Mil soles por dos vidas

Mil soles. Si los representantes de McDonald’s en el Perú hubiesen invertido ese dinero en mejorar las condiciones de seguridad en su local de Pueblo Libre, hoy no estaríamos lamentando las muertes de Alexandra Porras y Gabriel Campos.

Mil soles. Así lo señalan especialistas consultados por El Comercio. Indigna pensar en la cifra y en los cientos de miles de dólares que esa franquicia factura en el país, en la indolencia de quienes tuvieron en sus manos evitar esas muertes y no lo hicieron, en el peligro en que se hallarán otros chicos que, ante la posibilidad de perder sus trabajos, prefieren soportar abusos antes que hacer una denuncia.

Las pesquisas realizadas por la policía muestran un comportamiento que supera los límites de lo negligente. El dispensador de gaseosas, a decir del comandante Ángel Zabarburú, jefe de la oficina de Criminalística de la PNP, era “una bomba de tiempo”. Tenía los cables pelados, pobre aislamiento y una fuga de electricidad más allá de la permitida. El restaurante carecía de una llave de energía diferenciada y su sistema de pozo a tierra era “deficiente”.

El Ministerio de Trabajo ha anunciado que demandará por la vía civil y penal a José Andrade, gerente general de Arcos Dorados, la empresa que representa a McDonald’s. Que sea así y se exija la máxima condena a todos quienes resulten responsables. El Gobierno debe demostrar con hechos que su interés por proteger a los trabajadores es real y no retórica hueca, esa que luego de una tragedia se apodera de los discursos oficiales y después se va diluyendo, al compás de las presiones y la fuerza del olvido.