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La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao decidió prorrogar por seis meses la vigencia de los títulos habilitantes del transporte público regular mediante una resolución directoral publicada ayer en “El Peruano”. De esta forma, se amplía hasta el 31 de diciembre del 2024 la autorización de rutas de los vehículos que operan este servicio.
La prórroga abarca 21.921 unidades autorizadas por la ATU. En tanto, el 53% son vehículos pequeños: coasters (5.323) y combis (6.270). El resto son unidades de mayor capacidad (entre 9 y 12 metros de largo), como buses, ideales para un sistema integrado de transporte.
ATU asegura que los vehículos deberán contar con CITV (certificado de inspección técnica vehicular) cada cuatro meses. | Foto: Andina
Sin embargo, las combis y coasters son protagonistas constantes de accidentes de tránsito en vías de Lima y Callao, muchos de estos con resultado fatal. Asimismo, generan mayor congestión vehicular y contaminación ambiental.
Así también, las coasters y combis de las empresas de transporte convencional operan a partir de un mecanismo comisionista afiliador. Un modelo de concesiones obliga a las empresas a tener choferes en planilla y con frecuencias de buses definidas. Por el contrario, en el sistema comisionista el dueño de ruta, chofer, propietario, cobrador y dueño de empresa prácticamente no tienen un vínculo formal ni personal en planilla. Esto explica por qué los buses de una misma ruta o empresa compiten entre sí para ganar pasajeros y la ausencia de responsables ante accidentes fatales.
Tome nota…
Autorización de rutas
Para que el servicio de transporte público regular pueda operar por determinadas rutas de la ciudad, estas deben contar con el aval de la ATU. Por ello, los vehículos que forman parte de la flota de una ruta autorizada cuentan con un título habilitante denominado Tarjeta Única de Circulación (TUC), cuya vigencia está condicionada a la validez de la autorización dada a la empresa para prestar dicho servicio.
Cabe recordar que el 29 de mayo de este año, el Ministerio de Transportes (MTC) publicó —a solicitud de la ATU— una resolución ministerial que autoriza que los vehículos de transporte público con hasta 35 años de antigüedad circulen en las vías de la capital. Esta iniciativa favorece a una flota de 3.664 coasters y combis que fueron fabricados entre 1990 y el 2006.
"No están diseñadas para el transporte público"
Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP), declaró a El Comercio que, a diferencia de los buses, las combis y coasters no son vehículos fabricados para utilizarse en el transporte público urbano.
“Están diseñados para transportar a personas, pero no para ser exigidos durante un tiempo prolongado cada día como se requiere para el servicio de transporte público. Esta exigencia excesiva ocasiona fallas en su sistema de dirección, freno, estabilidad, entre otros. Entonces, los conductores tienen más dificultades para controlar estos vehículos, lo que ponen en riesgo a los pasajeros”, explicó Barreto.
La ATU respondió a El Comercio que busca priorizar que exista una cantidad suficiente de unidades formales para que los usuarios puedan movilizarse.
“Se está aprobando la prolongación de rutas para vehículos no fabricados para el transporte público intenso”, subrayó. Por ello, Barreto consideró como negativa la prórroga de la autorización de rutas para las combis y coasters, porque “no contribuye a brindar seguridad en el transporte”.
“La ATU debe impulsar estrategias para erradicar progresivamente a los vehículos menores del transporte público en Lima mediante filtros hasta que salgan de operación definitivamente”, sostuvo.
“En otros países de la región se dejaron de usar las combis para renovar el parque automotor general con vehículos grandes. Sin embargo, a pesar que la ley de transporte en el Perú indica que debe priorizarse a las unidades que llevan más pasajeros y son menos contaminantes, se toman decisiones a favor de los vehículos menores”, agregó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT).
¿Cuál es la respuesta de la ATU?
En respuesta a El Comercio sobre el impacto que tendría esta medida en la calidad del transporte público, la ATU mencionó que el objetivo es priorizar que exista una cantidad suficiente de unidades formales para que los usuarios puedan movilizarse.
