Jorge Montoya y su propuesta contra “partidos comunistas” que genera rechazo político

“No se volverá a repetir lo que lamentablemente estamos viviendo. Promoveré una ley para que los partidos comunistas no puedan participar en las contiendas electorales. En Perú, vivimos en democracia y ellos no creen en ella; solo se escabullen para intentar llegar al poder”, escribió el almirante en retiro.

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En diálogo con El Comercio, Montoya aclaró que la eventual iniciativa no está pensada “sobre ningún partido en especial” y que únicamente se enfoca en “cualquiera que enarbole la ideología comunista”.

“Esa ideología no cree en la democracia. Sería ilógico pensar que una democracia pueda aceptar a alguien que no cree en ella y la destruya por dentro. Eso lo vengo diciendo yo hace tiempo. Lo que pasa es que nadie ha recogido la iniciativa. Y, ahora que puedo hacerlo, lo haré”, refirió.

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El virtual parlamentario advirtió que el texto de su anunciado proyecto “será bien trabajado, con un desarrollo jurídico adecuado, para que no haya ningún problema ni se confunda con otra cosa”. A la vez, reiteró que, en esencia, la iniciativa apunta a “la filosofía comunista, que impone un sistema totalitario” y no “a partidos de izquierda ni socialistas”. En ese sentido, señaló que “Juntos por el Perú no califica como un partido comunista y que Perú Libre, sí”.

Consultado sobre si su propuesta tendría efectos en específico sobre cualquier persona que exprese ideas comunistas, Montoya respondió: “Si esa idea la tiene un partido, [la norma será efectiva sobre] el partido; si esa idea la tiene una persona, la persona. A eso va”. El almirante indicó que este proyecto “es importante pero no urgente” y que piensa presentarlo con apoyo de su bancada “el próximo año, cuando el panorama político esté estabilizado”.

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Rechazo en congresistas electos

Este Diario consultó con congresistas electos de diferentes grupos políticos para conocer sus primeras impresiones sobre el anuncio de Montoya. María del Carmen Alva, virtual legisladora por Acción Popular, cuestionó la iniciativa.

“Hay que tener cuidado en prohibir. La democracia tiene que ser tolerante con la libertad de pensamiento. Nuestra tradición democrática, como partido, nos impide pensar en medidas como esa. Una democracia tolera el debate y la libertad de expresión; y no resiste las restricciones y prohibiciones de ninguna clase. La coyuntura no nos puede llevar a extremos. La confrontación de ideas puede hacerse en democracia”, indicó.

Alva también enfatizó: “Si bien el terrorismo de Sendero Luminoso fue una escisión del Partido Comunista, hubo otra facción que aceptó la participación democrática y que tuvo destacados políticos y parlamentarios con quienes podíamos no estar de acuerdo, pero eran parte del pluralismo democrático. Hay políticos de la izquierda radical que han destacado y que, con una ley como la que usted menciona que se anuncia, no hubieran podido participar. Pienso en Jorge del Prado o Javier Diez Canseco”.

Gladys Echaíz, legisladora electa por el partido Alianza para el Progreso, coincidió en sostener su desacuerdo con el anuncio de Montoya. Según dijo, es una propuesta “discutible, pero no creo que vaya a prosperar en el Congreso”.

“El JNE tiene bien desarrollada su normativa sobre cuándo procede o no la inscripción de un partido. Y, que yo sepa, aquí en el país, el impedimento está para aquellos que estén vinculados con el terrorismo. En el Perú hay libertad de opinión, de ideas y bien pueden formarse grupos políticos con diferentes ideologías, cuya elección es decisión del pueblo. El JNE tiene registrados a varios partidos con esas tendencias y no está proscrita una ideología de esa naturaleza en el país”, declaró la exfiscal de la Nación.

El congresista electo por Avanza País, Alejandro Cavero, también se mostró contrario a la propuesta. “Creo que debemos estar en contra de todas las ideologías radicales, pero a estas se les debe ganar en el terreno de las ideas y del debate político; no mediante la censura previa. Si las ideas de izquierda están ganando fuerza es porque nosotros, desde la derecha, no estamos sabiendo explicar las nuestras”, respondió.

Cavero refirió que “donde sí debemos poner un limite legal muy claro es cuando [los partidos] promueven el uso de la violencia o el terrorismo”. “En el proyecto de Montoya, me preocupa cómo se tipificarían las ideologías de los partidos, lo cual puede llevar a la persecución política. Hay que limitar y prohibir el uso de la violencia y el terrorismo, pero no caer en la censura de ideas”, puntualizó.

