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Ante la ola de criminalidad que sufren Lima y Callao la respuesta del Gobierno ha sido disponer que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) salgan a las calles a apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida entra en vigencia desde hoy.
La resolución suprema que autoriza la medida por 30 días fue publicada ayer en “El Peruano”, pero en el documento se precisa que fue redactada el 29 de octubre, dos días antes de que el entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela, se viera envuelto en un escándalo por haber hecho una fiesta en su casa. La norma lleva la firma del presidente Pedro Castillo, la del ministro de Defensa, Walter Ayala, y la de Barranzuela.
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Según la norma, los militares contribuirán a garantizar los derechos a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por carreteras, al funcionamiento de servicios y a resguardar puntos críticos de la capital. Así, anota la resolución, se facilitará que la PNP “concentre su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población”.
La norma indica que no se restringirá, suspenderá ni afectará ningún derecho constitucional, y que los militares actuarán de conformidad con las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el país, y su reglamento.
Críticas a la medida
Si bien en las calles hay posiciones a favor y en contra, la postura de exministros y exviceministros del sector Interior, así como de exmilitares de alto rango, es contraria a la disposición.
Nataly Ponce, exviceministra de Seguridad Pública, opinó que la inseguridad no se resuelve con militares en las calles; más bien, la experiencia en países de Centroamérica evidencia que estas medidas no han logrado un control efectivo del delito. “Lo que hay que hacer es repotenciar las áreas debilitadas de la PNP con patrulleros, sistemas de información, y aumentar la inteligencia policial”, expresó.
Sobre las labores que ejecutarían los militares, dijo que el Ministerio de Interior debe definir un protocolo y determinar si ellos podrán ejecutar controles de identidad, patrullaje y otras tareas que son funciones de la PNP.
El general EP (r) César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA., dijo que los militares no están entrenados ni equipados para enfrentar la delincuencia común, y que, más bien, se podría disponer que las FF.AA. reemplacen a la policía en la vigilancia de fronteras, en el combate a la minería ilegal, en la labor del salvataje, rescate de rehenes y andinistas, y desactivación de explosivos para que la PNP se aboque a la seguridad ciudadana.
El exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. y actual congresista José Williams Zapata dijo que, en caso de patrullajes nocturnos y enfrentamientos con delincuentes, los militares al usar sus fusiles podrían ser denunciados por presuntos excesos.
Para el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, la intervención de las FF.AA. no se justifica. Dijo que en su gestión se redujo el delito en el Callao sin participación de militares.
El Ministerio de Defensa dijo ayer que los militares que apoyarán a la PNP han sido capacitados en derechos humanos.
A través de su cuenta de Twitter, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía pidió al Ejecutivo analizar la posibilidad de que las FF.AA. intervengan en zonas afectadas por conflictos sociales, donde se rompió el diálogo y hay amenazas y ataques a la propiedad privada.
Pablo de la Flor, titular de este gremio, puso como ejemplo los ataques a una minera en Ayacucho o la situación de Antamina (Áncash), que tuvo que suspender operaciones por las amenazas de comuneros de Aquia.
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