Barrios vigilados son barrios seguros. La vigilancia y el patrullaje es la forma más antigua y eficaz de disuadir el delito callejero. Su calidad depende de la información que se tenga sobre dónde, cómo y cuándo ocurren los delitos, y quiénes son sus protagonistas. Un buen despliegue disuasivo ahuyenta a los delincuentes, quienes temen ser aprehendidos. Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), buena parte de los delitos disuadidos no se desplaza a otros lugares.
Las ciudades peruanas están desguarnecidas. Las encuestas anuales del INEI, realizadas entre el 2010 y el 2014, demuestran que un poco más de la mitad de nuestros barrios no cuentan con ningún tipo de vigilancia pública ni policial ni de serenazgo ni integrada. Esta es una de las razones por las que el delito callejero es tan extendido y por la que el crimen violento se multiplica rápido.
Sorprende que, de las tres formas de vigilancia pública, la municipal sea la de más cobertura. El 2012 los serenazgos vigilaron el 43,6% de los barrios, para caer al 36,6% dos años después, mientras que la policía pasó del 27,4% al 21,1%. Las deficiencias de la vigilancia policial son obvias, pues con 5 veces más agentes (123 mil) que los serenos (25 mil) solo cubren poco más de la mitad de los barrios cubiertos por estos.
Devolverle la seguridad a los barrios implica fortalecer la vigilancia en los 138 distritos, el 7,5% del total, donde se concentran las cuatro quintas partes de los delitos, y ampliar al 100% la vigilancia pública. Esto requiere una policía a tiempo completo y una reingeniería para que, por lo menos, las dos terceras partes de sus agentes (82 mil) se vuelquen a las calles y no sigan como porteros de chifa, personal administrativo o policías fantasmas.
Se requiere, además, una policía con enfoque comunitario, que reconozca el papel de los serenos y que integre sus esfuerzos con ellos, que constituyen una buena plataforma organizativa y logística de vigilancia y patrullaje. Restablecida la exclusividad del servicio policial anunciada por el Gobierno, se debe mantener, sino incrementar, la presencia policial, ahora de manera gratuita, en las unidades de serenazgo las 24 horas del día, especialmente en los distritos populares que enfrentan más serios problemas de seguridad.
Por ello, resulta incomprensible el intento del actual mando policial de acabar con el apoyo a los serenos, que brindan un servicio público, sin costo para la institución policial, que en sentido estricto debería ser brindado por ella. Ante el reclamo, se ha anunciado que el apoyo se reducirá, pero no retirará, cuando se podría perfectamente incrementarlo, considerando que en las nuevas circunstancias la policía contará, cuando menos, con el doble de los efectivos que antes tenía.
Contar con barrios seguros es una tarea perfectamente alcanzable, pues existen los recursos humanos y materiales para ello. Lograrlo demandará un Gobierno que lleve a cabo los ajustes necesarios en la policía y armonice sus esfuerzos con los de los municipios.