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La delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana se da en un momento crucial para la capital. Las extorsiones y los asesinatos por sicariato han sido el pan de cada dos días en el último mes. Al punto que autoridades y vecinos del Callao y de tres distritos de Lima han pedido que sus jurisdicciones se declaren en emergencia para que sean las Fuerzas Armadas las que patrullen las calles.
Con estas facultades llegan tres buenas noticias, dos dudas y una esperanza.
La primera noticia es que resulta positivo que quienes estudian y trabajan directamente con el problema sean (dentro del plazo otorgado democráticamente por ley) los que ayuden a definir el marco legal óptimo para combatirlo. También ayuda que sea José Luis Pérez Guadalupe la actual cabeza del Ministerio del Interior, por la seriedad, el profesionalismo y el compromiso que ha demostrado hasta ahora.
La segunda es que se va a corregir el desfase que hay entre la legislación penal y la realidad del país. Hace 15 años, el problema de sicariato no tenía la escala que tiene hoy. El vacío legal es tal que el delito de sicariato no está tipificado en el Código Penal (figura como homicidio calificado por lucro). Sobre esto, el ministro Pérez Guadalupe ha anunciado que propone tipificarlo como delito autónomo y que tenga un régimen penitenciario particular.
La tercera, es que se va a combatir, por fin, el sicariato juvenil, legislado hoy por el Código de los Niños y Adolescentes, pero basado en una realidad pasada, de cuando no había niños y adolescentes sicarios. Un sicario menor de edad hoy no comete un delito, sino una infracción; con ello,no va a la cárcel, sino a un centro de rehabilitación, de donde posiblemente salga más preparado para delinquir y menos rehabilitado. El Ejecutivo busca que el sicariato juvenil sea considerado un delito con penas de cárcel de hasta 30 años. Las consecuencias deben estar en línea con los actos. Para complementar esto, y es incluso una mejor medida, se considera la propuesta de que el delito de ordenar la ejecución de un crimen de sicariato tenga como agravante el encargárselo a un menor.
Estas dos medidas combaten la situación actual en la que hay incentivos perversos para que los menores de edad (y los líderes de bandas de adultos) encuentren una alternativa de bajo riesgo y alta rentabilidad en el sicariato. La minoría de edad de los sicarios pasará a ser más bien un riesgo mayor para quienes los contraten.
Ahora las dudas. La primera viene con el documento del proyecto de ley sobre seguridad ciudadana con siete puntos sobre los que se legislará. No obstante, no se especifican las medidas que se implementarán.
La segunda es si este proyecto de ley, por sí solo, va a generar un impacto sustantivo. Más allá del endurecimiento de la legislación penal, lo que se necesita es un trabajo multisectorial que involucre al Minedu, Midis, Minsa y MIMP para cortar de raíz el problema de la delincuencia a través de políticas sociales y de generación de oportunidades para los niños y jóvenes más desfavorecidos.
El tiempo que se ha dado al Ejecutivo (90 días) es menor del que pidió (120 días). La esperanza está en que en ese plazo las autoridades sean eficientes y sienten las bases de un marco regulatorio sólido y en consonancia con la realidad.