Por su parte, el virtual legislador Carlos Anderson, de Podemos Perú, expresó que el eventual proyecto le parece “profundamente antidemocrático”.

En tanto, la parlamentaria electa de Juntos por el Perú, Isabel Cortéz, señaló que “en el país rige la democracia y la libertad de pensamiento; ya sea neoliberal, socialista, comunista o centro”. A su juicio, la propuesta de Montoya se basa “en un pensamiento retrógrada, que -en el nombre del anticomunismo- ha destruido la democracia en el pasado, con el asesinato de trabajadores, mujeres y niños inocentes”.

“Es lamentable que ese tipo de pensamiento, al que yo llamaría ‘neonazi’, haya llegado al Parlamento. En Juntos por el Perú tenemos muy claro que no podemos permitir el pensamiento de persecución, como el que impulsaban Hitler, Mussolini, Pinochet y Fujimori en sus respectivos países. Ya tenemos una cicatriz muy grande del pasado y debemos rechazar esto”, refirió Cortéz.

Este Diario intentó comunicarse con congresistas electos de Fuerza Popular, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

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Inconstitucional

Mientras la iniciativa de Jorge Montoya no suma votos en el terreno político, en el terreno jurídico carecería de fundamentos. Para especialistas consultados por El Comercio, pese a que aún se proyecte como una idea, prohibir la participación política por una cuestión de ideología encajaría con una medida inconstitucional.

“No tiene ningún asidero. Estaríamos hablando de una limitación excesiva del derecho a la participación política”, enfatizó José Naupari, especialista en derecho electoral y derecho constitucional.

“Lo que plantearía, en esencia, es que un partido político no participe en contiendas electorales. Pero, ¿cuál es la finalidad de un partido político si no es participar en contiendas electorales? Más aún ahora que, con la modificación prevista en la Ley N° 30995 [sobre inscripción y cancelación de partidos], si no participase en contiendas electorales, desaparece la inscripción. Entonces, definitivamente, es una iniciativa legislativa que sería desproporcionada e inconstitucional”, señaló.

La constitucionalista Elena Alvites coincide: “Es una propuesta que está al margen de la Constitución. Las ideas se contraponen con ideas; no prohibiéndolas. Desde el punto de vista histórico, sería un retroceso, cuando hubo persecución del Partido Comunista y el Apra. No es una propuesta que construya institucionalidad democrática ni respeto a derechos como la libertad de pensamiento y participación política”.

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De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, un partido puede ser declarado ilegal por la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo cuando haya demostrado conductas antidemocráticas.

Entre las causales para esta cancelación, está la vulneración sistemática de libertades y derechos fundamentales, “promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos”.

La proscripción también se extiende por haber demostrado apoyo político al terrorismoo al narcotráfico o la difusión de discursos que “contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera”.

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El experto en temas electorales, Jorge Jáuregui, señala que, considerando la normativa ya existente, el proyecto que eventualmente impulsaría Montoya sería “innecesario”. Por otro lado, estimó que la proyección del congresista electo resulta “preocupante” y tiene “carácter antidemocrático”.

“Una norma así podría dar pie a que un juez electoral tenga discrecionalidad para calificar la ideología de una persona. Resulta peligroso y creo que habría que hacer un llamado a la cordura”, puntualizó.

“Si bien es cierto, las organizaciones políticas que han llegado a segunda vuelta gozan de una legitimidad muy pobre y ambas tienen cuestionamientos por conductas autoritarias en diferente grado y contexto, no se justifica que se trate de aplicar un sistema de medición a nivel ideológico para restringir el derecho a la participación política. Deja dudas que una persona que lidera una bancada [Montoya] eleve un mensaje tan potentemente autoritario”, señaló Jáuregui.

Para la constitucionalista Gabriela Oporto, “un proyecto de ley de esta naturaleza es absolutamente inviable. En primer lugar, contraviene el derecho a la participación política, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a la libertad de asociación. Vulnera una serie de derechos fundamentales”.

Oporto indicó, además, que “es contrario a todos los principios democráticos de permitir la participación políticas de todas las ideologías” y recordó que, “más bien, los contextos en los que ha habido prohibición de determinadas agrupaciones políticas o prohibición de partidos políticos ha sido durante dictaduras. Entonces, incluso si el Congreso tuviera los votos para aprobarla, esta eventual ley sería declarada inconstitucional sin lugar a dudas. No habría forma de declarar que esta propuesta es conforme con la Constitución”.

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