Estos son los conflictos sociales que requieren “atención urgente” según la Defensoría del Pueblo

Los cinco días del paro agrario –que culminó el viernes y dejó al menos un fallecido– marcaron la reanudación de la conflictividad social en el país, que había permanecido relativamente inactiva en los últimos meses a causa de la pandemia del coronavirus.

La derogación de la Ley de Promoción Agraria puso fin a esta controversia. Ayer, el presidente de la República, Francisco Sagasti, adelantó que desde el Poder Ejecutivo se presentarán propuestas sobre el régimen laboral para la nueva norma que elaborará el Congreso.

Sin embargo, el clima de tensión aún permanece vigente en otras zonas del país. Un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo, al que tuvo acceso este Diario, señala que hay cinco casos adicionales que requieren “urgente atención” de las autoridades. Todos están relacionados a temas socioambientales.

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Según ese organismo, se trata de casos que se encuentran activos y en los que no habría avances significativos en el proceso de diálogo, lo cual podría ocasionar la adopción de medidas de fuerza.

Tensión en Las Bambas

Uno de los más importantes está relacionado con la mina Las Bambas, en Apurímac. La federación campesina del distrito de Challhuahuacho exige la presencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y demanda el cumplimiento del Decreto Supremo 005-2016-PCM, que prioriza el desarrollo económico y social de esta localidad.

Asimismo, reclama la asignación del canon minero del 2021 desde el primer mes y, al mismo tiempo, la instalación de una Asamblea Constituyente. A fines de noviembre, se inició un paro en el lugar. La PCM ha enviado al alcalde de Challhuahuacho una comunicación para que un comité técnico se reúna en el lugar el 11 de diciembre; sin embargo, aún no ha recibido respuesta.

En julio, se registraron tensiones en el corredor minero, a la altura de Espinar, en Cusco. Los moradores exigían un bono de S/1.000 a cada adulto elector debido a la crisis económica del COVID-19.

Otros casos

En el distrito de Coata (Puno), las autoridades y dirigentes de la cuenca del río del mismo nombre solicitan la conformación de una comisión de salud respecto a la presencia de metales pesados en las personas. Dirigentes anuncian que el 9 de diciembre se retomarían las acciones de protesta. Hasta el momento no hay diálogo entre las partes.

En Pasco, 34 familias del distrito de Simón Bolívar demandan atención de salud frente a la contaminación producida por la presencia de pasivos mineros.

Una situación similar se denuncia en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), donde dirigentes del centro poblado de Shiracmaca denuncian que las actividades de la empresa minera Suma Gold Corporation ocasionan contaminación ambiental y afectan el abastecimiento de agua en la zona.

En Loreto, las organizaciones indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Chambira y Marañón solicitan crear un fondo de fideicomiso para la gestión del presupuesto del plan de cierre de brechas. A fines de octubre, se anunció la reanudación de protestas, pero fueron suspendidas debido a la crisis política.

Los factores detrás

Jeffrey Radzinsky, analista político y director del grupo Fides, señala que si bien los conflictos sociales suelen aumentar en los años previos a las elecciones, también deben tomarse en cuenta los efectos de la crisis económica y sanitaria.

“Al factor estacional de las elecciones, se suma la recesión luego de una pandemia que ha matado a decenas de miles y dejado sin trabajo y sin ingresos, y que ha cambiado la dinámica social de la gente”, explica.

El analista añade que el Gobierno debe adoptar medidas excepcionales para llegar a una solución y fortalecer los equipos de resolución presentes en la PCM.

“No podemos actuar de la misma manera como en una etapa donde siempre hay conflictividad. Tenemos al país con efervescencia política”, dice.

Entrevista

“Hay que reactivar los espacios de diálogo”. Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y para la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

— ¿Por qué la conflictividad social se desbordó en los últimos días?

Era previsible que cuando se reanudaran las actividades económicas, volverían a expresarse los conflictos sociales. En un contexto de restricciones a la comunicación y a la presencia física por la pandemia, debieron hacerse reuniones remotas para que los grupos sociales percibieran que el Ejecutivo no había perdido el interés.

— ¿Qué caracterizará a los conflictos en los próximos meses?

Actualmente, hay 92 conflictos que tienen espacios de diálogo, eso había que reactivar rápido. Al ver que quedaron en suspenso, existe la tentación de ir por las vías de hecho, eso es lo que hay que evitar. Hay que reactivar los espacios de diálogo para que la ciudadanía sienta que sus problemas pueden ser atendidos.

— ¿De qué manera ha impactado la reciente crisis política?

La inestabilidad política transmite el mensaje de que hay precariedad institucional y, por consiguiente, los problemas tienen que reclamarse directamente en espacios públicos, apelando a la fuerza. Falla la estructura de intermediación. Lo responsable es que se permita al Ejecutivo tomar decisiones que corresponden al momento que estamos pasando.

— ¿Qué posibilidades tiene el Gobierno de resolver los conflictos cuando le quedan solo ocho meses?

Tenemos que acostumbrarnos a que los Estados funcionen de manera continua. Este gobierno puede durar ocho meses, pero ya hay una capacidad instalada para atender la conflictividad social. Se tienen que mantener los equipos que vienen trabajando la gestión de conflictos.

— ¿La proximidad del proceso electoral podría atenuar el escenario que se vive actualmente?

Hemos visto durante años cómo los conflictos sociales pueden, lo digo en condicional, ser instrumentalizados con fines electorales. No estoy señalando a nadie, pero es un aspecto por investigar. La sociedad debe distinguir entre candidatos y organizaciones sociales que plantean reivindicaciones. Esperamos que las organizaciones políticas actúen responsablemente y no confundan los dos planos.

Punto de vista

Movilizaciones: rentas versus agravios. Por Camilo Ferreyra, investigador del Centro Wiñaq

Cuando se dan movilizaciones sociales, se ve a múltiples líderes declarando que lo que está detrás de aquellas consiste en un conjunto de agravios. Es natural considerar que las acciones de protesta tienen como causante una situación de injusticia que tiene como reacción la movilización; sin embargo, no es la única causa.

Los participantes son personas racionales que incurren en el costo económico, legal o de riesgo físico de movilizarse con la idea de obtener un beneficio que puede ser económico, pero también ideológico o político. Una persona no participaría de una movilización si considera que no tiene posibilidades de obtener los cambios demandados.

La coyuntura reciente propicia la conflictividad, puesto que las acciones directas han pasado a ser más “rentables”. El Poder Legislativo ha incrementado su sensibilidad frente a la movilización callejera, las fuerzas que lo componen tienen que proteger su capital político de cara a las elecciones y ha dado claras señales de desinterés por los efectos económicos de las medidas que apruebe.

Por otro lado, el Ejecutivo es ejercido por un miembro de una bancada con solo nueve votos en el Congreso, con un potencial bloque mayoritario hostil, a lo que hay que añadir una polémica gestión de la policía.

Bajo estas condiciones se facilita obtener de estos poderes las políticas que los movilizados requieran. Independientemente de si los reclamos son o no justos, los retornos a la movilización social se han elevado.

Dado el actual sistema de incentivos políticos, es esperable que la conflictividad social sea un fenómeno característico de aquí a las elecciones.