Feminicidio: ¿por qué aumentaron los casos pese a sanciones más duras?

En mayo de este año, el Congreso de la República aprobó modificar el Código Penal y aumentar la pena mínima por el delito de feminicidio como una manera de combatir estos casos que vulneran a las mujeres del país. Sin embargo, a pocos días de acabar el año ya se han registrado 143 asesinatos de este tipo, la cifra más alta desde el 2009, según la Defensoría del Pueblo.

¿Por qué a pesar de las sanciones más duras, hay más casos de feminicidio? El escenario es grave y para los especialistas los casos irán aumentando si no se aborda como problema social.

“El marco punitivo no va a resolver el problema, los hechos van a aumentar y los índices de violencia se van a agravar”, indicó la penalista y criminóloga María Elena Portocarrero, quien considera que la alta violencia actual se debe entender en torno al problema del machismo, la falta de valores y la decaída salud mental en nuestro país. Advirtió que se está dañando el núcleo familiar.

“Víctima no es solo quien recibe la acción, víctima social también es el familiar del delincuente que se queda sin un miembro de familia, o de quién le da recursos. Lo que haces es aumentar no aritméticamente sino geométricamente el índice de inseguridad y de violencia social”, advirtió en comunicación con El Comercio. Sostuvo que al quebrar una familia lo que se hace es que los niños crezcan expuestos a un resentimiento social.

Un escenario similar también señala el penalista Mario Amoretti, en especial por la falta de prevención. “No vemos la causa. Mientras no se den las medidas preventivas, esto se seguirá incrementando porque las penas no son disuasivas. El maltratador sigue demostrando su poder”, indicó.

Aumento de pena mínima

En mayo de este año el Congreso de la República modificó el Código Penal y aumentó la pena mínima por el delito de feminicidio. Con la nueva norma, quien cometa este delito tendrá una pena no menor de 20 años de cárcel, antes era de 15. Por otro lado, la condena será no menor de 30 años de prisión si el feminicida actúa en estado de ebriedad.

- Problema tras problema –
El camino para conseguir justicia en el caso de la violencia contra la mujer se ha vuelto largo, oscuro y con innumerables trabas. Las víctimas y los familiares siguen esperando una resolución, en medio de procesos agotadores e interminables, pese a las pruebas. Y aquí encontramos un problema dentro de otro.

Para Amoretti, el Estado no da los suficientes recursos para atender los casos de feminicidio, entre otros. “Los políticos piden reforma judicial pero no les dan los medios económicos, la logística y el personal que requiere un juzgado. Solamente vienen las críticas, que muchas veces son ciertas, pero los que conocemos la realidad judicial vemos las condiciones deplorables”, indicó.

Por otro lado, la doctora Portocarrero indicó que muchas veces las diligencias se retrasan por falta de personal, en especial en provincias donde incluso se debe esperar más de un mes para realizar pericias sicológicas. “Como se debe tener a buen recaudo al detenido, lo que hacen es meterlo a un penal, y no hay suficiente personal ni sicólogos para la atención”, comentó. Este escenario impediría la resocialización de los internos, en los casos que lo ameriten, exponiendo a que se vuelva a cometer el delito.

- Más alternativas de solución -
Existe un plano social por atender. Portocarrero insistió en que se debe enfatizar en desarrollar mecanismos de control social informal, es decir, en la formación de valores desde el hogar y en las escuelas, en las que se promueva el respeto a las personas.

“No manejamos soluciones alternativas de conflicto. Estamos en una sociedad en la que quien grita más fuerte tiene la razón (...) En nuestra sociedad se ha acostumbrado que el grito es parte del diálogo y eso ya es un tipo de violencia sicológica”, indicó, y en este marco quienes están más expuestos son las mujeres y los niños.

En un sentido más inmediato, Amoretti consideró que se debe priorizar la atención desde la primera denuncia de maltrato, en especial si se trata de flagrancia.

“La ley sostiene que un juez civil dentro de las 24 horas debe resolver la situación (…). Si el maltratador no acepta ir a un examen sicológico, el juez debe dictar una medida de desobediencia a la autoridad”, comentó. Y es que, según el penalista, los trastornos no impiden que sean responsables penalmente.