienen una visión equivocada, creen que el área pública es intocable, pero no es así. Los vecinos pueden hacer un uso racional de estas áreas”, dijo.

Laura Velásquez precisó que es posible recurrir a la municipalidad, anotar el nombre del fiscalizador que habría generado el acto de arbitrariedad y, posteriormente, presentar una denuncia ante el Órgano de Control Institucional. Por otro lado, se puede realizar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por la vulneración de derechos constitucionales básicos.

La Municipalidad de Miraflores brindó un comunicado oficial a El Comercio. Sobre el grupo de señoras bailando, comentó que la Ordenanza 480/MM establece como muy grave el hecho de instalar o usar reproductores de voz, silbatos, campanas, amplificadores de sonido o instrumentos musicales en la vía pública sin autorización. “El lunes 18 de setiembre se impuso un acta de fiscalización a Liliana García, quien reconoció la propiedad del parlante. Esta acción se hizo por las quejas de vecinas que residen en propiedades contiguas al espacio público empleado”, se lee.

Además, el municipio informó que, según la queja vecinal, las asistentes a las clases de zumba pagarían por el servicio de enseñanza. “La comercialización de servicios en la vía pública es considerada una forma de comercio ambulatorio y está prohibida en el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas, constituyendo una infracción por ejercer dicho comercio sin licencia, autorización o permiso. Ello fue advertido el 18 de agosto de este año, a través de un acta de fiscalización″, añadió.

LEE TAMBIÉN: Empresa de compra y venta de acciones falsas bate récord al estafar con US$19 mil a nueva víctima

Respecto al joven fotógrafo, la comuna manifestó que, en el marco de las acciones de prevención para salvaguardar la seguridad del distrito, se ha dado luz verde a que los serenos puedan recabar información cuando identifiquen un hecho sospechoso. “La persona estaba tomando fotos a los predios. El sereno se identificó, solicitando el nombre del ciudadano para saber a quién se estaba dirigiendo. Ante su negativa, consideró necesario solicitar la presencia de la PNP. Sin embargo, el ciudadano no esperó la presencia del efectivo, quien es la autoridad llamada a solicitar el DNI”, dijo.

La municipalidad resaltó que el objetivo de estas acciones es evitar situaciones delictivas.