Límites sin definir en 40 de los 43 distritos de Lima: ¿cómo es vivir en medio de conflictos territoriales? | RECORRIDO

Las 40 jurisdicciones restantes registran una serie de ambigüedades y problemas en su demarcación territorial. El funcionario añadió que de los 127 puntos limítrofes que hay en Lima, 49 presentan conflictos por demarcación.

Esta situación –explica Reyes– dificulta la adecuada atención de servicios, genera problemas en los pagos de tributos y ocasiona demoras en la ejecución de proyectos. “Actualmente el Reglamento de Demarcación Territorial necesita contar con un Estudio de Diagnóstico y Zonificación para Lima, ello con la finalidad de brindar tratamientos limítrofes”, propuso.

Entre los conflictos más complejos están Chorrillos-Surco, Chorrillos-San Juan de Miraflores, La Molina-Ate, San Isidro-Magdalena del Mar, Independencia-San Martín de Porres, Lurín-Pachacamac, etc. Este Diario realizó un recorrido por algunas de las zonas limítrofes de la capital para escuchar el sentir de los vecinos afectados.

El primer punto fue el parque Benemérita Guardia Civil, anteriormente conocido como La Pera del Amor. Los vecinos recuerdan que hace ocho años hubo una batalla en dicho parque entre los serenos de San Isidro y Magdalena del Mar. La residente Marilú Wiegold comentó a este Diario que hubo disparos y hasta heridos. “El enfrentamiento fue ocasionado porque serenos de Magdalena colocaron una tarima para celebrar su aniversario”, dijo.

“Yo vivía en medio del conflicto. El comedor de mi casa estaba en Magdalena y mi sala en San Isidro”, señaló. La vecina agregó que “desde hace cinco años el parque empezó a ser parte de San Isidro, aunque todavía puede haber vecinos que tributan en Magdalena”.

Wiegold contó que ahora la zona limítrofe donde los municipios estarían en disputa se encuentra a la altura de la residencial Marbella. “Hay una situación ambigua donde el tema no está totalmente resuelto”, dijo.

Este Diario constató que en el cruce del Malecón Bernales con la calle Mannarelli se observan señalizaciones tanto de la Municipalidad de San Isidro como de Magdalena del Mar. El vecino Andrés García mencionó que el lugar sufre de una ausencia de servicios de limpieza y seguridad.

“Nadie quiere recoger la basura, todo aparece amontonado en varias ocasiones. Ninguna entidad municipal se hace responsable porque dicen ‘no es mío, es tuyo’. Deberían de delimitar bien la zona para que los vecinos no nos veamos afectados”, pidió.

En diálogo con El Comercio, personal municipal de San Isidro mencionó que se ha instalado una comisión de límites, la cual está integrada por funcionarios de la municipalidad y cuenta con la participación de vecinos. “Para la gestión actual es importante dejar en claro que se hará valer el respeto a los límites del distrito. Nuestro objetivo es evitar cualquier pretensión de hacer proyectos que vulneren las normas”, añadió.

El personal agregó que los vecinos del parque Benemérita Guardia Civil están recibiendo servicios de ambas entidades municipales. “No se trata de una colaboración, sino de que cada municipio hace su trabajo. Actualmente [este] es un conflicto inactivo”, aseguró.

En la calle Bucaramanga, punto limítrofe entre Ate y La Molina, se observa una reja que impide el tránsito. La directiva de La Molina estableció que se encuentra prohibida la entrada de vehículos de carga pesada, camiones, camionetas y mototaxis. “Por esta puerta solo autos”, dice un cartel. Actualmente, existe una orden judicial que solicita el retiro inmediato de dicha reja. Sin embargo, algunos residentes han presentado una acción de amparo, asegurando que sería la única herramienta que los protege de robos.

Jorge Tenorio, vecino de La Molina y presidente de la urbanización Las Colinas de Santa Patricia, declaró a El Comercio que los residentes se han encargado de colocar un promedio de 12 vigilantes y 40 cámaras de seguridad en la zona. “Nos oponemos a este retiro debido a la inseguridad ciudadana existente desde hace más de 20 años. No está prohibido el acceso vehicular, simplemente hacemos un monitoreo de los vehículos que no corresponden a nuestra asociación”, dijo.

Tenorio precisó que las rejas permanecen abiertas de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. Sin embargo, hay plumas de seguridad intactas. “Si un vecino de Ate desea ingresar peatonalmente puede hacerlo”, agregó.

Esperanza Castañeda, presidenta de la urbanización Alpamayo de Ate, mencionó que “el Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado que se retiren las rejas porque todo peruano tiene derecho al libre tránsito. Los vecinos de La Molina mienten, la reja jamás está abierta para autos, la vía es usada como cochera”.

El alcalde de Ate, Franco Vidal Morales, sostuvo que las rejas se van a tener que retirar. “Si el problema es la inseguridad, desde Ate nos comprometemos a dar mayor seguridad”, dijo.

