“¡Qué tales consejeros!”, por Gino Costa

La crisis de legitimidad del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se ahonda desde que su presidente Pablo Talavera renunciara al cargo por la incorporación de Alfredo Quispe Pariona. El escándalo llevó a que, en 48 horas y sin aparente fundamentación, salvo la de salvar el pellejo, el CNM destituyera a su flamante consejero. La reacción del Congreso no se dejó esperar y Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, citó a Talavera y a su sucesor, Guido Águila, para que informaran de lo ocurrido.

Pero a los miembros de dicha comisión congresal no les pareció importante recibir explicación alguna y, antes de que se iniciara la reunión, desautorizaron a su presidente y cancelaron las invitaciones, con el endeble argumento –reñido con el artículo 157 de la Constitución, por cierto– de que al Congreso no le corresponde pedirle explicaciones al CNM por las decisiones que adopta.

Con una luz verde tan clara, el CNM aceleró el proceso de selección de fiscales y jueces supremos. En lo inmediato se requiere uno nuevo en la fiscalía y otro en la Corte Suprema, pero se ha hecho saber que probablemente se seleccionará a dos más para cada una de ellas, a efectos de dejarlos en reserva para los próximos meses en los que habrá nuevas vacantes.

Se trata de un proceso de selección muy importante que no se volverá a dar en cuatro o cinco años y marcará indeleblemente el próximo quinquenio de la justicia peruana. Quién mejor para conducirlo que nuestros cuestionados consejeros, tan poco dignos de crédito que el suplente del renunciante Talavera se ha negado a jurar el cargo, aparentemente con el respaldo de la Corte Suprema. Se espera que los suplentes de Quispe Pariona, representante de los colegios profesionales, hagan lo propio.

Mientras tanto el Instituto de Defensa Legal ha interpuesto acciones de abstención contra dos consejeros. El primero, Máximo Herrera, representante de la fiscalía, nombrado en la gestión de Carlos Ramos Heredia, sobre quien existe desde febrero una investigación en la Comisión de Justicia del Congreso. El segundo, Julio Gutiérrez Pebe, contra quien además se ha pedido la vacancia, pues sigue fungiendo como decano nacional de Colegio de Licenciados en Administración, en violación del artículo 8 de la Ley Orgánica del CNM.

Es probable que se interpongan nuevas acciones en los próximos días, esta vez contra su actual presidente Guido Águila, por cuanto, como ha sostenido “Caretas”, su Escuela de Altos Estudios Jurídicos organizó el 2013 un concurso financiado por Rodolfo Orellana Rengifo. En su defensa ha sostenido haber estado entonces en la luna, pues no conocía quién era este sujeto.

Queda claro que con estos consejeros la justicia peruana no solo no mejorará sino que seguirá cuesta abajo, con el beneplácito de nuestros políticos, siempre más interesados en cuidar sus inseguras espaldas que pensar en el Perú, aunque si de retórica se trata, nadie más entusiasta que ellos para avalar cualquier fórmula de mano dura.