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El gobierno de Pedro Castillo se ha planteado un nuevo objetivo: liberar en el corto plazo a Antauro Humala. Así lo confirmaron a este Diario fuentes en el sector Justicia. La figura utilizada para la excarcelación es la redención de pena. Esto, a raíz de un recurso que presentó, en noviembre pasado, la defensa del etnocacerista, el cual alegaba que si se suman las horas de trabajo y de estudios en prisión, se le debería reducir en dos años y seis meses la condena. Es decir, para ellos la sentencia ya está cumplida.
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Para que esto se concrete, el etnocacerista —preso desde el 2005— necesita que el INPE prepare un informe convalidando los días que pide su defensa sin contar las inconductas y sanciones que ha tenido en los diferentes centros de reclusión donde ha estado. Las fuentes en el sector señalan que quien ha manifestado su oposición a que se dé esta liberación es la jefa del INPE, Susana Silva, pues consideraría que es irregular. Sin embargo, el gobierno insiste.
Las fuentes agregan que el Ministerio de Justicia, ante la negativa de Silva, está evaluando cambiar a la jefa del INPE y nombrar a uno que sea “más flexible” y suscriba la solicitud.
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“El INPE está demorando el trámite”, dice la abogada del interno, Carmen Huidobro. “Ya se debió responder en estos días”, añadió.
Humala fue condenado en el 2009 a 25 años de cárcel por homicidio, secuestro y rebelión en el ‘Andahuaylazo’. Pero en el 2011, esta se redujo a 19 tras una revisión de la Corte Suprema.
La defensa del etnocacerista sostiene que los sentenciados por el delito de secuestro pueden acogerse a la figura de redención de pena establecida en la Ley N° 28760. Esta, dice la defensa, señala una redención de pena de 7x1 por días de trabajo o educación (siete días de esta labor efectiva por un día de pena).
En octubre pasado, el gobierno acogió un reclamo del etnocacerista y lo trasladó del penal de máxima seguridad de Ancón I al de reos comunes Ancón II. Por entonces, se dijo que el traslado se dio por “motivos de seguridad del interno”.
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