“¿Cómo haríamos, jefe?”, por Sandra Belaunde

El principal problema de Lima, la inseguridad ciudadana, esconde varias capas. En la primera, vemos que el 75% de la población de la capital no se siente protegido por la policía. Bajamos una más, el 71% no confía en ella. Estas capas se ajustan a las cifras recogidas por las encuestas de El Comercio-Ipsos de febrero del 2015 y octubre del 2014, respectivamente. Una capa más abajo: la corrupción es percibida como el principal escollo que enfrentan la policía (y el Poder Judicial), según el Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018 del propio Ministerio del Interior que cita la séptima encuesta de Proética sobre percepciones de corrupción. 

Es decir, a la autoridad responsable de combatir la inseguridad le falta ser percibida como una verdadera autoridad. 

Efectivamente, la corrupción dentro de la policía disminuye su autoridad. Esta incluye corrupción a gran escala, como el escándalo López Meneses en el que incluso estuvo denunciado el ex director de la Policía Nacional del Perú, Raúl Salazar; a mediana escala, como los ascensos dentro de la misma institución; y a pequeña escala, como coimas de ciudadanos a policías de tránsito por una falta. 

Es a esta escala, en esta capa, que los ciudadanos somos también responsables, e incluso cómplices, de la corrupción policial. 

En octubre del año pasado, El Comercio conversó con tres jóvenes policías mujeres, reconocidas por incorruptibles, que contaban su experiencia diaria con los ciudadanos en el tránsito. Además de haber denunciado en promedio a 60 choferes en menos de dos años por intento de coima, contaban que se enfrentan a una serie de agresiones verbales, e incluso físicas.
 
Cómo podemos quejarnos de inseguridad, de falta de autoridad y de corrupción policial, si en el momento en que nos toca pasar una prueba (tan simple como acatar la sanción por una falta cometida), la fallamos y cometemos un delito: coimear a los policías. 

Si queremos autoridades que se hagan respetar y en las que podamos confiar, tenemos que empezar nosotros mismos por respetarlas. 

Lima tiene más de un tercio de la población del país, es el mejor punto de partida para que las cosas cambien. Está en manos de los ciudadanos combatir la corrupción policial de pequeña escala. Si tanto civiles como policías se comprometen a cambiar el statu quo de la corrupta realidad, y a quienes pidan u ofrezcan la coima se les impone una sanción efectiva lo suficientemente severa para que no se les ocurra volver a intentarlo, podríamos avanzar varios pasos hacia la ciudad en la que queremos vivir. 

Si bien cuando un policía acepta una coima –delito rara vez denunciado– enfrenta entre 5 y 8 años de cárcel y un civil enfrenta entre 4 y 6 años, en la práctica ninguno recibe prisión efectiva. Quizás una alta sanción pecuniaria sea un disuasivo más potente en estos casos para que no se repita. Todo ello, claro, bajo un control más estricto del cumplimiento de esta normativa.