“La ampliación de los títulos habilitantes de unidades y operadores, se da con la finalidad de asegurar la continuidad y cobertura del servicio de transporte formal evitando su desabastecimiento y desincentivando el potencial riesgo de migración a la informalidad, en tanto se implemente el régimen excepcional de otorgamiento o renovación de autorizaciones que se realizará en función del Plan Regulador de Rutas y entrará en vigencia una vez aprobado y publicado el TUPA de la ATU en el Diario Oficial El Peruano”, indicó a través de un escrito.
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No obstante, Barreto cuestionó que se justifique la prórroga de autorización de rutas en función a la demanda. “Si se apela a la demanda de unidades de transporte, esta siempre será insatisfecha por parte de la población. Entonces, la autoridad tendría que seguir prorrogando”, asegura.
Ojeda coincide con Barreto. “Si no se eliminan las rutas de vehículos menores, las prórrogas no serán temporales, sino infinitas”, dijo.
Nueva norma de otorgamiento de autorizaciones: una tarea pendiente
Esta ampliación del permiso de rutas para el transporte público urbano se da a la espera de la entrada en vigencia de una nueva norma para el otorgamiento de dichas autorizaciones. Se trata del “Reglamento que regula el Régimen Excepcional de otorgamiento o renovación de autorizaciones para la Prestación del Servicio Público de Transporte Regular en el territorio de competencia de la ATU”.
La normativa faculta a esta entidad a poder autorizar la circulación de vehículos en rutas hasta por 5 años siempre y cuando cumplan algunas condiciones: incorporar GPS, cambiar de matriz energética, uso de tarjetas por parte de la unidad de recaudo, poner conductores en planilla, que estén uniformados, entre otras.
Este reglamento, aprobado por el Congreso el año pasado, aún no empieza a regir porque, según la misma norma, es necesario primero que su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) sea aprobado por la ATU.
Los títulos habilitantes de rutas fueron otorgadas en un primer momento por la Municipalidad de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao. En el 2019, el otorgamiento de estos permisos pasó a ser competencia de la ATU.. Fotos: Jorge Cerdán /@photo.gec)
Al respecto, la ATU respondió a El Comercio que el proceso de revisión del TUPA comprende la participación de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía, entre otros. “De acuerdo a ello, están en proceso de cumplimiento las etapas establecidas conforme a ley, para su posterior aprobación y publicación en el Diario Oficial El Peruano”, señaló.
Por otro lado, la ATU comentó que la referida prórroga estaría alineada al próximo Plan Regulador de Rutas, el cual se elabora en aras de optimizar las rutas que operan actualmente. “Respecto al Plan Regulador de Rutas, se encuentra en formulación del diseño de rutas que optimicen los viajes, basándose principalmente, en la mejor asignación de la oferta de transporte que garantice el servicio de calidad en aras de la implementación y operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima y Callao”, expresó.
¿Por qué las revisiones técnicas no serían garantía de seguridad?
En una comunicación previa con El Comercio, la ATU indicó que los vehículos beneficiados con la prórroga de rutas deberán contar con Certificado de inspección técnica vehicular (CITV) cada cuatro meses. De lo contario, aseguró que dicha flota será inhabilitada.
Sin embargo, Barreto sostiene que las revisiones técnicas no son garantía de seguridad. El experto afirmó que este proceso cuenta con muchos defectos y es muy permisivo, lo que deriva en la entrega del certificado sin haber hecho una inspección rigurosa a todo nivel.
“La tabla de interpretación de defectos, que es la guía de las empresas que realizan la revisión técnica, es flexible ante las fallas de los vehículos. Por ejemplo, para otorgar el visto bueno al sistema de frenos ni si quiere se exige que este tenga el 90% de efectividad, sino solo el 50% y se considera una falta leve que puede subsanarse”, detalló.
