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El 31 de julio pasado, luego de que el fiscal Jorge Sanz Quiroz archivara la investigación al rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, la procuraduría especializada en ese delito interpuso una queja ante el Ministerio Público para que se deje sin efecto esa resolución. ¿La razón? La investigación de Sanz habría tenido irregularidades.
Según la Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de Julia Príncipe, el fiscal no levantó el secreto bancario, tributario y bursátil del rector y sus hijos.
Tampoco se recabaron documentos sobre los ingresos percibidos por Cervantes, y su declaración se tomó sin conocimiento de la procuraduría.
Lo extraño, sin embargo, es que el fiscal superior que deberá resolver la queja de la procuraduría será Miguel Vegas Vaccaro, catedrático de la Facultad de Derecho de la Garcilaso desde hace más de tres años.
Para el ex fiscal Avelino Guillén, Vegas debería excusarse de llevar el caso porque “es evidente que hay un conflicto ético”.
“La procuraduría también puede solicitar que él se abstenga de resolver la queja”, sostuvo.
UNA INVESTIGACIÓN IRREGULAR
De acuerdo con la procuraduría, el patrimonio adquirido del rector, sumado a su movimiento financiero, suma US$3’658.230, por lo cual es imprescindible un peritaje contable para saber si existe desbalance patrimonial, algo que no se realizó.
Sobre las empresas que Cervantes constituyó en el 2009 (LL&M Contratistas Generales y Security Man), la procuraduría resaltó que no tomaron las declaraciones de sus representantes legales y que la investigación debió estar dirigida a establecer el capital social y patrimonial de esas compañías porque se utilizarían para lavado de activos.
La queja estipula que debieron tomarse las declaraciones de los hijos del rector, María y Luis, pues su patrimonio ascendería a más de US$1 millón.
PROCESO EN PELIGRO
El fiscal especializado en lavado de activos Marco Cárdenas también investiga al rector por lavado de activos y hace un mes pretendió unificar ambas investigaciones, pero su propósito no prosperó debido al archivamiento que decidió Sanz.
Para el abogado penalista Roberto Miranda, Cervantes podría ahora interponer un recurso de hábeas corpus porque dos fiscalías no pueden investigarlo por un mismo delito.
Al cierre de esta edición, El Comercio supo que el fiscal Vegas se excusaría de revisar el tema o lo remitiría a la fiscalía especializada. Esa decisión se confirmaría el lunes 18.