Por su parte, Diego Uceda, burgomaestre de La Molina, precisó que los vecinos van a tener que acatar lo que dice la ley. Por ello, se irán las rejas, pero también se reforzará la seguridad en el vecindario. “La sentencia ha dictaminado que se sacarán las rejas, en su momento no se pudo hacer porque no había condiciones (...). La Molina tienen 637 rejas, de las cuales solo 34 están formalizadas”, añadió.

En el 2013, en un sector de la urbanización La Encantada, los vecinos sostuvieron que se sentían insatisfechos con los servicios brindados por Chorrillos. Señalaron la falta de seguridad y el no recojo de basura. Por esa razón expresaron su intención de pertenecer a Surco. Algunos residentes empezaron a pagar arbitrios e impuestos a dicho distrito.

Al recorrer la zona un vecino sostuvo que, luego de 10 años del conflicto, ambos municipios aseguran que tienen facultades en la urbanización. “La reclaman como propia, tanto a esta como a más urbanizaciones (como Las Brisas). Es un problema porque las dos entidades dicen tener la misma competencia”, indicó.

El hombre añadió que “frecuentemente nos dicen ‘¿Por qué le estás pagando a ellos? Tienes que pagarnos a nosotros’. Por ello, nos suelen hacer acciones coactivas (...). Necesitamos asesoría legal para responder a sus procedimientos engorrosos”.

Vecinos de La Encantada constataron que en la urbanización hay señalizaciones firmadas tanto por las Municipalidad de Surco como por la Municipalidad de Chorrillos (foto: César Bueno).

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Vecinos de La Encantada constataron que en la urbanización hay señalizaciones firmadas tanto por las Municipalidad de Surco como por la Municipalidad de Chorrillos (foto: César Bueno).

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Aquí se encuentra el muro de la vergüenza, el cual está ubicado a la altura del asentamiento humano La Florida, entre Villa María del Triunfo y La Molina. En los años 80 empezó su construcción, aunque solamente se levantó una parte. Sin embargo, en el 2011 la gran pared fue terminada.

La gran estructura de 4.5 kilómetros de largo se ha convertido en un motivo por el que algunas personas han expresado su descontento, ya que sostienen que sería un símbolo de discriminación. En consecuencia, el TC publicó una sentencia que ordena la demolición del muro.

Una vecina de VMT, cuyo domicilio está a unos metros del A. H. La Florida, contó que el muro permanece en la zona. “En cada extremo, hay guachimanes que no te deja pasar a La Molina. Mi hija necesita movilizarse para allá, pero siempre la intervienen. Le dicen ‘señorita, antes de que te reportemos, regrese por favor’. Eso nos perjudica gravemente”, dijo.

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, asegura que apelará la decisión del TC para que la medida que dictó se cumpla, pero no con recursos de su distrito. “Hemos pedido una ampliación. Creo que esto se politizó. No tengo recursos. Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, señaló la autoridad edil.

Los vecinos de la urbanización Mesa Redonda han recibido advertencias por parte de la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad de Independencia. La entidad señala que deben pagar deudas de extensas sumas de dinero por impuesto predial y arbitrios municipales, si no lo hacen podrían embargarles sus bienes. Sin embargo, los ciudadanos han demostrado que sus domicilios se encuentran bajo la propiedad de San Martín de Porres, esto según sus registros de propiedad inmueble.

A pesar de ello, la Municipalidad de Independencia insiste en enviarles requerimientos de pago, asegurando que tienen de cancelar.

Dulmer Malca, asociado senior del área Inmobiliaria del estudio Miguel Mur & Abogados, sostuvo a El Comercio que la falta de demarcación territorial genera la ausencia o deficiencia de servicios públicos. “Los ciudadanos terminan siendo los más perjudicados (...). Los municipios deben ver la forma de impulsar una solución desde la participación vecinal”, dijo.

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Señaló que las autoridades deben juntarse con la finalidad de ponerse de acuerdo para prestar servicios. “Las municipalidades deben dejar de lado sus diferencias mientras se realiza el respectivo procedimiento legal de demarcación, esto con la intención de ir buscando una solución para el presente a través de un convenio donde participe la junta de vecinos”, mencionó.

Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, contó a este Diario que aproximadamente el 80% de límites en el Perú presentan ambigüedades territoriales. “Algunos alcaldes convierten el tema en una lucha por el territorio, esto con cuotas de demagogia”, dijo.

Aseguró que Defensoría ha registrado 4 casos de conflicto social por demarcación territorial a nivel nacional. “Estos conflictos suelen tardar muchos años. Por ello, deben establecerse plazos más estrictos, así como un mayor acompañamiento técnico”, culminó.

Alejandrina Molina, abogada civil de Estudio Linares, explicó a El Comercio que, si existe un proceso administrativo coactivo, lo que corresponde es solicitar su nulidad. “Es usual que se presenten controversias entre municipalidades, lo que debería hacer el Congreso de la República es sacar una Ley de Delimitación Limítrofe que pueda adecuarse a cada uno de los distritos para así evitar incertidumbres”, comentó.