Notable ha sido la caída de las hectáreas cultivadas de hoja de coca en lo que va de la presente administración. Entre el 2000 y el 2011 el incremento fue sostenido, pasando de 43.400 a 62.500 hectáreas; desde entonces la extensión de los cultivos ilícitos no ha dejado de reducirse, hasta llegar a 42.900 hectáreas en el 2014, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y Devida. Así, en tan solo tres años se revirtió el incremento experimentado durante la última década.
Este logro ha sido el resultado de la decisión política de erradicar los cultivos de hoja de coca. Hasta el 2011 la meta anual y la erradicación nunca superaron las 10.000 hectáreas; desde entonces la situación cambió. El 2012 se erradicaron más de 14.000, el 2013 casi 24.000 y el 2014 más de 31.000. En lo que va del año se han erradicado casi 21.000 hectáreas, lo que hace previsible que se supere la meta de 26.000.
Los logros más importantes del esfuerzo de erradicación han tenido lugar en el Alto Huallaga, hasta hace muy poco uno de los tres más grandes valles cocaleros del país, donde actualmente los cultivos ilícitos no exceden las 1.500 hectáreas. Las hectáreas también se han reducido en La Convención-Lares y en los valles de Pichis-Palcazú-Pachitea y Aguaytía. En cambio, en el Vraem la caída ha sido mínima, por cuanto la erradicación voluntaria y la reconversión productiva no han dado resultados.
El esfuerzo es más meritorio si se considera que Colombia venía reduciendo sus cultivos sostenidamente desde la década pasada, lo que parecía condenarnos a ser víctimas inevitables del “efecto globo”. Empero, Perú y Bolivia lograron evitarlo y es más bien Colombia la que retrocede por una pérdida en su impulso erradicador, que ha permitido que las hectáreas cultivadas pasen de 48.000 a 69.000 en el último año. Este deterioro se acentuará con el abandono de la aspersión aérea, que en el 2014 representó más del 80% de la erradicación.
Otros aspectos de la política antidrogas peruana no han tenido los mismos resultados. Si bien la incautación de insumos químicos ha mejorado, sigue constituyendo una pequeñísima fracción de los insumos desviados al narcotráfico. Lo mismo se puede decir de la incautación de drogas cocaínicas, que aunque llegó a 30 toneladas el año pasado, alrededor del 10% de la producción potencial de cocaína, sigue constituyendo casi una sexta parte de lo incautado por Colombia (166 toneladas).
Quizá el más grande desafío de la política antidrogas sigue siendo el Vraem, de donde se sostiene salen por vía aérea por lo menos cinco avionetas cargadas de drogas cocaínicas al día, sin que hasta el momento el Congreso apruebe un sistema de interdicción aérea. También sigue sin existir un eficiente sistema de control de insumos químicos y de inteligencia que lleve a la desarticulación de los clanes familiares que controlan el narcotráfico en el valle.