A la espera del TC: se vienen días claves para definir el futuro de peaje de Puente Piedra

La discusión entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria Rutas de Lima por la permanencia o no de los peajes que tiene a su cargo esta última llegó finalmente a instancias judiciales. La mañana de este miércoles, ambas partes expusieron sus alegatos ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) en el marco de la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Ramón Pairazaman León contra la empresa por el peaje ubicado en el distrito de Puente Piedra. Ahora, solo queda esperar que el TC vote y resuelva el caso. Mientras tanto, se mantiene el suspenso.

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Los magistrados miembros de la Sala Segunda, Gustavo Gutiérrez Ticse (presidente), Francisco Morales Saravia y Helder Domínguez Haro, no sólo escucharon los alegatos de los abogados de ambas partes, sino que realizaron una serie de preguntas para conocer mejor el caso. La audiencia pública fue transmitida por la página web y redes sociales del TC.

Consultada por El Comercio respecto a la audiencia y su parecer, la concesionaria Rutas de Lima indicó que en relación a los temas de fondo que se discuten en el proceso de habeas corpus, “la discusión de los mismos así como su posición jurídica, se expresará en el marco del referido proceso constitucional que se tramita ante el Tribunal Constitucional”.

En esa línea, le empresa fue clara en sostener que “confía en que el Tribunal Constitucional desestimará la demanda al carecer de méritos y fundamento jurídico”.

A través de un documento enviado a la Sala Segunda del TC días antes de la audiencia, Rutas de Lima solicitó que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse sea retirado del caso por haber fungido como abogado del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en anteriores oportunidades. En dicho escrito la empresa señala que cuando un magistrado ha intervenido como un perito, testigo o abogado debería inhibirse.

“El magistrado, Dr. Gustavo Gutiérrez Ticse es exabogado del alcalde de Lima, el Sr. Rafael López Aliaga y de su partido Renovación Popular; y, actualmente, es magistrado de la Sala 2 del Tribunal Constitucional, que resolverá la controversia suscitada en el proceso constitucional de habeas corpus incoado por el Sr. Ramón Lucianetti Pairazaman León”, se lee.

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Vale precisar que informes publicados por Ojo Público en octubre del 2022, revelaron la cercanía del estudio jurídico Gutiérrez Ticse Abogados & Consultores Asociados S.R.L. con Renovación Popular, partido que lidera el actual burgomaestre de Lima.

Se detalla que el estudio del magistrado había brindado un total de cuatro asesorías legales en materia constitucional y electoral al partido de López Aliaga, cuando Gutiérrez Ticse aún era un postulante al TC en el Congreso. Asimismo, cuando Gutiérrez se presentó ante el Legislativo durante la elección de los magistrados, obtuvo el apoyo de los nueve congresistas que integraban la bancada de Renovación Popular.

El pago que realizó el partido por las asesorías en favor del estudio jurídico alcanzó los S/19 mil 600 soles. Esta cercanía podría suponer un conflicto de intereses al que apelaría Rutas de Lima en caso el TC falle em su contra.

En febrero del 2013, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en ese entonces bajo la alcaldía de Susana Villarán, firma el contrato de concesión de los peajes con Rutas de Lima. Casi cuatro años después, en diciembre del 2016, entran en funcionamiento las primeras garitas del peaje Chillón (Puente Piedra), pese a las quejas de vecinos, transportistas y alcaldes.

Ya en el año 2022, durante su campaña para la alcaldía de Lima, el entonces candidato Rafael López Aliaga prometió que iba a declarar como nulos los contratos de concesión de los peajes en la capital al estar inmersos en hechos de corrupción. Tras ser elegido burgomaestre de Lima, en enero del 2023, comentó que los contratos con las concesionarias serían renegociados.

Finalmente, el 29 de ese mismo mes, el Concejo Metropolitano de Lima decidió resolver el contrato que tenía la comuna con Rutas de Lima. Los motivos fueron seis: las altas tarifas de peajes, deficiencias contractuales, deficiencias en el servicio, disminución de la velocidad del tránsito, afectación a las familias que viven en alrededores del peaje Chillón y por la aprobación de una adenda y 31 actas privadas que modificaron términos contractuales.

De esta manera, inició la cuenta regresiva por los 180 días de resolución del contrato, que es el periodo contractual para que entre en efecto la decisión unilateral de culminar el contrato. Este plazo finalizó el pasado 29 de julio.

Tras la decisión de la MML, Rutas de Lima elevó el caso al Tribunal Arbitral Ad hoc bajo el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). El citado Tribunal ordenó, el 16 de junio, a la Municipalidad de Lima suspender el proceso de caducidad del contrato con Rutas de Lima, hasta que se resuelva la controversia entre ambas partes. La empresa se valió de una decisión internacional para continuar operando.

Como respuesta, en julio de este año, López Aliaga calificó de ilegales las medidas cautelares del Tribunal Arbitral y arguyó que cada miembro habría cobrado 500.000 dólares.

Mientras tanto, a lo largo de los últimos 10 años, en diversas ocasiones, se registraron marchas y grandes enfrentamientos entre ciudadanos, quienes no estaban de acuerdo con el peaje Chillón, en Puente Piedra, y las fuerzas del orden. Incluso, un grupo de personas le prendió fuego a la garita de control.

Por otro lado, vale precisar que la adjudicación del proyecto actualmente es investigada por la fiscalía, pues en la planilla de pagos ilegales de Odebrecht se registraron transferencias por US$711.000 al ‘codinome’ “Budian”, que se refiere a José Miguel Castro, exfuncionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. La tesis fiscal es que el dinero entregado se debió a negociaciones ilícitas por la adjudicación y la primera adenda al contrato del proyecto.

En julio pasado, durante una conferencia de prensa, el alcalde de Lima invocó a Rutas de Lima para que el 29 de ese mes, a las doce de la noche, “devuelva a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción”. Esto, en el marco del vencimiento del plazo de 180 días desde que la comuna capitalina decidiera resolver el contrato unilateralmente y al término del cual entraría en efecto tal decisión.

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“Caso contrario, tenemos un proceso totalmente legal que implementaremos, pero no se puede ofrecer estabilidad jurídica al mundo si tenemos empresas tipo Odebrecht”, comentó la autoridad.

López Aliaga también refirió que los más afectados por los peajes operados por la empresa Rutas de Lima son las personas de pocos recursos que habitan en los distritos de Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa y Carabayllo, “a los cuales se les impone un peaje por salir de sus casas. Esa injusticia nace de un contrato nulo en su origen y en su contenido arbitral”.