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El rumor de Huaycán ya se había extendido por la redes sociales, y difundido estratégicamente en varios formatos. “Tengan cuidado. Ya encontraron a dos niños sin órganos y un adolescente sin ojos”, se escucha en un audio. “La información es real y puedo dar fe. Les pongo mi nombre y la fecha para que no piensen que esta es una de esas tontas cadenas”, decía un post en Facebook.
Para algunos, esta masiva difusión de mensajes solo era la viralización de una broma. Pero para otros se trataba de algo real. En Ate, el rumor creció a tal punto que generó actos vandálicos, además de la muerte de una persona y decenas de heridos.
El Código Penal castiga a quienes difunden información falsa a fin de alterar la tranquilidad pública. El artículo 315-a, delito de grave perturbación de la tranquilidad, contempla que quien altere la paz usando cualquier medio capaz de producir alarma será sancionado con cárcel de tres a seis años.
Pero a pesar de que la ley permitiría penar a quienes iniciaron esta cadena viral, no existe en el Perú una fiscalía especializada en delitos informáticos capaz de investigar, de la mano con la tecnología, el origen de la cadena informativa falsa que sentó las bases de los disturbios.
Hasta anoche, la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán solo había considerado los delitos contra la seguridad pública y peligro común por los disturbios y por la fabricación de armas caseras, para las personas detenidas tras el vandalismo en Ate. Pero la investigación contra quienes iniciaron y compartieron la cadena de información falsa en redes sociales “es compleja y toma tiempo”, según fuentes del Ministerio Público.
—La pieza faltante—
La fiscalía niega la necesidad de una división de la fiscalía especializada en temas informáticos.
Sin embargo, para varios analistas, la ausencia de esta complicaría la investigación. “Hay un vacío institucional. No tienen personal preparado para perseguir este tipo de delitos. Hay una división de delitos informáticos en la policía, pero no en la fiscalía. Esta tiene la obligación de investigar estos hechos”, dice Erick Iriarte, abogado y experto en temas de informática.
Juan Carlos Luján, especialista en redes sociales, señala que el objetivo de quienes iniciaron esta cadena informativa, que no sería una persona aislada sino una organización, es sembrar descontento y llamar la atención de las autoridades ante algún caso no atendido.
Para Luján, la falta de fiscalía especializada en estos temas informáticos es necesaria para hallar a los responsables en corto tiempo.
“He visto que hay fiscales sin experiencia, que pese a ser jóvenes desconocen cómo funciona el Internet, los mecanismos de los grupos creados en Facebook que colocan información falsa. No conocen el funcionamiento de las redes sociales, que es clave ante tanta información. El Poder Judicial y la fiscalía tienen presupuesto y los capacitan, pero estos temas no los abordan”, dice.
