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Pamela Sandoval Del Águila / @padmejones
Las puyas entre los alcaldes que integran la Costa Verde y Gustavo D'Angelo, actual presidente de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), por el proyecto de ley que empoderaría a Lima sobre cualquier otro funcionario distrital continúan. Esta mañana, los alcaldes Francis Allison (Magdalena), Magdalena de Monzarz (San Isidro), Salvador Heresi (San Miguel) y Jessica Vargas (Barranco) reiteraron sus críticas al proyecto y cuestionaron la pretensión de Lima de querer más responsabilidades en el litoral cuando no ha demostrado eficiencia al hacer obras en otras partes de la ciudad.
"La Costa Verde es de todos, no de Magdalena, ni de San Miguel, ni siquiera solo de Lima. Jamás hubo obra que haga creer que nosotros pensamos lo contrario. El proyecto de ley es inconstitucional porque mutila la autonomía municipal y modifica los límites, sin decirlo. Lima es una ciudad sin dinero, con múltiples problemas que no puede resolver, y sin embargo quiere más funciones. Ahora no solo quieren arrebatar la parte baja, sino también los malecones. ¿Sin tener un proyecto? ¿Sin saber qué van a hacer?", se preguntó Allison.
El alcalde criticó que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, haya puesto como presidente de la APCV a un sociólogo "porque es su amigo", cuando el reglamento de la entidad precisa que dicho cargo debería ser ocupado de preferencia por un arquitecto, un ingeniero o un urbanista.
Similar fue la posición de la alcaldesa Vargas, quien se unió a su similar de Magdalena para criticar la eficiencia de D'Angelo al frente de la APCV.
"Yo no he vendido ni subastado ningún terreno de Barranco. Que D'Angelo sepa que puedo y voy a querellarlo por afirmar eso", respondió la funcionaria, quien agregó haber invertido alrededor de S/.100.000 en las playas Los Yuyos y Las Sombrillas, y ordenar el congelamiento de entrega de nuevas licencias de construcción en los ya saturados acantilados del distrito.
A su turno, Heresi y De Monzarz opinaron que habría intereses económicos detrás del intento de Lima por tener hegemonía sobre todo el litoral capitalino.
"La APCV carece de liderazgo. En los últimos años se han ejecutado mal las obras. Dar una ley que le dé autoridad solo a Lima es un premio a la ineficiencia. Debe haber un debate público para buscar un mejor destino", aseveró Heresi.
Abierto al diálogo
Aunque descartó que el ser sociólogo lo descalifica para ejercer la presidencia de la APCV, pues dice tener experiencia en organismos internacionales para proyectos de desarrollo socioeconómico, D'Angelo coincidió con los alcaldes en que debería haber un debate sobre el futuro de la franja costera.
"La ley permite organizar un debate público sobre cómo organizar la Costa Verde. Lima invierte más de S/.220 millones en desarrollar carriles, malecones, pistas, jardines, ciclovías, entre otros. Entonces, si hay un boom inmobiliario con presiones para ocupar ese espacio, debe haber un ordenamiento territorial, con pautas y lineamientos claros", aseveró.
Según D'Angelo, si los distritos fueran tan eficientes como sus alcaldes reclaman al concejo capitalino, no se habría mutilado acantilados, ni contaminado el mar de Magdalena o San Miguel con desmonte, ni hubiera habido construcciones irregulares en los malecones de Barranco, antes de que estos fueran declarados intangibles en el 2010.
"Tenemos que ponernos de acuerdo con el Plan Maestro al 2035. Los usuarios reclaman una gestión integrada del espacio", precisó.
Consultada sobre las diferencias que ha despertado el proyecto, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también trató de poner paños fríos al reclamo de sus colegas.
"No se trata de enfrentarse. Si algo que he dicho les ha molestado, lo retiro queridos alcaldes. Lo importante es que hagamos que la Costa Verde sea para toda Lima Metropolitana", comentó durante una actividad protocolar en Surco.
No obstante, a través de un comunicado, la comuna limeña precisó que la gestión actual ha invertido 113 millones de soles, no S/.220 mlls, en diversas obras en los citados distritos.
¿Llegarán a entenderse los alcaldes? Todo parece indicar lo contrario. Y ello pese a que el proyecto que ha propiciado estos enfrentamientos todavía no ha pasado al Pleno del Congreso. El documento permanece desde el 14 de este mes, según la página web del Legislativo, listo para su revisión en la comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado.
