“La plaza a partir de esta semana será 200 soles, a partir de este momento le trabajan para el tren (...)”, decía un mensaje amenazador de Whats App dirigido a las trabajadoras sexuales de la Av. Alfonso Ugarte. Esto significaba que tenían que pagar este monto para poder trabajar en dicha calle. Si no, habrían consecuencias.
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El sábado 19 de febrero, las consecuencias llegaron. Dos mujeres ecuatorianas fueron asesinadas a balazos en el cruce de jirón Zepita con la avenida Alfonso Ugarte. Eran trabajadoras sexuales y estaban siendo amenazadas por la misma mafia para pagar el cupo a cambio de “seguridad”. Sus nombres eran Milena Álvarez (22) y Gabriela Carrasco (32).
Horas después del asesinato, otras trabajadoras sexuales recibieron un mensaje que decía “ese es su destino si no pagan”, contó a este Diario el regidor Manuel Siccha, quien ha estado presente en estos días y ha solicitado a la Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana tomar acción para recuperar la zona de sicarios criminales.
En Jr. Zepita y zonas aledañas existen entre 350 a 400 trabajadoras sexuales. Ellas pagan, aproximadamente, un cupo de 200 soles a la semana, son casi 75 mil soles semanales a la mafia, agregó el regidor de Lima Carlo Ángeles. “Es una organización criminal que cuenta con los suficientes recursos para hacer uso indiscriminado de la fuerza y comprar autoridades”, sostuvo a El Comercio.
Violencia e inseguridad
Sin embargo, lejos en ser un caso aislado, Ricardo Valdés, ex vice ministro del interior, explica que esto solo se puede entender como parte de la inseguridad ciudadana. “Es muy probable que las trabajadoras sexuales se encuentren con extorsión de mafia, eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la violencia con la que se lotiza la ciudad [sobre el cobro de cupos]”, dijo.
Explicó que según data del Ministerio Público al 2021, las zonas con mayores casos de trata de personas son aquellas con mayor cantidad de eventos de extorsión y muertes de las trabajadoras. Estas son Lima, Arequipa, Puno y Madre de Dios.
“Hay que tomar en cuenta cómo este delito de extorsión está en todos los niveles del Estado (…). Se está lotizando la vida económica dentro de una gran informalidad, el cobro de cupos está generando esta degradación del Estado. Este problema no lo ve el Ejecutivo; ni el presidente, ni el ministro, ni el jefe de la Dirincri, según sus declaraciones”, sostuvo Valdés.
De hecho, el cobro de cupos atenta no solo afecta a las trabajaras sexuales sino a quienes se dedican a distintos negocios, poniendo en riesgo a toda la población. Solo en el Callao, por ejemplo, el jefe de la División de Investigación Criminal del Callao, Francisco Casafranca Rupay, informó que el año pasado se duplicaron las denuncias por delitos de extorsión en el primer puerto. Según indicó, en el 2020 se registraron 37 casos, mientras en el 2021 fueron 70 y en lo que va de este año ya suman 12. Las modalidades más recurrentes de este delito “son las amenazas, la exposición a la intimidad y el cobro de dinero (cupos)” a personas, transportistas, al sector construcción civil y comerciantes.
Leida Portal Tapia, trabajadora sexual y representante de Rosa mujeres de lucha, confirmó lo que mencionó Valdés. “Esta situación se está generando desde el 2019. No se visualizaba públicamente, pero ahora con esta situación [asesinatos] sí se ha visto en diferentes distritos. Están obligando a las trabajadoras a pagar cupos. Eso se ha generado porque las autoridades son ciegas o sordas cuando las trabajadoras sexuales presentamos alguna denuncia”, sostuvo.
“La policía y el serenazgo era quienes nos cobraban antes, pero los mafiosos al vernos tan vulnerables nos comenzaron a cobrar y hacer estas bandas y delitos contra nuestra comunidad”, agregó.
Desde el asesinato a las dos mujeres en el centro, la Policía Nacional del Perú indicó que reforzará el trabajo en la zona. Sin embargo, diversas trabajadoras sexuales han denunciado la agresividad, arbitrariedad y mal trato en las intervenciones donde las llevan a la fuerza a la comisaría para ser identificadas.
“[Los policías] solo dan vueltas por estas tres cuadras. Si quisieran coger a delincuentes ya los hubiesen cogido, pero acá solo estamos nosotras trabajando. Una ya no puede ni salir a la tienda porque nos intervienen a cada rato”, dijo una trabajadora sexual que prefirió quedar en el anonimato. El pasado domingo, luego de la tragedia, la llevaron a la comisaría Alfonso Ugarte, junto con más trabajadoras. La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, y el regidor Siccha, acudieron para que las dejen libres.
Valdés explicó que estas intervenciones se dan por que “se están aprovechando de manera indebida del Estado de Emergencia. Se corre el riesgo de que los derechos de las personas se vean abusos”.
El asesinato de las mujeres ecuatorianas en el centro no ha sido el único ataque a trabajadoras sexuales en los últimos días. El pasado martes a las 11 p.m. otras dos mujeres fueron baleadas en El Agustino por haberse negado a pagar cupos a la mafia venezolana, pero ambas sobrevivieron.
Como se ha puesto en evidencia en los últimos días, las trabajadoras sexuales viven en un estado de vulnerabilidad continuo. Elisa Juárez, coordinadora de investigación en Promsex, dijo: “Sobre el trabajo sexual no tenemos una línea clara entre cuánto de lo que vemos es efectivamente trabajo sexual voluntaria o trata de personas para explotación sexual. No hay un marco legal que proteja a las trabajadoras sexuales”.
“Somos amenazadas, violentadas y extorsionadas. Necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque somos seres humanos”, dijo finalmente Leida.
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