Ley universitaria: cuestionan poderes entregados al Sunedu

MARTÍN ACOSTA GONZÁLEZ / @martiacosta

Dos días después de la aprobación de la ley universitaria en el Congreso de la República, el principal cuestionamiento de las autoridades de los centros de estudios tiene que ver con los amplios poderes de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Adscrito al Ministerio de Educación, ese ente dejaría espacio a la injerencia del gobierno de turno en las políticas universitarias, lo cual afectará, por supuesto, la autonomía. Incluso para los críticos más férreos, con esta ley el Estado busca apoderarse de la educación poniendo como pretexto la calidad de la enseñanza.

Este último argumento es defendido por el ex ministro Luis Solari, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. “Lo que quiere el Estado es una universidad políticamente arrodillada. Se perderá el sentido crítico, porque ya no podrán pronunciarse libremente y decir ‘esto está mal’, pues existiría el riesgo de que no se le renueve la licencia”, señaló a El Comercio

Raúl Diez Canseco, fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), indicó que el principal temor es que los cargos en la superintendencia se politicen. “Eso sí revestiría un peligro para la autonomía”. Cuestionó que los programas de estudio deban también ser aprobados por el Sunedu y que este sea anexo al ministerio. Ello generaría que los procedimientos sean lentos y engorrosos.

Agregó que las acreditaciones no deben ser voluntarias, sino obligatorias, para garantizar un mejor nivel académico. Pese a ello, indicó que la ley tiene aspectos más productivos que negativos. “Por ejemplo, conserva el régimen privado y en las universidades públicas el rector y los vicerrectores son elegidos por lista única”.

Para el ex ministro de Educación y ahora rector de la Universidad de San Martín de Porres, José Antonio Chang, “las universidades tienen responsabilidad en el nombramiento de ciertos órganos como el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí se requiere total independencia del poder de turno, pero la ley deja espacio para la interferencia en decisiones que deben ser libres y autónomas”.

Por ello, Gustavo Yamada, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, señala que la clave está en la elección de los miembros del consejo directivo de la superintendencia. “Se debe elegir a los que tengan los mejores currículos y la mayor experiencia. También que haya un proceso previo de conocimiento de sus calidades académicas y éticas”.

Garantizada esa primera parte, Yamada asegura que el Sunedu daría un perfil más técnico y transparente a la educación superior.

Críticas puntuales
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de un comunicado, criticó que la edad máxima para los cargos administrativos sea de 70 años. “Buenos investigadores no podrían ser jefes de investigación pese a que sus capacidades mentales y físicas lo permitan. Una ley no puede decir si eres capaz o no”.

La mayoría de las autoridades consultadas se mostró a favor de que los docentes tengan maestría para poder enseñar, siempre que estas se realicen en una universidad acreditada. Diferente opinión tiene Luis Solari: “Los títulos no convierten a los docentes en diestros ni expertos”.

PARA MEJORAR LA LEY
Piden participar en mesa de trabajo
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, señaló que para el proceso de implementación del reglamento de la ley universitaria se necesita contar con la opinión de los representantes de las universidades. Sin embargo, el objetivo de las autoridades es también modificar algunos aspectos de la norma.

“Hubiera sido interesante que abran más el debate en la parte previa. Si nos invita el Ejecutivo o cualquiera, estaríamos inmediatamente a disposición. Lo ideal es perfeccionar la ley y apuntar a un objetivo básico, que es mejorar la calidad de la educación, sin afectar la autonomía de las universidades”, sostuvo José Antonio Chang.

Al respecto, Raúl Diez Canseco opinó: “Si bien la ley es drástica con aquellas instituciones que engañan y estafan a los jóvenes con títulos que no valen nada, es necesario que se afinen detalles del reglamento”.

Para Gustavo Yamada, la ley es positiva y los detalles deben quedar aun más claros a través de la reglamentación en una mesa de trabajo en la que participen los actores implicados en tareas educativas. 

A su vez, el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, Michael Ortiz, señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas debe entregar recursos para fomentar la investigación que procura la ley.

No obstante, Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma, indicó que se debe esperar la publicación del reglamento para poder tomar decisiones en materia legal, como presentar acciones de amparo o para llevar el caso al Tribunal Constitucional.